1976: 'Grises' y 'verdes' se manifiestan, ¿rojo o azul?

El 17 de diciembre de 1976, varios centenares de miembros de la Policía Armada (los “grises” de entonces) y de la Guardia Civil, algunos incluso de uniforme, tras celebrar una asamblea en la Plaza de Oriente de Madrid, se dirigieron en pequeños grupos, pero en clara actitud de manifestación, hacia el Ministerio de la Gobernación, cerca de la Plaza de Colón, a escasos metros de la entonces sede de la Presidencia del Gobierno.

Su pretensión era que una comisión entregara al propio ministro un escrito con una tabla de reivindicaciones, la mayoría de tipo social o profesional, como cualquier colectivo que reivindicaba sus derechos entonces, aunque incluía una a caballo entre lo profesional y lo político: ser tratados como policías profesionales y no como  simples soldados. Según pasaba el tiempo los ánimos se fueron caldeando y los “concentrados” fueron coreando diversas consignas que pudieron dar la sensación de cierto componente político (añadido o de base) a la protesta; como críticas a la política antiterrorista del Gobierno o la petición de dimisión del ministro Martín Villa al negarse a recibirles personalmente.

Aunque los protagonistas “mediáticos” (y receptores reales de las mayores represalias) fueron los policías armados y los guardias civiles, también participaron en la protesta funcionarios del Cuerpo General de Policía, por lo que el plante afectó al conjunto del aparato de Orden Público de entonces, con todo lo que podía suponer. Pero no eran “un colectivo más que reivindicaba sus derechos” y menos en las claves de esos tiempos, pues la Policía Armada y la Guardia Civil formaban parte de las Fuerzas Armadas.

Esta protesta, conocida como “la manifestación de la Seguridad Social”, es considerada el hecho fundacional del moderno movimiento reivindicativo (sindical o asociativo) de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en segundo término, el origen, además, de otros hechos de cierto relieve de la Transición.

Llama la atención, lo que revela la importancia de ese episodio, que todo político de entonces, historiador o periodista que haya abordado la Transición, se ha referido a este suceso.  Y, que, más allá de diferencias en los hechos o en su interpretación, a veces más opinión que otra cosa, el relato común -salvo honrosas excepciones (Julián Delgado o Rodrigo Rico, entre otros)- es tan simplista que nos presenta a unos “amotinados/sediciosos” que, con independencia de la justicia de algunas de sus peticiones, no podían verlas atendidas, ya que, al formar parte de las Fuerzas Armadas, eran inasumibles por el fondo y por la forma que atentaba contra una disciplina, entendida de forma arcaica, supuesta espina dorsal de los institutos armados. En algunos casos todo se soluciona con el fácil expediente de una “mano comunista” moviendo a ¡miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil de entonces!

Y eso sí, con un poco más de rigor, al hilo, se han hecho referencias a unas “derivadas” de la protesta del 17 de diciembre, como pueden ser algunas medidas que tuvo que tomar o empezar a estudiar ese mismo Gobierno al darse cuenta de la magnitud de la cuestión o los problemas que trajo el relevo de la cúpula militar del aparato policial, con situaciones que rayaron la indisciplina por parte de los generales Campano, cesado, y Milans del Bosch, postergado en su ascenso a una estrella más, de momento.

Pero se quedan cosas sin explicar.

Toda acción, reivindicativa o no, además del acierto en su “qué” y en su “cómo”, puede fracasar si no se escoge el momento oportuno, su “cuándo”. En estas notas se va a intentar  ver este episodio -y su relativo fracaso- a partir del significado e importancia de la fecha escogida, el 17 de diciembre de 1976.

El que sea justo dos días después del referéndum para la Reforma Política impulsada por el Gobierno y del que salió Suárez reforzado para proseguir su particular programa democratizador, contestado por la llamada “oposición democrática” y por la derecha más reaccionaria, nos lleva a la primera pregunta: ¿hubo algún tipo de intencionalidad política en esta protesta?

La cadena de hechos que conformaron  la protesta del 17 de diciembre (y del día siguiente) nos lleva a  una de sus cuestiones menos conocidas, incluso hoy: quién la organizó y, en el supuesto de tener un tinte político, de qué color era: favorable o no al proceso democratizador (que no era solo la reforma política del Gobierno Suárez). Por esquematizar, ¿rojo o azul?

Rodrigo Rico (en Guardias civiles vs Guardias civiles) nos recuerda, además, una muy interesante cuestión: cómo eran vistos los policías que reivindicaban unas condiciones de trabajo más dignas, junto a otras cuestiones de calado, pudiéramos decir, más político, a los ojos de entonces. En la Policía, para sus mandos y sus propios compañeros, aparecían como unos “rojos”, pero ante la opinión pública, en su condición de carne de cañón de la represión de cualquier disidencia pública, eran unos “fachas”, doble aislamiento que les impidió dar a conocer mejor sus reivindicaciones en el conjunto de la sociedad y su implantación entre sus compañeros.

