En la mañana de este lunes, a pocas horas del arranque oficial de la campaña electoral catalana, hemos conocido dos decisiones judiciales y un sondeo del CIS. El Tribunal Supremo mantiene a Oriol Junqueras y a otros tres dirigentes independentistas en prisión sin fianza, mientras un juez belga aplaza hasta el próximo día 14 su decisión sobre el “autoexilio” de Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers del Govern. Por primera vez, el CIS vaticina un posible triunfo de Ciudadanos, aunque también augura la imposibilidad de que alguien sume apoyos suficientes para poder gobernar. Lo único meridianamente claro, a día de hoy, es que el 21-D no se celebrarán unas elecciones “normales” (por más que Mariano Rajoy proclamara como principal objetivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución una “vuelta a la normalidad”).
- No es “normal” que varios candidatos en estos comicios permanezcan durante la campaña (y probablemente más allá) en prisión preventiva sin fianza. Frente a lo que mantuvo la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de forma colectiva sobre todos los acusados, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un auto de 25 páginas,no aprecia ya riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en ninguno de los políticos separatistas encarcelados. Sin embargo, individualiza las responsabilidades de cada cual para concluir que cuatro de ellos (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) podrían “perseverar en el delito” y volver a cometer “actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”. Esta variable de justicia preventiva se basa en considerar que los cuatro citados tuvieron un mayor peso que el resto en la “explosión violenta” que Llarena considera que se produjo en Cataluña.
- No es “normal” que el hecho de participar como candidatos en unos comicios autonómicos convocados desde el Gobierno central en aplicación del 155 sea interpretado en contra y no a favor de la presunción de que los inculpados acatan la legalidad. Según el auto, el riesgo de “reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”. De forma que renunciar expresamente a la vía unilateral de independencia y comprometerse a defender sus propuestas dentro de los cauces constitucionales sí sirve para poner en libertad a la expresidenta del Parlament (y también candidata de ERC) Carmen Forcadell, pero no vale con Junqueras, Forn y los ‘Jordis’, porque su protagonismo anterior en el Comité Estratégico que presuntamente diseñó la hoja de ruta independentista lleva al magistrado a sospechar que en el futuro volverán a las andadas, es decir a la organización de “actos graves” y “tumultos”. (Para mayor detalle, puede leerse pinchando aquí el análisis del auto que el catedrático de Derecho Penal Joan Carles Carbonell hace en el blog Al Revés y al Derecho).
- No es “normal” que la evidente (y argumentada) falta de credibilidad que el juez adjudica a los inculpados le lleve a obviar que decretar su libertad condicional bajo fianza y con otras medidas cautelares no equivaldría (ni en su caso ni en ningún otro) a permitirles reiterar los presuntos delitos de rebelión, sedición y mucho menos prevaricación o malversación, puesto que hoy serían fuera lo mismo que son dentro de la cárcel: simples candidatos a obtener escaño en el Parlament (Cuixart ni siquiera lo es). Es decir, no ostentarían ninguna función pública que les permitiera volver a salirse de la legalidad constitucional, y si esa amenaza llegara a producirse, podrían ser de nuevo encerrados, como el propio Llarena advirtió a los miembros de la Mesa del Parlament a los que sí concedió el beneficio de la duda. El magistrado prefiere respecto a Junqueras, Forn y los ‘Jordis’ “que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. Sin salir de prisión, a uno no se le ocurre qué forma habrá de comprobarlo, salvo someterlos al polígrafo o 'máquina de la verdad'.
- No es “normal” que haya que insistir en la obviedad de que tampoco ha sido “normal” el comportamiento de los dirigentes independentistas empeñados en una vía unilateral hacia la independencia que incumplía claramente la legalidad constitucional para instaurar una legalidad paralela que nadie en el mundo ha reconocido. Así es, y ese fracaso político es precisamente la base de la que los propios separatistas tendrían que partir en la campaña de este 21-D y tras las elecciones, pase lo que pase. Su responsabilidad en la fractura de la sociedad catalana es innegable. De ahí a impedir que ejerzan sus derechos políticos fundamentales manteniéndolos entre rejas en plena campaña electoral va un enorme trecho en el que la credibilidad en juego es la de la calidad democrática.
