Hace poco más de un año, con motivo de la campaña electoral para los comicios autonómicos adelantados en Madrid, abordamos en infoLibre una serie de informaciones y análisis diarios sobre la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde hoy nos proponemos el mismo ejercicio con la que ha capitaneado en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla desde que llegó al palacio de San Telmo en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, después de cuatro décadas de ejecutivos socialistas en Andalucía. Aunque corran tiempos acelerados, en los que parecen influir más las emociones, los latigazos en Twitter o las imágenes más o menos forzadas de Instagram, seguimos considerando conveniente –incluso imprescindible para la higiene democrática– acudir a las urnas con un conocimiento riguroso de lo que cada cual ha demostrado y hasta qué punto son fiables sus promesas. Uno es libre, obviamente, de votar luego guiado por otros motivos, al margen de la realidad o de sus propios intereses cívicos, personales o colectivos. Pero al menos procede no votar desde el desprecio a los datos.
Y empezaremos sobre Andalucía por el mismo punto en que iniciamos en su día la radiografía de la gestión de Ayuso en Madrid. Si hay una cifra que retrata la apuesta por la solidez del Estado del bienestar y por la aspiración a la felicidad ciudadana es la del gasto sanitario público por habitante. Según la estadística oficial de 2020, último ejercicio que permite hacer comparaciones entre datos homogéneos, Andalucía está a la cola de España, con 1.398 euros, unos 240 por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Podría aducirse que ya era la última en ese ránking en ejercicios anteriores, pero entonces también habrá que contemplar el hecho de que la promesa de incrementar la inversión y acabar con las listas de espera fue uno de los mimbres de la campaña que llevó al poder a Moreno Bonilla en 2018. Como también procede recordar que 2020 fue precisamente el peor año del covid, y en el que más recursos públicos del Estado recibieron las comunidades autónomas para reforzar la sanidad.
Los números de una gestión política suelen ser reflejo directo de apuestas ideológicas, de una selección de prioridades. Y no deja de resultar curioso (que no sorprendente) el hecho de que uno de los barones de perfil más moderado en el PP como Moreno Bonilla y la baronesa más orgullosamente ultra del partido, Díaz Ayuso, coincidan en el manejo que hacen de los recursos públicos: ambos gastan (invierten, mejor dicho) lo mínimo posible en atención sanitaria pública al tiempo que incrementan el gasto en conciertos, para alegría de quienes hacen negocio con la gestión privatizada de la sanidad. Que el número de pacientes derivados en Andalucía a centros privados para aliviar las listas de espera ascendiera en 2021 a 858.529 personas (en torno a ¡un 10% de la población!) debería clamar al cielo, o al menos servir para hacerse una idea de lo que puede ser el infierno en términos de salud pública.
(Mañana analizaremos los números sobre medio ambiente y lucha climática).
Hace poco más de un año, con motivo de la campaña electoral para los comicios autonómicos adelantados en Madrid, abordamos en infoLibre una serie de informaciones y análisis diarios sobre la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde hoy nos proponemos el mismo ejercicio con la que ha capitaneado en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla desde que llegó al palacio de San Telmo en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, después de cuatro décadas de ejecutivos socialistas en Andalucía. Aunque corran tiempos acelerados, en los que parecen influir más las emociones, los latigazos en Twitter o las imágenes más o menos forzadas de Instagram, seguimos considerando conveniente –incluso imprescindible para la higiene democrática– acudir a las urnas con un conocimiento riguroso de lo que cada cual ha demostrado y hasta qué punto son fiables sus promesas. Uno es libre, obviamente, de votar luego guiado por otros motivos, al margen de la realidad o de sus propios intereses cívicos, personales o colectivos. Pero al menos procede no votar desde el desprecio a los datos.