La Iglesia compensa en las aulas su retroceso en el púlpito

La Iglesia retrocede en el púlpito, pero avanza en las aulas. La sociedad española pierde espiritualidad, pero la educación religiosa gana peso. La imagen de la institución privada más influyente de la historia de España que proyectan sus propias memorias anuales es la de una organización languidenciente en el plano religioso, pero que amplía su fuerza en el campo educativo. Dos datos: por un lado, la Iglesia ha perdido entre 2007 y 2017 un total de 1.367 sacerdotes, lo que supone un 7,14%; por otro, los colegios católicos han ganado en el mismo periodo 219.855 alumnos, alcanzando ya casi el medio millón, un 17,21%. La secularización se produce en paralelo a un fortalecimiento de la posición educativa de la Iglesia católica, favorecida además por la actual legislación.

El desapego de la práctica religiosa es creciente. Es verdad que todavía un 68,7% de los españoles se definen como católicos, con datos del INE de 2018, pero son casi 10 puntos menos que diez años atrás. Además, de los que se declaran católicos, más de la mitad, un 56,2%, no van "nunca" a misa (sin contar bodas, bautizos y comuniones). Hay estudios que apuntan a una secularización aún mayor. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Tomando como referencia al CIS, la adscripción a las opciones de conciencia no religiosa –ateos, agnósticos, no creyentes– aumenta sin descanso: 8,5% en 1980, 9,8% en 1990, 13,2% en 2000 y 27% en 2018, su máximo histórico. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. El tiempo corre en contra de la Iglesia.

El reciente informe La laicidad en cifras, de la Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, muestra cómo la Iglesia cede también espacio en uno de sus grandes espacios de influencia, la planificación del proyecto familiar. Según los datos del INE, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. En 2017, último año del que hay datos, fueron el 46,79%. En toda la serie, desde 1975, el porcentaje sólo ha bajado en 1994 con respecto a 1993, aunque de forma casi insignificante: del 10,75% al 10,74%. Todos los demás años ha subido. España está cerca de que más del 50% de sus bebés nazcan de madres no casadas. Visto en perspectiva histórica, es un fenómeno casi revolucionario.

"Extraordinaria escasez"

Estos cambios de fondo en la sociedad española están teniendo ya resultados directos sobre el cuerpo de la institución eclesial. Sobre su propia composición. Las vocaciones caen. Lo dijo ante todo el episcopado, hace poco más de un año, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, aunque apenas se le escuchó fuera de los muros de las diócesis: "Desde hace mucho tiempo venimos padeciendo una penuria seria de vocaciones para el ministerio presbiteral. Si hace varios decenios la abundancia era extraordinaria, actualmente la escasez es también extraordinaria".

Esa "extraordinaria escasez", que no es únicamente de las vocaciones, puede observarse con nitidez repasando los datos que la Iglesia diocesana ofrece cada año sobre sí misma. Para justificar el uso que da la Iglesia a los aproximadamente 250 millones que recibe cada año de la masa total recaudada por el Estado en concepto de IRPF, la CEE tiene que hacer pública una memoria. Ha publicado memorias de todos los ejercicios entre 2007 y 2017. En todas ellas incluye un repaso por su aportación a la sociedad española, así como por los recursos pastorales que pone a su servicio. Esto permite ver la evolución. La conclusión es que cae la actividad evangelizadora y sacramental. No es una caída vertiginosa, pero la tendencia general es clara y parece difícil de detener.

Entre 2007 (19.121) y 2017 (17.754) el número de sacerdotes ha bajado en 1.367, un 7,14%. El relevo será complicado, ya que los seminaristas ascienden sólo a 1.263. De 2013 a 2017 la cantidad de monjas o monjes de clausura ha pasado de 10.899 a 9.202, perdiendo 1.697, un 18,44%.

En conjunto, entre 2007 y 2017, en el periodo cubierto por las memorias de la CEE, los hombres y mujeres considerados religiosos por la Iglesia –curas, monjas, canónigos, frailes...– ha descendido desde 57.079 a 40.096, quedándose por el camino 16.983, un 29,75%.

La labor evangelizadora también está en retroceso. En 2007 había más de 16.000 misioneros y ahora poco más de 11.000, siendo Perú y Venezuela los dos países con mayor número.