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- No es “normal” que desde el Gobierno se filtre con insistencia que "lamenta" la decisión judicial, con el argumento de que en realidad fortalece al independentismo y alienta el “discurso victimista”. El ministro de Justicia, reprobado por el Congreso, tiene la misma credibilidad en sus proclamas de respeto a la autonomía de la Fiscalía General como la que puedan tener Junqueras y compañía sobre su propósito de renunciar a la unilateralidad. Y es obvio que la vía penal no estaría hoy en el punto que está en relación con Cataluña sin la cruzada que protagoniza el ministerio fiscal, empeñado en solicitar prisión incondicional para todos los investigados. Por lo demás, el respeto a la separación de poderes y el acatamiento de las decisiones judiciales es simplemente una obligación del Ejecutivo (como de toda la ciudadanía), y en el caso del PP gobernante estaría bien que además de proclamarlo se abstuviera de cambiar de destino a los jueces que fallan en su contra en las múltiples causas abiertas por corrupción.
No. Definitivamente la campaña electoral estrenada esta madrugada no es “normal”. No puede serlo con un expresident de la Generalitat pretendiendo pasar por “exiliado” como si en España y en Cataluña no tuviéramos memoria de las diferencias entre una dictadura y una democracia, por imperfecta que ésta sea. Y tampoco lo será con candidatos encarcelados indefinidamente de forma preventiva. De qué forma afecte todo esto al resultado será un misterio hasta la noche del 21-D. El sondeo del CIS augura que el independentismo puede perder la mayoría en el Parlament, que Ciudadanos sería primera fuerza, que nadie contará con apoyos suficientes para gobernar… Pero todo eso era antes de conocerse el auto del Supremo, cuyos efectos pueden hacer variar también la correlación de fuerzas dentro del bloque independentista. ¿Cómo va a ser “normal” que la disputa por el liderazgo nacionalista se produzca entre un fugado y un preso preventivo?
P.D. En la mañana del martes hemos conocido un nuevo auto de Pablo Llarena por el que se retiran las euroórdenes en su día dictadas desde la Audiencia Nacional solicitando la detención de Carles Puigdemont y los otros cuatro ex miembros del Govern que le acompañan en Bruselas. Con esta decisión el magistrado intenta evitar que las autoridades belgas puedan entregar a los dirigentes huidos pero limitando los delitos por los que podrían ser enjuiciados en España. Lo cual, como argumenta Llarena, dejaría en peor situación legal a quienes se han quedado que a los prófugos. El auto obligará a Puigdemont a dar algún nuevo paso. Si no se entregan antes voluntariamente en España, tanto él como los demás tendrán que venir a tomar posesión de sus actas parlamentarias si son elegidos el próximo 21 de diciembre (salvo que prefieran abandonar la política y vivir fuera de España).
En la mañana de este lunes, a pocas horas del arranque oficial de la campaña electoral catalana, hemos conocido dos decisiones judiciales y un sondeo del CIS. El Tribunal Supremo mantiene a Oriol Junqueras y a otros tres dirigentes independentistas en prisión sin fianza, mientras un juez belga aplaza hasta el próximo día 14 su decisión sobre el “autoexilio” de Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers del Govern. Por primera vez, el CIS vaticina un posible triunfo de Ciudadanos, aunque también augura la imposibilidad de que alguien sume apoyos suficientes para poder gobernar. Lo único meridianamente claro, a día de hoy, es que el 21-D no se celebrarán unas elecciones “normales” (por más que Mariano Rajoy proclamara como principal objetivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución una “vuelta a la normalidad”).