El primer Gobierno de coalición desde la Constitución del 78 se conforma en España con no pocos importantes retos. La urgencia, al menos, señala dos caminos paralelos. El primero sería el de apaciguar la crispación política y territorial y anestesiar las causas que llevan de la mano a la ultraderecha a las instituciones, esto es, que los miedos se vuelvan certidumbres y las responsabilidades apunten más hacia arriba que hacia abajo. El segundo, y motivo principal de este artículo, sería el de enfrentarse, en serio, al gran desafío de este siglo: el cambio climático. Para esto la coalición progresista ya sacó un acuerdo de gobierno en el que incluyen sus compromisos y que, a continuación, se analizarán. Antes de ello es conveniente señalar que la coalición será exitosa si, y solo si, su acción de gobierno da un giro de 180 grados y verderiza cada una de las medidas que vaya a llevar a cabo de manera transversal, desde la fiscalidad hasta el consumo, desde la educación hasta la sanidad. Todo, absolutamente todo, deberá tener una coordinación supraministerial para que la flecha apunte siempre hacia la misma dirección: transición ecológica y justa.
El acuerdo incluye una ley de Cambio Climático y Transición Energética que, vistos los objetivos, es nítidamente insuficiente al calor de las calles y de los consensos científicos. Alcanzar una electricidad 100% verde en 2050 es algo que firmaría el Partido Popular y Ciudadanos sin demasiados problemas. Conviene, desde ya, señalar el bajón en las expectativas que esta medida tiene para la coalición: el propio programa de Unidas Podemos prometía una producción energética primaria −no solo de energía eléctrica− 100% verde para 2040. Esto supone adoptar, por parte de la formación morada, una medida del programa electoral socialista que entra dentro de lo esperable en cualquier gobierno −más allá de su color− europeo. Además, en las últimas semanas el Gobierno ha seguido dando luz verde al gas natural, un combustible contaminante y no renovable que no puede ser la solución ni sustitución del resto. Es por ello que el rumbo debe cambiar con urgencia.
El documento sí incluye, sin embargo, una reforma del mercado eléctrico que beneficiaría directamente a los consumidores, a la ciudadanía. Esta reforma consistiría en eliminar los conocidos “beneficios caídos del cielo”, que se derivan de un mercado eléctrico con subastas marginalistas, es decir, que el precio de la energía se fija en función de la última que entre en el pool, y como éstas son siempre las térmicas −más caras− se paga un coste por la hidráulica y nuclear −más baratas, pues ya están amortizadas− muy superior al coste real de producción. Esto hace que las grandes eléctricas tengan beneficios enormes e inmerecidos y nuestra factura de la luz sea de las más caras de Europa en proporción al salario mínimo. Es imprescindible que, a mayor porcentaje de renovables en el sistema eléctrico, el coste de la factura baje proporcionalmente. También se introduce en el documento una regulación del autoconsumo que facilitará su expansión y la retribución económica de la energía vertida a la red por los particulares dueños de esas instalaciones solares.
¿Y qué ocurre con los lugares donde había centrales térmicas o nucleares? El acuerdo incluye un epígrafe dedicado a esa transición justa, porque ninguna región es culpable de los necesarios cambios a abordar y, a la vez, ningún gobierno puede estirar un chicle laboral-energético basado en energías sucias y caras mucho tiempo más. De hecho, las propuestas de los partidos conservadores que consisten en mantener estas centrales térmicas significan pan para hoy y hambre para mañana, pero un hambre mucho más crónico. El destino de la industria energética no lo decide un gobierno en particular, sino una gobernanza global y un libremercado que, hoy en día, asegura precios más asequibles para las energías renovables que para las contaminantes. Por ello es muy irresponsable continuar marginando a estas poblaciones a modelos de negocios ya caducos. Lo prudente y necesario es transitar hacia otros modelos energéticos asegurando a esas geografías formar parte de la nueva industria o de otras que traigan y mantengan el pan, de verdad, para las próximas generaciones.
En relación con los residuos, España debe, con urgencia, ponerse también las pilas. En el año 2017, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 1.608.873 toneladas de plástico que tiramos a la basura, se reciclaron 771.269 (menos del 50%). No es suficiente con ofrecer la opción cómoda del reciclaje, el cambio debe darse desde la raíz: reducción y reutilización. El acuerdo incluye reducción de plásticos de un solo uso, la reutilización de productos o subproductos y mayor eficiencia en los embalajes. Sin embargo, el horizonte temporal está demasiado lejos −2050− y no hay compromisos concretos.
Se nombra también la pobreza energética. Según datos de la UE, en 2018 un 9,1% de la población española no pudo calentar suficientemente su hogar, mientras que en Alemania este dato se situó en el 2,7%. España es la cuarta economía del Euro, pero sin embargo se encuentra 2 puntos por encima de la media de Europa en cuanto a pobreza energética. Este bono eléctrico (que incluye también gas) será sufragado por las propias comercializadoras.