Menos bautizos y bodas

Cae la actividad sacramental. Entre 2007 y 2017 los bautizos han pasado de 325.271 a 214.271 (-34,13%) y las primeras comuniones, de 256.587 a 229.602 (-10,5%).

En cuanto a los matrimonios católicos, la caída es más espectacular: pasa de 113.187 a 46.556 (-58,86%). No obstante, para ver la dimensión del retroceso del matrimonio católico hay que ampliar el foco. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según datos del INE.

La serie histórica muestra una fuerte reducción del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta a la actual: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3% de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, casi un 97% son católicos.

En contraste con todos estos retrocesos, sube entre 2007 y 2017 el número de confirmaciones, de 96.766 a 136.503 (+41,06%). También hay un alza, en este caso desde 2013 a 2017, de las unciones de enfermos, de 23.425 a 25.471 (+8,73%).

La propia CEE es consciente del retroceso de su posición en la sociedad. Su plan pastoral 2002-2005 alertaba incluso de la secularización en sus propias filas; es decir, la que afecta a sus ministros. Advertía de "la débil transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, la disminución de vocaciones, el cansancio e incluso desorientación que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos y la pobreza de vida litúrgica y sacramental". El plan pastoral 2016-2020 señala: "En nuestro pueblo se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional ni científico. [...] En el mundo laicista, la religión puede ser respetada como una práctica personal o como un bien cultural, mientras se mantenga estrictamente en el ámbito de las prácticas privadas".

Impulso político

El deterioro del vínculo religioso se produce al mismo tiempo que la Iglesia gana vigor en el campo educativo. Actualmente hay, según la memoria de la Iglesia de 2017, 2.587 colegios católicos, de los que 2.452 están concertados, es decir, financiados con dinero público. La CEE no ofrece una serie del número de centros que permita establecer una comparación homogénea 2007-2017. Sí lo hace, en cambio, del número de alumnos, que han pasado de 1.277.256 a 1.497.111.Esto supone un incremento de 219.855, el 17,21%. También sube el número de trabajadores de estos centros de 112.439 a 127.093, lo que supone un incremento de 14.654, el 13,03%.

La Iglesia católica se beneficia de una dinámica, impulsada políticamente sobre todo por el PP, de apuesta presupuestaria por la educación concertada. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La media de alumnos escolarizados en la escuela pública en la UE supera el 80%. En España no llega al 70%. En 2017 el gasto público educativo seguía en 2017, último año con los datos cerrados, por debajo de los 50.000 millones, límite que se superó cuatro veces de 2008 a 2011. Es decir, no se llega al nivel de inversión precrisis. En cambio, el gasto en concertada alcanzó en 2017 su cuarto récord seguido, alcanzando los 6.179,44 millones. La "libertad de elección", es decir, la planificación de la oferta educativa atendiendo a la "demanda social", fórmula que beneficia a la concertada, está en el centro de la oferta en este ámbito de PP, Cs y Vox.

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El papel de la educación privada financiada con fondos públicos en el sistema educativo español es objeto de un profundo debate político. La llamada "segunda red", que está en un 60% en manos de la Iglesia católica, según Escuelas Católicas, gana espacio año a año. El control, que se ejerce a través de organizaciones como el Opus Dei, emplea mecanismos sutiles de selección social, como los cobros a las familias y la ubicación selectiva de los centros. Al situarse en mejores zonas desde los puntos de vista social, económico y cultural, su alumnado parte con ventaja a la hora de obtener resultados, lo que es a su vez utilizado por los promotores de este modelo educativo para afirmar que la segunda red da mejores resultados que la pública, invirtiendo la relación causa-efecto.

Otra de las afirmaciones frecuentes de la la CEE y los grupos de presión católicos es que la concertada es gratuita, como la pública. En realidad los concertados realizan cobros informales, aprovechando la falta de controles para solicitar pagos extraordinarios.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada en 2013 y que la mayoría que apeó a Mariano Rajoy de la presidencia no ha derogado, ha supuesto además un impulso a la segunda red. La norma de José Ignacio Wert ha ampliado las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindado el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas. Además de otorgar más presencia a la Iglesia en la escuela pública, le da más "libertad" para abrir centros con mayor financiación estatal. Al mismo tiempo ha invertido la tendencia declinante del número de alumnos que eligen la asignatura de Religión en la escuela pública. Y ha garantizado el derecho a recibir financiación pública a los centros que segregan por sexos.