Uno venía dispuesto a arrancar el nuevo año con tranquilidad renovada, cargado de paciencia ante un curso político intenso e imprevisible. Pero no hay forma. Al tercer día de 2017 resucitó Trillo. Hemos conocido (a través de un adelanto de El País) el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 (aquí el documento completo, publicado por infoLibre). La indignación es inevitable, pero no tanto por lo que confirma ese dictamen (pendiente desde 2004 y firmado ahora unánimemente por consejeros de muy diferentes posiciones ideológicas) sino por algunas reacciones que hemos tenido que escuchar pocas horas después.
Aunque parezca mentira (o no), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido esto a la pregunta sobre el informe: "¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso? No lo he visto. Pero yo creo que ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años". Por si esta ofensiva declaración hubiera sido producto de un ataque espontáneo de insustancialidad debido al estado vacacional del presidente, un rato después se encargó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, de concretar la doctrina sobre la exigencia de responsabilidades: "La labor que pueda desempeñar [Federico Trillo] ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la que estuviera desempeñando hace veinte años".
Y entonces ya no queda más remedio que contar hasta cien antes de abalanzarse sobre el teclado para relatar simplemente unos cuantos hechos comprobables. Y que cada cual extraiga sus conclusiones y actúe en consecuencia.
1.- Sostiene el Consejo de Estado (con casi catorce años de retraso) lo mismo que han sostenido documentos oficiales y decenas de testimonios aportados a los distintos procesos judiciales y civiles: "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras (...), pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría" (Página 72 del dictamen). En román paladino: el accidente podría haberse evitado si las autoridades del ministerio de Defensa hubieran hecho algún caso a las alarmas que previa y reiteradamente les fueron señaladas sobre las peligrosas condiciones en las que volaban las tropas enviadas a Afganistán.
2.- El entonces ministro de Defensa, por tanto máximo responsable político en la gestión de lo ocurrido, achacó la catástrofe al mal tiempo y se ocupó después de ordenar que se trajeran a España los cadáveres (destrozados) de forma urgente para cumplir la agenda de protocolo funeraria que el Gobierno había organizado de acuerdo con la Casa del Rey. En lugar de abrir una investigación a fondo sobre las circunstancias del accidente, la prioridad consistía en enterrar los cuerpos y rendir honores urgentes a los militares fallecidos en presencia de las autoridades (in)competentes.
3.- Las pruebas de ADN realizadas meses después a instancias de los familiares y gracias al cambio en la titularidad del ministerio de Defensa tras las elecciones de marzo de 2004 demostraron que las identidades de (al menos) treinta de los cadáveres enterrados eran falsas.
4.- La investigación sobre las subcontrataciones del transporte de tropas españolas desveló irregularidades de todo tipo, tanto en el precio final cobrado por la compañía que fletaba el aparato (de origen ucraniano) como en las condiciones técnicas del mismo (la caja negra no funcionaba desde 45 días antes del accidente) o en las exigencias de formación de los pilotos y su plan de vuelo. En román paladino: el "cansancio y estrés" de la tripulación estaban garantizados de antemano porque esas eran las condiciones en las que volaban habitualmente, y altos mandos de Defensa tuvieron datos previos de esa escalofriante realidad.
5.- Dictamina el Consejo de Estado que (valga la reiteración) el Estado "es patrimonialmente responsable" del accidente, al tiempo que considera que las indemnizaciones económicas satisfechas a las familias de las víctimas en estos trece años largos han supuesto una reparación adecuada. En román paladino: el hecho de que los tribunales hayan sentenciado que no hubo delito penal no significa que no hubiera responsabilidad política sobre la catástrofe. Para confirmar algo tan obvio, baste recordar que Trillo y sus altos mandos intentaron cargar cualquier culpa en la compañía contratada bajo la obligatoria supervisión de la agencia de la OTAN encargada de la misma. Sin embargo, las indemnizaciones pagadas han corrido a cargo de los contribuyentes españoles, y en ningún caso el Gobierno reclamó el importe de las mismas a aquellos organismos o empresas. La Asociación de Víctimas del Yak42 (y el sentido común) indican que no se ha exigido porque la batalla está perdida ante las abrumadoras pruebas de que el accidente pudo haberse evitado.
6.- Dice Rajoy que "eso" (¡la muerte de 62 militares españoles!) "ya está sustanciado judicialmente". El empleo del término "eso", tan sustancialmente despectivo, ya describe la concepción moral que el presidente tiene sobre la muerte (quizás evitable) de 62 españoles, pero la obsesión de este hombre por confundir la responsabilidad penal y la política es sospechosamente pragmática: mientras los tribunales no condenen, da igual la magnitud del disparate cometido en la gestión política. Basta ver el recorrido de la Gürtel para comprobar esa estrategia sobre la corrupción. Y basta recordar aquella frase agradecida que el propio Rajoy soltó (13 de noviembre de 2011) durante un mitin electoral en la abarrotada plaza de toros de Valencia, rodeado de Barberá, Fabra, Rus... y dirigiéndose a un Federico Trillo presente y henchido de orgullo y satisfacción: "Has estado ahí, ocupándote de temas que... no vamos a calificarlos". De modo que lo principal, lo "sustancial", es esquivar la responsabilidad judicial, como sea.