No existen pruebas claras de que detrás estuvieran partidos políticos, pero de la propia dinámica de los hechos, algo se puede ir deduciendo. Lo que sí es evidente es que este movimiento de protesta precisó una mínima organización y que, por muy artesanal que fuera necesitaba -como mínimo- cierto apoyo de alguna asociación sindical o política o, al menos  de alguien integrante de las mismas sin implicar necesariamente a su asociación. Durante la Transición, cuando surgía -generalmente de forma espontánea- un conflicto, si en ese sector había un miembro de un partido o un sindicato, aunque todavía ilegales, era una ayuda que venía muy bien dada la falta de experiencia de la inmensa mayoría en estas labores, digamos “por falta de entrenamiento en Democracia”.

Pasos que se dieron y que denotan una mínima preparación (y organización): reunión en la Casa de Campo días antes para convocar la asamblea del 17, invitación a la misma (incluso a través de las emisoras de la Policía), idea de elaborar una tabla reivindicativa y de una comisión elegida que la entregase al ministro (además de su concreción) perfecta disposición de marcha en el recorrido hasta el Ministerio, aviso a los medios de comunicación, etc. En fin, una labor de coordinación, perfectamente asumible sobre la marcha e incluso por gente sin experiencia política o sindical, pero alguien tendría que haber dado alguna idea o sugerencia.

Como antecedente de protesta policial manipulada por sectores involucionistas había uno relativamente reciente. En Madrid, el 1 de mayo de 1973, un subinspector del Cuerpo General de la Policía fue acuchillado por miembros del FRAP al intentar disolver con otros policías, una concentración. El funeral, convocado por las autoridades policiales, fue desbordado por centenares de asistentes, no sólo policías que, luciendo sus placas, recorrieron el centro pidiendo la dimisión, por “blando”, de su ministro Garicano, un jurídico militar. La ultraderecha intentó capitalizar esta demostración contra el Gobierno, no solo contra el ministro de la Gobernación. Lo insólito es que este importante incidente se saldó sin correcciones disciplinarias graves para los manifestantes y con el cese del ministro Garicano.

Otro aspecto que parecía apuntar a cierto desgaste del gobierno reformista por su derecha y que al ministro Martín Villa y a su segundo de abordo, Ortí Bordás, no se les escapó, fue que, cómo era posible que esta protesta, anunciada a bombo y platillo, no fuera cortada de raíz por los militares que dirigían la cúpula y los puestos medios del aparato policial, tan estrictos con la disciplina. Quizás no resistieron la tentación, alguno de ellos, de dejar en evidencia al Gobierno, a su juicio tibio en la lucha contra el terrorismo (ahí muchas veces entraba todo,)  cuestión de la que se hicieron eco sectores de los manifestantes.

Pero un argumento a favor de cierto planteamiento democrático de esta protesta, más allá de las reivindicaciones concretas, es el respeto con que recibieron los manifestantes al vicepresidente militar Gutiérrez Mellado, “bestia negra” de la extrema derecha, en su entrada a pie en la sede de Gobernación, a la que se dirigió para ayudar al ministro.

La segunda referencia al “cuándo” jugó en contra de los guardias que se atrevieron a luchar por sus derechos, todavía más, pues afectaba de lleno al ministro destinatario de sus peticiones. Mala suerte en la fecha escogida para plantearle un pulso, otro más. Su imagen estaba entonces por los suelos por dos hechos recientes que le pusieron en evidencia: el secuestro del Sr. Oriol, presidente del Consejo de Estado (que más allá de ese cargo, era un símbolo del mundo de las finanzas y un significado referente de los sectores más duros del Régimen). Y la rueda de prensa, también en Madrid, del muy buscado secretario general del entonces ilegal (aunque ya un poquito tolerado) Partido Comunista de España, Santiago Carrillo.

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Tampoco era el momento más propicio para recabar su atención y de esas formas y en un asunto de tanta importancia como el planteado por los “revoltosos”, pues Martín Villa tenía encima de su mesa algo más urgente que atender: a medianoche del mismo día 17 expiraba el plazo dado por el GRAPO, autor del secuestro del Sr. Oriol, para matarle si el Gobierno no accedía a una serie de condiciones de casi imposible cumplimiento.

Si más allá de la forma aparatosa de plantear las peticiones (tampoco había muchos cauces entonces para hacerlo) se hubiera escogido otro momento, quizás alguna de ellas hubiera podido ser atendida: la prueba es que, con el tiempo, algunas si lo fueron.  Pudo pasar lo mismo que con otra amplia amnistía que por esas fechas el Gobierno pensaba aprobar, tras el referéndum. Pero bastó que se adelantase el GRAPO a exigirla y, además, a cambio de la vida del Sr. Oriol, que ni se planteó en esos días.

Pero esta referencia a la manifestación del 17 de diciembre no puede finalizar sin una breve pero sorpresiva reseña del Consejo de Guerra celebrado en julio del 77 contra algunos de los manifestantes. En principio, no tiene por qué significar nada, pero no deja de ser curioso que por compañerismo, afinidad con algunas de las reivindicaciones (por cierto, comunes a ambos cuerpos) los defensores de los policías armados fueran oficiales del ejército de Tierra de conocidas ideas democráticas (en algunos casos, incluso pertenecientes a la recién auto extinguida Unión Militar Democrática), mientras que entre los defensores de los guardias civiles figurasen -entre otros- dos oficiales de este Instituto Militar que, aunque no fueran los más exaltados en el asalto al Congreso el 23F, sí fueron condenados por esos hechos.