Catorce años después del tamayazo que la llevó al poder en Madrid, Esperanza Aguirre dimite del último cargo político que ocupaba, y pretende hacer creer a la ciudadanía que da ese paso por “responsabilidad”, por no haber “vigilado más” a Ignacio González, su vicepresidente y sucesor, hoy encarcelado y de quien proclama sentirse “traicionada” y “engañada”. Es la enésima mentira de Esperanza Aguirre, por mucho que ella finja un mohín de emoción y vergüenza. Prefiere aferrarse a la ignorancia para no terminar siendo acusada de cómplice o, como mínimo, encubridora de un inmenso cenagal de corrupción. La gran actriz Aguirre echa el telón, pero sólo cuando sus principales compañeros de reparto están, por fin, en la cárcel.
Ha presumido siempre de dar la cara, pero ha terminado leyendo un breve texto de renuncia sin admitir preguntas, temerosa quizás de que alguien le cuestionara tantas falsedades.
“En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron [a Ignacio González] como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva”, sostiene Aguirre.
Quizás se refiera a abril de 2007, cuando mi compañero Manuel Rico firmó en la revista Tiempo informaciones que detallaban la clamorosa golfería protagonizada por el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II al adjudicar la explotación de un campo de golf en pleno centro de Madrid a una UTE en la que participaba una empresa montada por el socio del hermano y del cuñado de Ignacio González. O que documentaban la adquisición de un chalé valorado en 1,8 millones de euros complicado de pagar con el salario de un funcionario público. Si echó usted un vistazo a los papeles registrales y a los ingresos de su número dos sabe perfectamente que no pudo darle explicación alguna, ni simple ni exhaustiva, ni privada ni pública. Precisamente González está en la cárcel porque no tiene explicaciones razonables que justifiquen sus actos.
Quizás se refiera a enero de 2009, cuando el diario Público (entonces en papel) desveló toda una serie de adjudicaciones irregulares protagonizadas por su vicepresidente y nuevos detalles sobre su sorprendente patrimonio. Usted, como toda la cúpula del PP incluido Mariano Rajoy, tuvo acceso a un dosier de 69 páginas que desmenuzaba el emporio de su número dos. ¿Recordamos lo que hizo entonces Ignacio González en lugar de dar explicaciones públicas sobre sus propiedades y sobre los contratos que adjudicaba de forma clamorosamente irregular? Pues lo que hizo fue interponer una querella contra cuatro periodistas en la que nos reclamaba 600.000 euros por calumnias, injurias y por “orquestar” una “campaña” contra su honor. Tan acostumbrado estaba a usar los recursos públicos en beneficio propio que pretendía que en ese proceso le representaran los abogados de la propia comunidad de Madrid, cosa que el juez le impidió. La señora Aguirre sabe perfectamente que esa querella fue rechazada en primera instancia, en la Audiencia Provincial y finalmente en el Tribunal Supremo porque las informaciones publicadas eran veraces y los periodistas denunciados habían cumplido su obligación de contrastar los datos aportados. Precisamente González está en la cárcel porque todo lo que entonces publicamos era cierto y porque quien mentía y calumniaba al prójimo era él.
Quizás se refiera a abril de 2009, cuando la periodista Pilar Velasco, de la Cadena SER, informó de la existencia de un amplio dosier de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Y desveló el contenido de un vídeo grabado a Ignacio González junto a tres acompañantes, entre ellos el entonces gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, en un viaje oficial a Colombia. Juntos acudieron a una casa particular en Cartagena de Indias cargados de bolsas blancas, para salir de la vivienda diez minutos después sin bolsa alguna. En el mismo dosier ya se mencionaban algunas de las sociedades opacas en paraísos fiscales ahora investigadas, entre otras cosas por presuntos sobornos en distintos países. ¿Recordamos lo que hizo Ignacio González con el respaldo absoluto de Esperanza Aguirre? Poner una demanda contra Pilar Velasco por un presunto delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. La demanda fue archivada por la Audiencia de Madrid, que certificó la veracidad de la información y su interés general.
Quizás se refiera a 2012, cuando el diario El Mundo aportó la primera información sobre el famoso dúplex de Estepona comprado por el matrimonio González a través de un testaferro con un dinero cuyo origen investiga todavía un juzgado por su presunta relación con la Operación Arganda, el mayor pelotazo inmobiliario organizado por la trama Gürtel. Sobre este asunto habrá escuchado Aguirre, como todo ciudadano atento, la grabación de un encuentro entre Ignacio González y dos policías en el que hablan de cómo tapar el escándalo y frenar la investigación.
“Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía”, sostiene Aguirre en su comunicado de dimisión.
Casado afirma que Rajoy sólo debe seguir el ejemplo de Aguirre y dimitir si un ministro fuese acusado de corrupción
No sólo miente sino que esta aseveración supuestamente responsable es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos y demuestra además el concepto de democracia que defiende esa "Juana de Arco liberal" (así nombrada por Vargas Llosa)"Juana de Arco liberal". No se puede sentir engañada quien conoce perfectamente desde hace al menos diez años las irregularidades de su hombre de confianza. En lugar de haberlo despedido, lo que hizo fue designarlo sucesor, después de intentar colocarlo al frente de Caja Madrid. Si respetaran, ella y el propio Mariano Rajoy, las reglas democráticas, no hay que esperar a un auto de prisión para asumir la responsabilidad política sobre la corrupción. No quisieron atender a lo que señalaban “algunos medios” porque preferían escuchar los cantos de sirena y los enormes silencios protagonizados por la inmensa mayoría de las cabeceras mediáticas, por otra parte muy bien regadas de publicidad institucional, es decir con dinero público desde la Comunidad de Madrid y el propio Canal de Isabel II. Pese a la opacidad permanente, sabemos que Aguirre y González repartieron casi 55 millones de euros en anuncios del Canal entre 2006 y 2015 a los mismos medios que hoy se declaran absolutamente escandalizados tras la Operación Lezo.
El latrocinio de recursos públicos que en las últimas dos décadas se ha producido en este país, y en la comunidad de Madrid con especial saña, es de una gravedad que aún no se ha reflejado suficientemente en el plano político, pero cuyo alcance afecta a otras instituciones básicas para que una democracia pueda llamarse tal. Si se llegó a los extremos que estamos conociendo no es por el engaño o la traición de un cargo público concreto, sino por una corrupción sistémica que incluía empresarios que pagaban sobornos, políticos que aceptaban comisiones y dinero negro, financiación irregular al PP, periodistas y ejecutivos de medios que aplaudían o silenciaban y órganos judiciales que no cumplían su función. Así de claro. Los datos que hoy mismo aportamos en infoLibre sobre lo que hizo el hoy fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con la denuncia que en 2009 interpuso la Asociación de Vecinos de Chamberí contra el campo de golf gestionado por la familia González deberían ser suficientes para que se le exija el cese inmediato. La actuación protagonizada en los últimos meses por el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción con el apoyo o bajo instrucciones del ministro de Justicia (en Madrid, en Murcia, en Cataluña) constituye un verdadero atropello a la independencia judicial. Ya que el Gobierno no tiene el menor interés en corregir el rumbo, tendrá que ser el Parlamento quien le obligue a hacerlo.
Pese a su exquisita educación británica, la dimitida Esperanza Aguirre siempre ha disfrutado con el uso de expresiones soeces para ilustrar las sobremesas políticas y periodísticas. Una de sus sentencias preferidas al hablar de la capacidad de acierto y error en la actividad política era más propia de un sexador de pollos: “¡A cojón visto, macho seguro!”, solía exclamar, entre risas. El problema es que lo de González, Granados, López Viejo y tantos otros corruptos y corruptores no interesaba verlo. Esa ceguera voluntaria contamina a instituciones clave para la salud democrática. Aún no sabemos hasta qué punto.
Catorce años después del tamayazo que la llevó al poder en Madrid, Esperanza Aguirre dimite del último cargo político que ocupaba, y pretende hacer creer a la ciudadanía que da ese paso por “responsabilidad”, por no haber “vigilado más” a Ignacio González, su vicepresidente y sucesor, hoy encarcelado y de quien proclama sentirse “traicionada” y “engañada”. Es la enésima mentira de Esperanza Aguirre, por mucho que ella finja un mohín de emoción y vergüenza. Prefiere aferrarse a la ignorancia para no terminar siendo acusada de cómplice o, como mínimo, encubridora de un inmenso cenagal de corrupción. La gran actriz Aguirre echa el telón, pero sólo cuando sus principales compañeros de reparto están, por fin, en la cárcel.