Han tenido que pasar tres años y nueve meses de bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenace de forma más o menos clara con su dimisión si no se llega “con urgencia” a un acuerdo entre el Gobierno y el PP que permita, simplemente, cumplir el mandato legal. No nos engañemos: por muchos esfuerzos que ahora haga Lesmes para hacerse pasar por un héroe de la separación de poderes y la independencia judicial, lo cierto es que llega muy muy tarde, y que ese puñetazo en la mesa probablemente habría evitado hace más de tres años un altísimo porcentaje del descrédito acumulado por el órgano que representa.
Quizás sea cierto que debe pasar un tiempo (¿cuánto?) para calibrar la dosis de acierto o error en políticas trascendentes en términos de calidad democrática. (Me permito sugerir al hilo de esto la lectura del último ensayo de José Álvarez Junco, Qué hacer con un pasado sucio, para distinguir el grano de la paja y el rigor del sectarismo en algo tan sensible como la memoria histórica). Pero la conveniencia del reposo y la reflexión a la hora de analizar la realidad inmediata no exime del compromiso que obliga a historiadores, políticos o periodistas a acercarse honestamente lo más posible a la verdad de los hechos. Hay asuntos en los que la equidistancia es incluso peor que la mentira, porque falsifica lo que nos pasa y daña la convivencia con filtros que distorsionan la percepción de la realidad.
¿Cuánto tiempo habrá que seguir soportando esa reacción mediática equidistante ante el bloqueo de la renovación del Poder Judicial? Jueces, políticos y periodistas mienten cada vez que reclaman “un consenso para la renovación del CGPJ”, como si la responsabilidad pudiera adjudicarse a partes iguales. No es verdad, y lo saben.
Lo sabe perfectamente Carlos Lesmes, cuyo discurso de apertura del año judicial este miércoles (ver aquí) habría sumado “uno más” si nos quedáramos con su reclamación (contundente pero neutra) para que los dos principales partidos del arco parlamentario, PSOE y PP, alcancen un acuerdo que permita renovar la composición del CGPJ. Lleva Lesmes con ese mensaje cuatro septiembres, aunque nunca hasta ahora se le había ocurrido amagar con su dimisión para forzar el acuerdo político del bipartidismo (ver aquí). Ya era hora. ¿Se imaginan que ese puñetazo en la mesa se hubiera producido hace tres años? ¿Se habría atrevido el PP —de Rajoy, de Casado o de Feijóo—, a bloquear con excusas absurdas y variables (ver aquí) la renovación del gobierno de los jueces si su elegido se hubiera plantado en el momento oportuno y forzado con esa actitud a que hicieran lo mismo el resto de consejeros y consejeras, fueran conservadores o progresistas?
Dice Lesmes que “la situación política erosiona la Justicia”, y convendría responderle: la cúpula del Poder Judicial está erosionando la democracia. Cumplan y exijan cumplir la ley o váyanse. Ya están tardando
No cuela. Lesmes hace ahora lo que hace porque no tiene más remedio ante la visibilidad obscena con la que el partido que lo nombró persevera en su actitud antisistema (ver aquí). Quizás tuviera la ilusión de salir bien parado (vía Tribunal Constitucional) con el cambio de liderazgo en el PP, de Casado a Feijóo. Pero es evidente que el sector más conservador del CGPJ, en línea con la dirección del partido, preferiría quemarse a lo bonzo antes que ceder la mayoría como indica el mandato constitucional. Si pueden seguirán hasta las siguientes elecciones generales… y más allá.
¿Acaso lo hacen en defensa de la independencia de la justicia, o más bien de sus privilegios, sueldos y posiciones de influencia en el poder político? Puede cada cual comprobar datos, argumentos y excusas. Pero conviene que no nos dejemos arrastrar por el ruido: hay un Poder Judicial okupa gracias a la negativa del Partido Popular a cumplir el mandato constitucional. Si la principal alternativa de gobierno se empeña en exigir cambiar la ley antes de cumplir la que está vigente, no puede calificársele más que como antisistema. No busquemos bolivarianos o socialcomunistas ni caigamos en la trampa de la criminalización del oponente: un partido que aspira a gobernar España y boicotea su sistema institucional es exactamente lo que se define como antisistema, y unos magistrados que siguen ciegamente la estela de quienes les nombraron, más de lo mismo. Dice Lesmes que “la situación política erosiona la Justicia”, y convendría responderle: la cúpula del Poder Judicial está erosionando la democracia. Cumplan y exijan cumplir la ley o váyanse. Ya están tardando.
Han tenido que pasar tres años y nueve meses de bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenace de forma más o menos clara con su dimisión si no se llega “con urgencia” a un acuerdo entre el Gobierno y el PP que permita, simplemente, cumplir el mandato legal. No nos engañemos: por muchos esfuerzos que ahora haga Lesmes para hacerse pasar por un héroe de la separación de poderes y la independencia judicial, lo cierto es que llega muy muy tarde, y que ese puñetazo en la mesa probablemente habría evitado hace más de tres años un altísimo porcentaje del descrédito acumulado por el órgano que representa.