Aguirre y sus mamandurrias

Ha sido la imagen de la sexta jornada de campaña. Quizás de la campaña entera. Si uno busca en las redes sociales la imagen de Rajoy en bicicleta, escoltado por Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre pedaleando también, puede encontrarse al mismísimo ET sobre el manillar del presidente del Gobierno, o a Tito, de Verano azul, encabezando la comitiva por Madrid Río. La instantánea tendrá su gracia, incluso sin fotomontaje. Otra cosa es el mensaje de fondo, que Rajoy se atrevió a llevar al siguiente extremo: “si el PP gana, la gente será más feliz”.

La gente se compone de personas y la felicidad es un estado personal, subjetivo y pasajero, así que el vaticinio de Rajoy es arriesgado, salvo que se refiera a alguien muy concreto, como puede ser Fernando Ramírez de Haro, conde de Bornos y marido de Esperanza Aguirre, un individuo que tiene serios motivos para ser feliz con los triunfos del PP (muy especialmente con los de su señora).

A la vista de los datos que viene desgranando Manuel Rico en infoLibre, ya sabemos que al conde le vino de perlas que su mujer bonificara al 100 por 100 el Impuesto de Patrimonio cuando era presidenta de la comunidad de Madrid. Fernando Ramírez se ahorró 60.000 euros anuales con esa medida. Preguntada por la cuestión, Aguirre ha negado que beneficiara a su marido: “a lo que beneficia la supresión del Impuesto de Patrimonio es a la ley, que prohíbe que se grave dos veces la misma cosa, y por lo tanto es un impuesto confiscatorio”. Así que, según Aguirre, las otras 16 comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por su propio partido, incumplen la Constitución, puesto que Madrid es la única que mantiene la supresión del Impuesto de Patrimonio, de la cual se benefician, además de su marido, otros 14.000 residentes que declaran tener un patrimonio neto superior a dos millones de euros. No se le ha visto a Aguirre intención de denunciar tal “ilegalidad manifiesta” en el resto de España ni tampoco montar mesas petitorias de firmas contra el atropello, como hizo en su día con la subida del IVA o con el proyecto de nuevo Estatut de Cataluña. Se ve que se conformó con el ahorro en las cuentas familiares.

Ilegalidades y subvenciones

También sabemos que el conde de Bornos lleva ya siete años sin presentar cuentas de su principal empresa, Savial S.L., entre cuyos accionistas iniciales figuraba la propia candidata a la alcaldía de Madrid, que asegura haber “donado” las acciones a su marido. El domicilio social de la empresa es, por cierto, el propio domicilio del matrimonio Aguirre-Ramírez de Haro (o viceversa), un palacete situado en el centro de Madrid de cuya amplitud se quejó la propia Aguirre por las dificultades que le suponía pagar en invierno los gastos de calefacción.

Lo cierto es que no presentar cuentas en el Registro mercantil supone pasarse por el arco de la victoria la Ley de Sociedades de Capital. La falta de respeto a la ley no impide al marido de Esperanza Aguirre solicitar y disfrutar cada año de subvenciones públicas de la Unión Europea por centenares de miles de euros, procedentes de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Estas ayudas encajan como un guante en lo que la propia Aguirre ha descrito repetidamente como “subsidios, subvenciones y mamandurrias que tienen que acabarse”.

“Yo soy así y así seguiré”, concluye Esperanza Aguirre en las cuñas de propaganda electoral que emiten las emisoras de radio. Y esa es su intención, desde luego (¿a quién le importa, que diría la plagiada Alaska?). La ley (ya sea mercantil o de seguridad vial) está hecha para los demás, y las ayudas públicas son fantásticas si benefician a la familia. Si se trata de otros colectivos, entonces pasan a la categoría de “mamandurrias” gracias a la magia del lenguaje neoliberal: lo mío es mío, y lo de todos también.