La democracia pierde calidad cuando el debate público se instala en la polarización permanente, cuando no se deja margen alguno para la duda, para el contexto, para los matices y los detalles que aporta el conocimiento. En la confrontación simplista, en el puro ruido, siempre ganará quien más potentes altavoces tenga, quien más experiencia acumule en la pelea del barro, quien menos pudor o más desparpajo demuestre a la hora de mentir. O estás con Maduro o con Guaidó. Con el independentismo o con el nacionalismo español. O defiendes la ocurrencia del relator o acusas de traición a Pedro Sánchez. O vas a Colón o no eres patriota. Parece importar poco lo que más debería importarnos: la democracia, la convivencia, el respeto, la política como servicio público para resolver problemas y no como simple instrumento para acceder al poder o mantenerse en él.
Así que estás de parte de los taxistas o de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), lo cual te sitúa de inmediato como antiguo o moderno, proteccionista o liberal, a favor o en contra de la llamada “nueva economía” (cosa tan disparatada como pretender estar a favor o en contra de la realidad). Más allá (o más acá) de la argumentación que pone en huelga a los taxistas o que respalda el derecho de los VTC a competir deben estar los datos. Y entre los datos más desconocidos están los que vienen desvelando en infoLibre Ángel Munárriz y Manuel Rico sobre las empresas que dominan el negocio de los VTC en España.
Hemos documentado y publicado (pincha aquí) que una sola compañía radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas es la dueña de más de 140 empresas del sector en España. Esa sociedad, denominada Stone Peak Plum 4 Ltd, se sitúa en la cúspide de una estructura que incluye previamente otras cinco sociedades interpuestas, dos en España y tres en Luxemburgo. Lo primero que cualquier lego puede pensar al seguir el rastro de una empresa registrada en Madrid hasta llegar a un paraíso fiscal es que los propietarios de la misma intentan esquivar obligaciones con Hacienda. Es posible, pero no estrictamente necesario. Lo que sí consiguen sin la menor duda es envolver en una absoluta opacidad los nombres y apellidos de sus propietarios.
Y lo más grave es que la normativa española deja resquicios legales para que esa ofensiva falta de transparencia sea posible (pincha aquí). Por eso los portavoces del grupo empresarial “visible” en España (Moove Cars) invocan las llamadas “actas de titularidad real”, depositadas en el Consejo General del Notariado, para sostener que las autoridades españolas saben quiénes son los socios. Lo cual es un burdo truco y una falsedad, porque las citadas actas sólo obligan a dar el nombre de una persona física si posee el 25% del capital de una empresa. Si no, con poner el nombre de un administrador es suficiente, y la propia Agencia Tributaria no recibe esa información ni accede a ella salvo que se detecten indicios de irregularidades, por ejemplo blanqueo de capitales, en el curso de una investigación. Este mismo lunes publicamos (pincha aquí) los documentos registrales de las Islas Vírgenes que demuestran que ni siquiera allí, en el último eslabón de la complejísima cadena, figura más nombre propio que el de un "agente registrado", es decir el bufete de abogados donde firman los papeles: ni accionistas, ni administradores, ni las cuentas siquiera.
A estas alturas no debería aceptarse el más mínimo truco legal que permita mantener en el anonimato a ningún receptor de un contrato, concesión o bien de carácter público. Ya se trate de quien construye una carretera, gestiona la recogida de basuras u obtiene licencias para vehículos con conductor. Ni un solo euro de la caja de todos puede acabar en manos de quienes se esconden en un paraíso fiscal. ¿De qué coño (con perdón) sirven las listas negras (o grises) de paraísos fiscales si luego la legislación permite ocultar nombres y apellidos de quienes los siguen utilizando? Si la vía de escape es ese mínimo del 25% del accionariado para la exigencia de identificación (tan fácil de sortear que basta con dividir la titularidad entre varios parientes) habrá que rebajar y mucho ese porcentaje.
Para entendernos todavía mejor: si tu hija solicita una beca o tu suegra una ayuda para dependencia, la Administración correspondiente obligará a la identificación de la una y de la otra, aunque se trate de doscientos euros. ¿Por qué demonios alguien que accede a un bien público que le va a reportar un suculento negocio puede ocultar legalmente su identidad?
Hace casi seis años, cuando nació infoLibre, la primera investigación que abordamos (pincha aquí) fue sobre las empresas a las que el gobierno de Esperanza Aguirre concedía la gestión privatizada de hospitales públicos. El hilo societario del gigante empresarial entonces llamado Capio pasaba por Holanda y Luxemburgo para terminar en las Islas Caimán. El juez que instruyó la causa sobre esa privatización sanitaria nos pidió los documentos que probaban lo que publicamos y consideró también que no era de recibo que el receptor de contratos públicos se ocultara obscenamente en un paraíso fiscal. Eso mismo debería entenderse respecto a los que controlan miles de licencias de VTC.
La UE incluye a Emiratos Árabes Unidos y otros nueve países en la lista 'negra' de paraísos fiscales
No tienen toda la razón los taxistas en el conflicto aún no solucionado en Madrid ni en otras grandes ciudades. Que no existe solución simplista lo demuestra el hecho de que tampoco la han encontrado todavía en Nueva York, Berlín, París o Roma. Sostienen desde las fuerzas neoliberales lo que siempre sostienen: liberalización total y un fondo público o semipúblico de ayuda para taxistas arruinados. Lo de la regulación de la competencia para que la economía de libre mercado lo sea de verdad y no se reconvierta en capitalismo de amiguetes o imperios monopolísticos nunca ha gustado a las derechas. En general tienen alergia a todo lo que signifique supervisión, regulación, control o transparencia, y les importa menos que los recursos de todos recorran medio planeta para acabar en la nebulosa de cualquier paraíso fiscal.
Stone Peak Plum… Piedra Pico Ciruela… (Encima se cachondean).
La democracia pierde calidad cuando el debate público se instala en la polarización permanente, cuando no se deja margen alguno para la duda, para el contexto, para los matices y los detalles que aporta el conocimiento. En la confrontación simplista, en el puro ruido, siempre ganará quien más potentes altavoces tenga, quien más experiencia acumule en la pelea del barro, quien menos pudor o más desparpajo demuestre a la hora de mentir. O estás con Maduro o con Guaidó. Con el independentismo o con el nacionalismo español. O defiendes la ocurrencia del relator o acusas de traición a Pedro Sánchez. O vas a Colón o no eres patriota. Parece importar poco lo que más debería importarnos: la democracia, la convivencia, el respeto, la política como servicio público para resolver problemas y no como simple instrumento para acceder al poder o mantenerse en él.