Es bastante impopular lo que voy a decir, pero las puertas giratorias entre políticos no tienen solución. Primero, porque no son tantos los casos, no es lo habitual, sobre todo si las acotamos a consejos de administración de grandes empresas. Segundo, porque dependen más de la dignidad individual que de una posible legislación. Tercero, porque no creo que se puedan pedir incompatibilidades sine die ni sé a qué empresas o consejos de administración (o a políticos de qué nivel) podrían circunscribirse.
Que un político considere que debe trincar un sueldo por hacer un trabajo para el que no está cualificado, más allá de lo que puedan servir sus influencias por haber ejercido la política profesionalmente, solo habla de su falta de escrúpulos. Resultaría difícilmente justificable sin bajarse del eslogan aquel de Zaplana, que estaba en política para forrarse. Hay políticos que están en política para forrarse después de dejarla y si pueden dormir así, pues allá ellos.
Las compras de voluntades más o menos explícitas de las grandes empresas en el poder político se pueden hacer de muchas maneras sin incorporar a exministros a la nómina. No creo, por tanto, que el mal que puedan hacer al ciudadano fuera muy distinto si se acaba (de una manera que no se me ocurre) con las puertas giratorias.
Parece que el PSOE va a cambiar su código ético para evitar bochornos como el de Antonio Miguel Carmona. Bonita medida de cara a la galería, pero para aplicar a alguien un código ético, antes tiene que tener ética. No creo que le temblara la mano a Carmona para quemar su carné de militante diez minutos antes de firmar el contrato.
Hay cuestiones, eso sí, que me llaman la atención: que a muchas grandes empresas españolas se la sude tantísimo la reputación corporativa (lo que denota que el gran empresariado español es más casposo de lo que podíamos sospechar) y que ya vayan a por personajes como Antonio Miguel Carmona, cuya capacidad para el puesto no admite dudas (no admite dudas que no está capacitado, claro) y a quien le cuesta mantener la compostura en un entorno social medio.
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No es lo mismo querer llevarse a Cristina Garmendia que a Antonio Miguel Carmona, no sé si me explico. Carmona, mejor profesor universitario que político (pim, pam, propuesta), mejor personaje televisivo que erudito, estaría genial para escribir esta columna mía o para hacer de tertuliano en programas en los que la gente se grita y hace chascarrillos. O para ser, insisto, un buen profe universitario, que es uno de los trabajos más importantes que se pueden desarrollar en esta sociedad. Pero, no sé, para vicepresidente de una multinacional uno esperaría más. Seguro que entre políticos los hay mejores.
Ahora bien, Carmona tiene un valor y sabemos cuál es. Ya hemos visto que, quién sabe si negociando su sueldo (que parece que va a quintuplicar el del presidente del Gobierno) o con él ya cerrado, se dedicaba a tuitear y a figurar en la tele mintiendo para defender lo indefendible de su nuevo pagador. Entre medias, llamaba "activistas" a periodistas cuyas informaciones eran veraces (la terminología que utiliza Vox, detalle que no es casual) y hacía el ridículo por un buen dinero. Cuando a uno le encargan una misión desagradable en la que va a matar con todo a otro (que encima es más débil, porque Carmona no es tonto y no fue a por un medio grande, sino a por La Marea) sin ningún tipo de escrúpulos, uno es un sicario. En este caso, del capital. En este caso, y esta es la segunda parte del valor de mercado de Carmona, para acabar firmando por una eléctrica en plena batalla contra el Gobierno porque lo que se quiere, también, es desgastar a un grupo de personas, los que comandan este país, al que Carmona no estuvo ni cerca de llegar porque no tuvo capacidad más que para estar en la Asamblea de Madrid y para "pimpamproponer".
Todos tenemos un precio, yo también. El de Carmona, eso sí, ya sabemos cuál es.
Es bastante impopular lo que voy a decir, pero las puertas giratorias entre políticos no tienen solución. Primero, porque no son tantos los casos, no es lo habitual, sobre todo si las acotamos a consejos de administración de grandes empresas. Segundo, porque dependen más de la dignidad individual que de una posible legislación. Tercero, porque no creo que se puedan pedir incompatibilidades sine die ni sé a qué empresas o consejos de administración (o a políticos de qué nivel) podrían circunscribirse.