Una regularización para avanzar en derechos y bienestar para tod@s

Corría el año 1999, en pleno inicio de la conversión de España en un país de inmigración, cuando comencé a trabajar en el campo de la garantía de derechos de las personas migrantes, primero como voluntario, y después como trabajador social, en el Centro de Atención Sociosanitaria de Médicos del Mundo en València. En aquella época tan solo las mujeres embarazadas, las personas menores de edad, y aquellas que padecieran alguna urgencia, siempre que así fuera considerado por el personal de admisión de los centros sanitarios, eran aceptadas en la sanidad pública.

Durante unos meses, y hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pude comprobar cómo el principal problema para la integración, la garantía del bienestar y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes era el hecho de que una buena parte de ellas se encontrara en situación administrativa irregular.

Fue impactante para mi tratar cada día con varios casos de personas que se encontraban sometidas a la explotación laboral, la violencia sexual, la inseguridad jurídica, el miedo, el estrés adaptativo, que desarrollaban problemas de salud física y psico-social, en algunos casos graves, y que ni siquiera podían acceder a la atención sanitaria pública. También fue impactante, pero en sentido inverso, descubrir, en una pequeña caja negra que custodiábamos en el despacho como si del más precioso tesoro se tratara, decenas de fichas con los nombres de profesionales sanitarios de diferentes especialidades que, voluntariamente, aceptaban atender a estas personas en sus centros sanitarios públicos, en contra de la normativa vigente, y en consonancia con los principios éticos y la preceptiva garantía de los derechos humanos.

Han pasado más de 22 años y hoy, desde la investigación en el campo de las migraciones que llevamos a cabo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, constatamos cómo, a pesar de que se ha avanzado en la garantía de algunos derechos para las personas en situación administrativa irregular, el principal obstáculo para la plena inclusión sigue siendo el hecho de que miles de nuestros vecinos y vecinas se encuentran viviendo en un limbo jurídico, sin que su presencia sea aceptada legalmente, expuestas a controles policiales por perfil étnico, a la posible reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros, a la expulsión forzada, y siendo objeto de las más variadas formas de explotación y violencia como señalamos, por ejemplo, en el informe sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana que publicamos en 2018.

El contexto de la pandemia puso de manifiesto la relevancia del trabajo que las personas migrantes hacen en España, un trabajo que muchas de ellas desarrollan sin las más mínimas garantías, y volvió a abrir una oportunidad para reflexionar sobre la imposibilidad de articular una sociedad de derechos y buena convivencia allí donde cientos de miles de personas (entre 390.000 y 470.000, según la Fundación Por Causa) se encuentran formalmente privadas del derecho a estar entre nosotros. El cinismo y la hipocresía de nuestra sociedad ha marcado la forma en la que se ha abordado esta realidad a través de unos años en los que han ido volviéndose cada vez más impopulares las propuestas favorables a la regularización de inmigrantes al tiempo que todo el mundo conoce a alguien que en el campo, en la obra o en el ámbito de los cuidados, trabaja en situación irregular aportando un esfuerzo del que se beneficia toda la sociedad.

En este contexto de pandemia, afloró la posibilidad de reclamar de nuevo un proceso de regularización que se pensó más viable al incrementarse la conciencia sobre la condición esencial de estos trabajadores y trabajadoras y encontrarse el país gobernado por una coalición progresista que se presuponía podía ser más receptiva a una medida fundamental para la efectiva promoción de derechos y la lucha contra el racismo institucional en España.

La Plataforma Regularización YA, constituida por cientos de organizaciones y colectivos, inició una intensa campaña que condujo finalmente a la presentación, por parte de Esquerra Republicana, de una proposición no de ley para el desarrollo de una regularización exprés en los ámbitos sanitario, de los cuidados, y agrarioproposición no de ley, que se debatió en el Congreso de los Diputados el 23 de septiembre de 2020, y que fue rechazada con los votos en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y VOX y los favorables de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, BNG, Compromís, y Más País-EQUO.

Frente a la realidad producida en nuestro entorno, con 356.000 personas regularizadas provisionalmente por el gobierno portugués y con 220.000 solicitudes presentadas al amparo del proceso de regularización puesto en marcha en Italia, el principal partido del gobierno se negó a apoyar esta medida y permitió que la irregularidad continuara marcando la pauta de la exclusión y la violación de los derechos de las personas inmigrantes en España.

Pero los movimientos sociales, dirigidos ahora fundamentalmente por activistas migrantes, siguen determinados en la defensa de los derechos y han promovido una campaña para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria. Es difícil no estar de acuerdo con las razones que se incluyen en la exposición de motivos de esta ILP: el necesario respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos; el aprovechamiento de las capacidades de las personas migrantes que se encuentran instaladas en España; los beneficios en términos económicos y fiscales que se derivarían de los impuestos directos y de las contribuciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores si miles de trabajadores emergieran de la economía sumergida; o el déficit de gobernanza pública que se deriva del hecho de que alrededor de medio millón de personas se encuentren fuera del radar de las instituciones.

Por sentido de la justicia, por interés colectivo y porque la lucha por los derechos o es por los derechos de todos o es tan solo un instrumento orientado a la promoción del privilegio y la desigualdad, es necesario apoyar esta campaña ahora con nuestra firma y con nuestra palabra, aprovechando la coyuntura para hacer pedagogía, para contrarrestar las dinámicas de deshumanización que nos enfrentan y nos enferman, para promover el mutuo reconocimiento y las capacidades que juntas, como personas que vivimos aquí, tenemos para vivir con mayor bienestar y cohesión social, y para hacer posible que esas vidas, únicas, finitas y valiosas de todos nuestros vecinos y vecinas migrantes puedan ser vividas con la dignidad y posibilidades que cada vida merece y que a ellas les están siendo negadas.

Corría el año 1999, en pleno inicio de la conversión de España en un país de inmigración, cuando comencé a trabajar en el campo de la garantía de derechos de las personas migrantes, primero como voluntario, y después como trabajador social, en el Centro de Atención Sociosanitaria de Médicos del Mundo en València. En aquella época tan solo las mujeres embarazadas, las personas menores de edad, y aquellas que padecieran alguna urgencia, siempre que así fuera considerado por el personal de admisión de los centros sanitarios, eran aceptadas en la sanidad pública.

Durante unos meses, y hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pude comprobar cómo el principal problema para la integración, la garantía del bienestar y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes era el hecho de que una buena parte de ellas se encontrara en situación administrativa irregular.