España encalla en el reconocimiento oficial de catalán, euskera y gallego en Bruselas
El Gobierno español batalla en Bruselas para conseguir la oficialidad del gallego, el euskera, el catalán en las instituciones de la Unión Europea. La iniciativa está planteada sin éxito desde hace más de un año, con el objetivo de que las tres lenguas se puedan emplear, por ejemplo, en los debates del Consejo y que los informes, comunicados de prensa y la documentación de las instituciones comunitarias se traduzca también a esos idiomas.
España todavía no ha convencido al resto de Estados miembros para modificar concretamente el Reglamento 1/1958 que fija el régimen lingüístico dentro de la UE, y sin esa unanimidad es imposible conseguir la oficialidad para los tres idiomas. El gobierno choca con diversas sensibilidades, por un lado gobiernos conservadores o de extrema derecha como el italiano o el húngaro que no ven con buenos ojos abrir el melón de las lenguas nacionales. Por otro, las repúblicas bálticas o Polonia donde existen importantes minorías ruso parlantes que podrían aprovechar la iniciativa española para buscar su reconocimiento ante la UE, un movimiento susceptible de ser manipulado por Moscú.
Una fuente conocedora de estos debates explica también que con la Comisión Europea “ha habido que hacer pedagogía, para convencerles de por qué las lenguas cooficiales no tienen parangón”. Este fuente cita, por ejemplo, el acceso completo a la administración o sanidad dentro de las administraciones autonómicas o la plena enseñanza de las lenguas en el sistema educativo, “algo que no ocurre con el bretón, el corso o el frisón”.
La guerra de Ucrania ha jugado en contra de la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán durante 2024, las presidencias rotatorias de Bélgica y Hungría no impulsaron en la agenda del Consejo la propuesta española y, ahora, el Gobierno quiere convencer a su homólogo polaco, que este semestre ostenta el puesto, para retomar la iniciativa en las negociaciones con el resto de socios europeos.
Esta fuente en Bruselas reconoce a infoLibre ser positiva sobre este empujón político. “Tengo la sensación de que el Gobierno español sí está implicado, que está trabajando y haciendo su parte. Está complicado pero tengo esperanza y creo que sí hay posibilidades” de conseguir la oficialidad en las instituciones de la UE. “En nuestros contactos con la REPER [la Representación Permanente de España ante la UE] lo que nos piden es discreción”.
El objetivo de la negociación con Polonia es que la oficialidad “se trate en la agenda del Consejo” entre los 27 durante este primer semestre del año. Si los polacos no la introducen, el Gobierno no descarta elevarla de manera individual, una competencia en sus manos. Así lo deja entrever, Fernando Sampedro Marcos, secretario de Estado para Asuntos Europeos, al insistir en la capital comunitaria que van a “seguir defendiendo con mucha fuerza” la propuesta y que esperan “importantes avances durante la presidencia polaca”. En febrero, Sampedro confirma que viajará a Varsovia para discutirla bilateral y directamente.
El Gobierno se siente presionado. Desde Waterloo, Carles Puigdemont observa estas negociaciones políticas y apremia a conseguir la oficialidad al menos para el catalán. Es una de las líneas rojas que considera incumplidas del acuerdo con el Gobierno. Hace dos semanas, fuentes de Junts citaban en privado esta falta de avances, junto al bloqueo de la Ley de Amnistía, para ejemplificar que para Cataluña no habría tantas diferencias con un ejecutivo de PP-Vox. Y eso que el Gobierno ha prometido empezar por el catalán en esta normalización lingüística en las instituciones europeas.
En Bruselas también presiona el PNV. El lehendakari Imanol Pradales acaba de visitar la capital comunitaria y planteó cuestiones de la “agenda vasca” como la “oficialidad del euskera” en persona al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Pradales reconoció “como positivos” los esfuerzos del ejecutivo, “que está promoviendo esta cuestión”, pero también que la oficialidad de las tres lenguas “es un tema delicado, porque hay 27 Estados con opinión” y que las negociaciones “deben hacerse con prudencia”. Aun así, el lehendakari vasco insistió en Bruselas que su deber es “reclamar continuamente la oficialidad del euskera en el seno de las instituciones europeas”.
