Es difícil escribir sobre la destitución provisional de la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, que ha sido apartada del cargo durante 180 días mientras se resuelve definitivamente su impeachment (proceso de revocación). Se le acusa de maquillar el déficit creciente presupuestario. No se trata de un asunto de corrupción, que es la moneda corriente en el país, algo que afecta a importantes figuras políticas de distinto signo, incluidas las del Partido de los Trabajadores (PT) del que es dirigente junto a Lula da Silva. El más grave de todos es el de Petrobras, que salpica a Lula, pero no a Rouseff.
La primera tentación es hablar de un juicio político, o de golpe de Estado como ha llegado a afirmar la presidente suspendida, que denuncia un intento de la derecha de toda la vida por recuperar el poder, aunque algo de eso hay. También bulle un sexismo muy arraigado en una concepción patriarcal del poder. La composición del primer gabinete (provisional) de su sucesor, el hasta ahora vicepresidente Michel Temer, ahonda esta impresión: todos hombres, todos blancos. Caretas fuera desde el primer momento.
Dilma señala a Temer un creacionista. Le considera uno de los jefes de la conspiración, más por ambición personal que por motivos políticos. Temer pertenece al centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
El PT obtuvo grandes éxitos en la reducción de la pobreza en estos 13 años de gobierno, pero no ha logrado salir indemne de la tentación de meter mano en la caja, algo frecuente cuando se manejan grandes sumas sin excesivo control. Los países que salen de una dictadura militar y carecen de una tradición democrática están más expuestos. Es también el caso de España, y el de Grecia: el saqueo de lo público en beneficio privado. También es un asunto de clases sociales: los más ricos de Brasil parecen cansados de los programas sociales.
Más allá de las razones, acertadas o turbias, hay un hecho: la impopularidad de Dilma, que se puso de manifiesto durante el Mundial de fútbol, en el que se multiplicaron las marchas de protesta y los incidentes. Detrás de esos sentimientos se mueven los intereses.
Brasil está atrapado en medio de la tormenta perfecta: crisis económica, gastos desmesurados, corrupción sistémica. La hartura de los jóvenes tiene mucho que ver con su decepción política, su desesperanza: en quién confiar, dónde colocar sus utopías, los sueños de un cambio si los que venían a cambiar un sistema injusto han acabado devorados por el sistema. Pese todo a todo, Dilma y, de alguna manera Lula, conservan un halo (al menos fuera de Brasil) que los hace diferentes a los Temer y Collor de MelloCollor de Mello, el último presidente apeado del poder mediante el impeachment. Eran la esperanza del cambio.
La destitución provisional de Dilma ha recorrido el largo proceso constitucional, desde que una comisión especial de la Cámara de Diputados trasladara el caso al pleno. En el de abril, 367 de los 513 diputados que la componen votaron a favor de abrir un proceso de investigación y reemplazar a la presidenta mientras este dura.
La guerra de bandas en las cárceles de Brasil divide al país
El líder de esta cámara e impulsor del proceso, Eduardo Cunha, fue poco después apartado del cargo, también provisionalmente, por el caso de Petrobras. No es el único con problemas. Antonio Jiménez Barca, corresponsal de El País en Brasil, cita un informe de Transparência Brasil en el que destaca que el 53,7% de los diputados tiene cuentas con la justicia cuentas con la justicia; además de la corrupción hay delitos de tortura y robo. Estos legisladores son los encargados de juzgar la honorabilidad de Rouseff.
Será el Senado el que inicie en breve el proceso para determinar si la destitución es definitiva. De serlo, Temer seguirá hasta 2018, fecha en la que concluye el mandado electoral. Los senadores disponen de hasta seis meses, que serán de lucha por cada voto con la presión constante de la calle, a favor y en contra.
En la votación que confirmó la decisión de los diputados, 55 senadores votaron a favor de la destitución frente a los 22 que lo hicieron en contra. El Senado tiene 81 miembros. Dilma necesita que dos de los que votaron en contra cambien de bando y que no se sume ninguno más. El proceso, con los testimonios y presentación de pruebas, lo dirigirá el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski. Sea cual sea el resultado, la división del país es un hecho. Los JJOO llegan en mal momento, ya no servirán ni siquiera de distracción. La mecha está encendida.
Es difícil escribir sobre la destitución provisional de la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, que ha sido apartada del cargo durante 180 días mientras se resuelve definitivamente su impeachment (proceso de revocación). Se le acusa de maquillar el déficit creciente presupuestario. No se trata de un asunto de corrupción, que es la moneda corriente en el país, algo que afecta a importantes figuras políticas de distinto signo, incluidas las del Partido de los Trabajadores (PT) del que es dirigente junto a Lula da Silva. El más grave de todos es el de Petrobras, que salpica a Lula, pero no a Rouseff.