¿Qué hacer con la movilidad? El transporte representa el 25% del total de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) de España y, dentro de estas, un 95% corresponde a los vehículos de carretera. Urgen dos medidas: electrificar y reducir. ¿Qué se electrifica? Autobuses, taxis o vehículos VTC, mercancías (más trenes y menos caminos), etc. ¿Qué se debe reducir? Coches, pero con un matiz importante: no se puede sustituir al completo el parque móvil de motores contaminantes de particulares por otro de motores eléctricos. Además de imposible por los finitos recursos del planeta, fabricar tantos vehículos supondría una huella de carbono muy importante. El horizonte debe ser reducir la fabricación de coches −aunque no drásticamente su uso−, ¿cómo? Menos coches, pero eléctricos y compartidos. La mayor parte del tiempo un coche está parado, ¿por qué no compartir coches para satisfacer nuestras necesidades, pero sin hipotecar las necesidades del presente y futuro? El acuerdo no pone el foco sobre estos puntos que son, y deberían ser, horizontes de actuación urgentes.
Tal y como los programas electorales de ambos partidos recogían, el enfoque sobre el agua que de este acuerdo se desprende tiene que ver con los enfoques que propone la Fundación Nueva Cultura del Agua a través de su Acuerdo Social del Agua, es decir, gestionarla desde su demanda y no desde su oferta. España es un país especialmente vulnerable en este sentido: un clima cada vez más desértico y una gestión del agua que siempre ha estado regada por el derroche.
Las demandas animalistas se recogen en este acuerdo de coalición con medidas como la rebaja del IVA veterinario (porque tener una mascota no es lujo) y una ley de bienestar animal para animales salvajes o de consumo. Sin embargo, la cuestión taurina o de la caza no aparece por ningún lado, así como la reducción en el consumo de carne, fundamentalmente por su impacto en el cambio climático (al igual que incluir un asesoramiento nutricional accesible para todos, la sanidad pública actualmente no cuenta con estos profesionales y el IVA de los particulares se sitúa en el 21%). Para que el modelo alimentario sea sostenible es imprescindible que los modelos de macrogranjas pasen a ganaderías extensivas que respeten mínimamente la ética animal, el suelo y los límites de emisiones de GEI y tóxicos como el amoniaco.
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El acuerdo olvida a la Carta Magna como texto supremo desde el que, también, hacer política. Una reforma en materia climática de la Constitución del 78, consensuada en el Congreso y sustentada desde la sociedad civil, construiría unos pilares sólidos que, más tarde, no podrían ser derribados por un hipotético gobierno conservador. Es urgente que nuestra Constitución se descarbonice y proteja más ambiciosamente el patrimonio natural sobre el cual es posible nuestra propia vida. Esto implica, necesariamente, cambios profundos en su razón de ser, no maquillajes ambientalistas de poco calado. Si los objetivos de la Constitución eran asentar las bases de la justicia y bienestar social, es evidente, dados los datos, que no ha logrado alcanzarlos con todos los sectores de la sociedad. Es más: se olvidó, por el camino, de nuevos paradigmas que afloran y vertebran nuestra realidad más tangible: el cambio climático, tanto en su dimensión física como política, llegó para quedarse.
Así pues, una actualización que ponga el foco en las urgencias climáticas y ambientales junto con la necesaria justicia social que todas ellas puedan implicar debería ser tarea, también, de este nuevo Gobierno. No debe olvidarse que esta reforma constitucional tambalearía un sistema económico que es incapaz de llegar a los fines para los que teóricamente existe: asegurar el sustento y la sostenibilidad de nuestras necesidades. Para esto también se necesita una Constitución verde, para que haya mecanismos legales contundentes que obliguen a reparar y recompensar por los daños causados a lo que es de todos y a lo que somos todos: parte de un equilibrio ecosistémico en serio peligro de ruptura.
A modo de conclusión: ninguna de las propuestas de este documento programático de la coalición es despreciable. Si se cumple todo será, inequívocamente, un gran paso para luchar contra el cambio climático o, dicho más precisamente, para que sus consecuencias sean menos malas. A todas luces es insuficiente, poco arriesgado y desviado de lo que la inercia europea obligaría a cualquier gobierno a realizar. No obstante, dados los perfiles, los programas electorales de ambos partidos y la presión de la Unión Europea, puede existir una primera confianza −que con partidos conservadores o negacionistas no existiría− en que se llegue a cumplir lo acordado con creces. Los movimientos sociales, así como los sectores más ecologistas del parlamento y de los propios partidos, tendrán la necesaria tarea de verderizar al máximo las políticas públicas que el nuevo gobierne lleve a cabo: por justicia social y ambiental pero, sobre todo, para demostrar que otro modelo es posible y que el escenario que supera a la ultraderecha, existe y está coloreado, desde su raíz, de verde.
El primer Gobierno de coalición desde la Constitución del 78 se conforma en España con no pocos importantes retos. La urgencia, al menos, señala dos caminos paralelos. El primero sería el de apaciguar la crispación política y territorial y anestesiar las causas que llevan de la mano a la ultraderecha a las instituciones, esto es, que los miedos se vuelvan certidumbres y las responsabilidades apunten más hacia arriba que hacia abajo. El segundo, y motivo principal de este artículo, sería el de enfrentarse, en serio, al gran desafío de este siglo: el cambio climático. Para esto la coalición progresista ya sacó un acuerdo de gobierno en el que incluyen sus compromisos y que, a continuación, se analizarán. Antes de ello es conveniente señalar que la coalición será exitosa si, y solo si, su acción de gobierno da un giro de 180 grados y verderiza cada una de las medidas que vaya a llevar a cabo de manera transversal, desde la fiscalidad hasta el consumo, desde la educación hasta la sanidad. Todo, absolutamente todo, deberá tener una coordinación supraministerial para que la flecha apunte siempre hacia la misma dirección: transición ecológica y justa.