La Comisión Europea cifra en unos 130 millones de euros el coste de implantar en la UE el catalán, el gallego y el euskera, según un informe interno que solicitó el Consejo ante la demanda española. Una cifra ligeramente superior a los 40 millones por cada lengua. Para minimizar las suspicacias de muchos socios frugales, como Países Bajos, Austria, Finlandia o Alemania, España se compromete a asumir el pago de estos intérpretes, servicios de traducción de la documentación y las bases de datos o de las aplicaciones informáticas. Ni así consiguió el Gobierno la unanimidad de los 27.
“Consideramos que a efectos económicos quizás no sea el más adecuado”, reconoce Sampedro de este informe aún confidencial de la Comisión, “porque establece un máximo” al basarse en el caso del irlandés, con muchos menos hablantes. Por ello, el acceso a intérpretes, traductores y mismo aplicaciones sería más limitado y costoso que para las tres lenguas españolas insiste el secretario de Estado de Asuntos Europeos.
El Parlamento Europeo frena la oficialidad
La Eurocámara mantiene un grupo de trabajo formado por legisladores de todos los grupos políticos para analizar la implantación de la oficialidad de las tres lenguas en su seno. Se creó a raíz de la propuesta española y en próximas fechas presentará, en palabras de un eurodiputado miembro de ese grupo, un estudio de análisis comparando con la realidad de otras “lenguas con reconocimiento constitucional no oficiales en la UE”.
Hace veinte años la Eurocámara ya rechazó una demanda similar española para emplear el catalán, el gallego y el euskera en sus plenos o comisiones parlamentarias. España había solicitado, como ahora, cambiar el reglamento sobre el régimen lingüístico en la UE. Mientras el Consejo fue flexible, el Parlamento se cerró en banda y sólo permite comunicación escrita de los ciudadanos europeos, que sí son respondidos en cualquiera de las tres lenguas si se dirigen a los servicios de de la institución. Pero los eurodiputados vascos, gallegos o valencianos no pueden emplear sus lenguas natales en sus intervenciones.
Varias fuentes parlamentarias consultadas por Infolibre dudan de que este vez la Eurocámara acepte la oficialidad. En una visita anterior del lehandakari Pradales, su presidenta, Roberta Metsola, se mostró optimista, pero según ha podido saber este medio el propio jefe del grupo de trabajo, el liberal eslovaco Martin Hojsik, fue cauteloso ante Pradales. Si la demanda es votada en el Pleno, creen diversas fuentes parlamentarias que no saldría adelante por la firme oposición de los grupos de extrema derecha, como los Conservadores y Reformistas de Meloni y los ultracatólicos polacos o los Patriotas por Europa de Orbán, Le Pen, Salvini y Vox. Y también porque genera un amplio rechazo en las filas de los populares europeos o liberales.
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La eurodiputada gallega del BNG, Ana Miranda, lamenta que “el grupo de trabajo del Parlamento Europeo pudo ser más rápido en su informe, porque ahora con el cambio de legislatura la Cámara es más conservadora y está más en peligro la iniciativa, así que los eurodiputados tenemos que hacer más lobby”. A estos recelos se suma la del PNV, Oihane Agirregoitia, al reconocer que “las cosas avanzan más despacio de lo que nos gustaría. Tenemos que tener paciencia”. La eurodiputada vasca añade otros problemas, ya que se “están evaluando posibles dudas jurídicas en cuanto a la utilización del euskera, catalán y gallego”.
“Los trabajos de análisis también continúan”, confirma en privado el eurodiputado del grupo de trabajo, y se centran también “en la parte logística, cómo hacer técnicamente” que las tres lenguas se puedan interpretar en las cabinas y haya dobladores al resto de idiomas permitidos en el Pleno y las Comisiones. España, como en su propuesta presentada al Consejo, podría asumir el coste.
Aunque “Unidos en la diversidad” es el lema de la Unión Europea desde el año 2000, cuando se empleó por primera vez, y pese a los esfuerzos políticos y diplomáticos del Gobierno desde finales de 2023, la pluralidad lingüística española sigue sin estar reconocida de facto en el seno de las instituciones de la UE.