7.- ¿Y cómo se ha sustanciado judicialmente el accidente del Yak-42? La demanda penal que buscaba responsables del accidente (o al menos de no haberlo evitado cuando se habría podido hacerlo) fue archivada en febrero de 2012 por el juez Fernando Grande-Marlaska 21 días antes de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ya estando él en ese cargo, la sección cuarta de esa sala rechazó los recursos presentados por la Fiscalía y por las familias de las víctimas. Hace unos meses, en una de las entrevistas concedidas durante la promoción de su autobiografía, Grande-Marlaska declaró: "Con el Yak-42 tengo la conciencia tranquila". Tres años antes, en 2009, la sección primera de esa misma Sala de lo Penal, presidida por Javier Gómez Bermúdez, había condenado al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes Jose Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por haber falsificado las identidades de 30 de los 62 cadáveres de militares fallecidos en el accidente. El general Navarro murió antes de ingresar en prisión y los otros dos condenados fueron indultados parcialmente por el Gobierno de Rajoy en Consejo de Ministros de 20 de abril de 2012, al poco tiempo de regresar al poder. En cuanto a la vía civil, un juzgado de primera instancia de Zaragoza condenó a la compañía UM Air, al broker responsable de la subcontrata y a la aseguradora Busin a indemnizar a 291 herederos de las víctimas del Yak-42. La Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Supremo confirmaron la sentencia.
8.- ¿Sirve de algo el dictamen del Consejo de Estado casi catorce años después de la tragedia? Debería servir, más aún cuando ha sido adoptado por unanimidad de un órgano por cierto presidido por un referente político de Rajoy, el exministro José Manuel Romay Becaría. Incluso aunque hubiera sido adoptado por alienígenas, lo cierto es que las 82 páginas del informe reflejan simplemente una clamorosa obviedad: aunque penalmente se hayan librado de una condena, hay responsabilidades patrimoniales (políticas) evidentes que señalan a las autoridades en aquel momento competentes. Por si no quiere acordarse, conviene apuntar que en aquella fecha (mayo de 2003), Mariano Rajoy no se dedicaba a hacer footing ni a caminar deprisa, sino que era vicepresidente primero del Gobierno de José María Aznar. En román paladino: Rajoy era quien coordinaba políticamente el Ejecutivo, interlocutor en Moncloa del ministro de Defensa Federico Trillo.
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9.- "Eso ocurrió hace muchísimos años", dice Rajoy. Los familiares de las víctimas del Yak-42 tienen la máxima autoridad para responder a este disparate, pero me atrevo a escribir que perder a un ser querido por culpa de una negligencia (médica, política, técnica, la que fuere) no se olvida así que pasen cien años. Al contrario: lo que provoca esa pérdida es una necesidad absoluta de buscar respuestas (no por venganza sino por justicia), porque esa es quizás la única forma de honrar la memoria de una muerte violenta y prematura. (Sé algo sobre lo que estoy diciendo, créanme).
10.- Defiende el portavoz del PP, Pablo Casado, la continuidad de Federico Trillo como embajador con el argumento de que la labor que desempeña ahora (embajador en Londres) no tiene relación alguna con la que tenía hace veinte años. ¡Qué oportunidad de callarse ha desperdiciado uno de los jóvenes valores del partido! Un señor que ha mentido, que ha despreciado a las víctimas de un accidente que pudo evitarse y que además cobró por asesorar a una constructora mientras era diputado debería quedar incapacitadopara representar a España como embajador en ninguna parte. (Por cierto, quien fuera número tres de Trillo en Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, fue premiado también con la embajada en Suecia. Este individuo se permitió tratar de "loca" a Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. Curra conserva la tarjeta de un psiquiatra "amigo suyo" que el tal Ugarte le entregó).
Las familias de las víctimas y los principales partidos de la oposición han exigido la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres. En realidad lo que habría que pedir sobre Trillo, tras la acumulación de casos por él protagonizados, es algo que la Obra a la que pertenece define como el infierno. Como mínimo procede firmar aquí para que este señor no represente a España (es decir a los españoles) en ninguna parte. Pero sólo cabe ser escépticos cuando su entonces jefe y ahora presidente del Gobierno reacciona diciendo que "eso" ocurrió "hace muchísimos años". ¡Manda huevos!, en expresión ya célebre del entonces presidente del Congreso, Federico Trillo.
Uno venía dispuesto a arrancar el nuevo año con tranquilidad renovada, cargado de paciencia ante un curso político intenso e imprevisible. Pero no hay forma. Al tercer día de 2017 resucitó Trillo. Hemos conocido (a través de un adelanto de El País) el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 (aquí el documento completo, publicado por infoLibre). La indignación es inevitable, pero no tanto por lo que confirma ese dictamen (pendiente desde 2004 y firmado ahora unánimemente por consejeros de muy diferentes posiciones ideológicas) sino por algunas reacciones que hemos tenido que escuchar pocas horas después.