Información contra la desinformación

Carlos Penedo

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europeaacaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.

A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.

Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término "noticias falsas", por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.

El informe –elaborado en el primer trimestre del año– define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro. Tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.

Los autores de este informe advierten a la Comisión Europea contra soluciones simplistas y de corto plazo, por el contrario, apuestan por fortalecer gradualmente tanto a instituciones como a la propia sociedad contra la desinformación; y señalan directamente que se debe evitar cualquier tipo de censura de contenidos o canales (se reitera el respeto absoluto a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento).

Incluyen asimismo una serie de recomendaciones, como promover la alfabetización mediática (estudiantes, docentes, ciudadanos) a fin de contrarrestar la desinformación; desarrollar instrumentos que fortalezcan a usuarios y periodistas para hacer frente a la desinformación; o proteger la diversidad y la sostenibilidad de los medios informativos europeos. Lo anterior se podría resumir en que los especialistas consultados sugieren reaccionar con información de calidad a la desinformación, enseñar a jóvenes y adultos a interpretar un texto informativo, y proteger de alguna forma la pluralidad y calidad de los medios.

Asimismo, abogan por un código de principios que las plataformas en línea y las redes sociales deberían hacer suyo. Uno de los principios clave expuestos en el informe propugna que deberían, por ejemplo, garantizar la transparencia explicando cómo seleccionan sus algoritmos las noticias presentadas. En cooperación con los medios de información europeos, se les invita asimismo a adoptar medidas eficaces para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y fidedignas y facilitar el acceso a ellas de los usuarios.

En relación con la consulta pública, siempre condicionada por las preguntas que se formulaban, las dos categorías en las que la mayoría de las respuestas considera probable que las noticias falsas perjudiquen a la sociedad son la desinformación intencionada para influir en las elecciones y en las políticas migratorias (por aquí anda la crisis de refugiados). En este apartado sorprende encontrar la seguridad como el sexto ámbito más amenazado, sobre nueve planteados.

Según la consulta pública, la opinión general es que la desinformación se propaga fácilmente a través de las redes sociales porque las noticias falsas apelan a las emociones del lector (88%), se difunden para orientar el debate público (84%) y están concebidas para generar ingresos (65%).

Los ciudadanos y profesionales que han participado voluntariamente en esta consulta expresan una clara preocupación por la censura que pudiera limitar la libertad de expresión, y apuestan por una mayor transparencia, la educación reglada y la alfabetización sobre medios. Entre estos últimos, los que menos noticias falsas difunden son los periódicos en papel, la radio y las agencias de noticias.

Por su parte, en la encuesta elaborada por la Comisión Europea, los ciudadanos consideran los medios de comunicación tradicionales como la fuente de noticias más fiable (radio 70%, televisión 66%, medios impresos 63%, el orden es significativo). Las fuentes de noticias en línea y los sitios web de alojamiento de vídeos son las que suscitan menos confianza. Es decir, si hablamos de información los medios de comunicación tradicionales reciben mayor confianza que las plataformas digitales donde todo circula, pero prima el entretenimiento.

En la encuesta aparece España como el país de la UE en donde el ciudadano más frecuentemente se encuentra con noticias falsas (la mitad, a diario) y destaca también como el Estado donde la gente muestra menos confianza para identificar estas informaciones falseadas (un 55% se siente capaz, frente al 71% de media europea).

Otro dato destacable de la encuesta es que los europeos consultados, a la pregunta de quién debería actuar para evitar la propagación de noticias falsas, señalan en primer lugar a los propios periodistas, seguidos de las autoridades públicas nacionales y, en tercer lugar, de las empresas de comunicación.

Nada radicalmente novedoso surge de esta iniciativa de la Comisión Europea y ahí está su mérito: destaca el esfuerzo en marcha y la sensatez en el tratamiento del tema, cuando a diario se publican piezas escandalosas sobre elecciones manipuladas a golpe de tuit, o cuando la propia OTAN y los ministerios de Defensa, probablemente ayunos de argumentos para justificar el presupuesto o su incremento, se han lanzado sobre este asunto de la desinformación como si se tratara de una amenaza nuclear.

El tema es bastante más serio que un misil intercontinental con carga atómica, afecta a la capacidad de razonar del ciudadano, y aún están por descubrir los medios militares con los que contrarrestar la desinformación. En esta ocasión la UE ha comenzado a desbrozar el camino con mucho más rigor del que la mayoría de políticos y medios muestran habitualmente con este tema.