Trabajadores militares de emergencias

A raíz del incendio de Casares (Guadalajara) de julio de 2005, que se cobró la vida de once bomberos, el Gobierno de Zapatero, con José Bono como ministro de Defensa, decidió iniciar un estudio para la creación de una unidad militar dedicada exclusivamente a atender las situaciones de emergencia. El incendio forestal, de grandes proporciones, había mostrado una preocupante falta de coordinación entre administraciones públicas, retraso en la puesta a disposición de medios, deficiencias en el mando y control de los efectivos, etcétera. El debate político, siguiendo una pauta habitual, se polarizaba acerca de la responsabilidad entre gobernantes de distinto signo político.

En todo caso, la gestión de aquella contingencia, con consecuencias letales para el personal contraincendios, puso de manifiesto la necesidad de contar con un dispositivo de efectivos, desplegados en el territorio nacional y dotado de un mando centralizado, a disposición permanente del sistema de protección civil, cuyas competencias sobre el terreno habían sido cedidas a las comunidades autónomas. La naturaleza militar de esta fuerza resolvía una primera dificultad en la creación de un organismo dependiente del gobierno central, sin afectar a los servicios autonómicos. Para las Fuerzas Armadas, aunque no fue percibido así en un primer momento, era también una oportunidad para regularizar el frecuente recurso al apoyo militar en caso de catástrofes, consiguiendo preservar a las unidades ordinarias de interferencias en sus misiones habituales. La nueva unidad contaría con el personal especialista necesario, entrenado y provisto de los medios adecuados para cumplir esta misión de apoyo a la comunidad, sin perjuicio de recurrir a los efectivos militares masivos cuando, como ha ocurrido recientemente en Valencia, la dimensión de la incidencia lo exigiera.

La UME, con sus capacidades y vocación de servicio público, ha fortalecido significativamente el sistema de respuesta del Estado ante toda clase de contingencias

La Unidad Militar de Emergencias (UME), establecida en tiempo récord y con pocos referentes en los países del entorno occidental, fue recibida con toda clase de críticas al gobierno por parte de la oposición que hablaba de militarización de la protección civil, de ejército paralelo fuera de la cadena de mando y de uso impropio de la función militar. También en el seno de los ejércitos, como recientemente se ha hecho público al difundir el acta de la reunión de alto nivel en el ministerio, se alzaron voces que se oponían a su creación por entender que distraía a las fuerzas de la misión fundamental de defensa nacional.

Sin embargo, a los pocos meses de su creación, una vez que comenzó a operar la nueva unidad, las críticas se disiparon y se tornaron elogios por la conveniencia y solvencia de su actuación. La unidad, con una base central en las proximidades de Madrid (Torrejón de Ardoz), está desplegada en distintos puntos del territorio nacional, pendiente de su activación por el Ministerio de Defensa y a solicitud expresa de las comunidades autónomas, que evalúen su necesidad y vean superados sus recursos propios. De acuerdo con la regulación fijada, la dirección de la emergencia es la que asigna el momento, la zona y las tareas a desempeñar por la UME, que en su ejecución, dentro de la coordinación permanente con el dispositivo de la emergencia, actúa con plena autonomía funcional.

Al margen de interesados debates partidistas, como los que se han producido en las últimas semanas, hay un consenso general de que la UME, con sus capacidades y vocación de servicio público, ha fortalecido significativamente el sistema de respuesta del Estado ante toda clase de contingencias. Veinte años después de su creación, la unidad puede presentar una brillante hoja de servicios con ocasión de incendios, nevadas, inundaciones, erupciones volcánicas, accidentes de gran magnitud, etc. Su trabajo fue esencial en la inédita situación pandémica de 2020 y ha colaborado en las relaciones internacionales con intervenciones muy apreciadas en el extranjero. La UME, mediante una rigurosa actuación profesional y una dedicación encomiable, ha sido también un instrumento valioso para la mejora de la convergencia cívico-militar y ha contribuido significativamente a la buena imagen del personal militar y de las fuerzas armadas. 

Las características de la organización militar, que actúa sujeta a los principios de jerarquía, disciplina y unidad, simbolizados en la uniformidad y signos externos, tiene el efecto de subsumir la individualidad en la acción conjunta, lo que hace que se tienda a ver a los miembros de la unidad como piezas de un sistema en lugar de personas que, en el marco de una acción colectiva, desempeñan un trabajo, de acuerdo a su posición y cualificación. Y es en esta calidad de trabajadores de emergencias en la que son de aplicación los mismos estándares que el resto de los trabajadores protegidos por la legislación laboral, respecto de las garantías de seguridad, protección, descanso y compensación, respondiendo adecuadamente a las exigencias de disponibilidad permanente y urgencia propia de las intervenciones de esta naturaleza.

Corresponde a los representantes de los trabajadores militares, pertenecientes a las asociaciones profesionales constituidas al amparo de la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas, velar por los intereses económicos, sociales y profesionales mediante el ejercicio de la acción asociativa. La legislación española, abandonando en este punto la referencia europea, contiene importantes restricciones al desempeño de la representación, fundamentalmente por la prohibición de desarrollarla en los propios acuartelamientos y por la exclusión de cualquier forma de negociación colectiva, instrumento esencial de las relaciones laborales de un sistema democrático.

El ejercicio de la profesión militar, tanto en el cumplimiento de su misión fundamental de defensa como en las subsidiarias de apoyo a la comunidad, tiene una dimensión social que tiende a ignorarse por los poderes públicos. En las democracias avanzadas los militares no pueden ser una casta de guerreros sacrificados, sino ciudadanos de uniforme integrados en la sociedad de su tiempo, en pleno ejercicio responsable de sus derechos de ciudadanía, con las restricciones temporales y funcionales que puedan derivarse del servicio de las armas, de la excepcionalidad del tiempo de guerra y del cumplimiento de la misión en zona de operaciones.