Ustedes lo recuerdan perfectamente: en 2008 comenzó una feroz crisis económica que se tradujo en despidos masivos, rebajas de los salarios y recortes de las prestaciones sociales en buena parte del planeta. Nadie discutió que el responsable de aquella catástrofe había sido la desenfrenada especulación financiera e inmobiliaria producida por las políticas desreguladoras neoliberales. Y sin embargo, la respuesta a aquella recesión, como ustedes también recuerdan, fue más neoliberalismo.
Pues bien, muchos aún seguimos convalecientes de aquella crisis cuando se extiende universalmente una epidemia, la del coronavirus, que, como consecuencia de los recortes, las externalizaciones y las privatizaciones que tanto gustan a los neoliberales, sorprende a muchos de los servicios sanitarios públicos aún más débiles que hace una década. Es el caso de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde hace un cuarto de siglo. La población de esta comunidad ha crecido en medio millón de personas entre 2010 y 2018 mientras hay 3.300 profesionales menos en su sanidad pública, según informaba ayer El País. Unos profesionales a los que estos días hasta les faltan guantes y máscaras.
La situación es todavía más alarmante en la patria del neoliberalismo. Estados Unidos a la zaga del mundo en detección y respuesta al coronavirus, titulaba este lunes La Vanguardia. Estados Unidos, referente de tantas derechas, es ese país donde no hay sanidad pública y donde 28 millones de ciudadanos no pueden pagarse un seguro privado. Es ese país en el que, según una encuesta Gallup de diciembre de 2019, el 25% de la gente reconoce que no acude al médico ni tan siquiera en caso de enfermedad grave por no poder pagárselo. Y donde ahora apenas hay unas decenas de miles de pruebas de coronavirus disponibles para 327 millones de habitantes.
No soy de los que critican al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber actuado con mayor alharaca frente al coronavirus. Me ha gustado la sabia moderación con que nos ha ido informando el doctor Fernando Simón, coordinador de Emergencias Sanitarias. Notaba que el Gobierno no quería gritar ¡fuego! con el teatro lleno. Intentaba no contribuir a sembrar un pánico que no mejora la situación sanitaria, pero sí puede dañar irreparablemente a la economía. Ya me gustaría a mí que fuera de otra manera, pero España vive en gran medida de actividades como el turismo y la hostelería que exigen presencia y confianza.
La sociedad española ha demostrado entretanto un gran temple. No ha entrado en pánico en las ya muchas semanas en las que las cadenas televisivas –tal es su naturaleza– han convertido esta epidemia en espectáculo, en un Historias para no dormir basado en hechos reales. El miedo, ya lo sabemos, es muy comercial.
Solo este pasado lunes la sociedad española comenzó a dar signos de pánico con cierta compra masiva en supermercados tras las noticias sobre la suspensión de las actividades educativas en Madrid y Vitoria. Y es que, al final, el Gobierno había tenido que adoptar medidas espectaculares. En fin, puesto que eso es lo que se le exige, se me ocurre que una de esas medidas contundentes podría ser situar a la sanidad privada bajo control público. Nacionalizarla temporalmente, mientras dure esta crisis.
Se repite hasta la saciedad que el miedo es libre. Pues sí, lo es. Por ejemplo, yo no tengo miedo a que el coronavirus me afecte grave o mortalmente a mí o a mi gente. Comparto esto que escribió ayer Juan Carlos Escudier en Público: “Salvo que se nos haya tomado el pelo desde el comienzo, no parece que el Covid-19 vaya a ser la causa de nuestra extinción. De hecho, y no hay por qué dudarlo, todo indica que sus efectos son, por lo general, ligeramente más fuertes que los de la gripe común, otro virus con el que convivimos y que en España causa la muerte de unas 20.000 personas al año sin que se considere obligado hacer un recuento diario. Obviamente son preocupantes las víctimas de esta enfermedad, que nos era desconocida, pero en la inmensa mayoría de los casos la fiebre no nos llevará al otro barrio”.
A lo que sí le tengo miedo, como F.D. Roosevelt, es al miedo en sí mismo. Y en este caso, a los efectos socio-económicos del miedo. Me preocupa que se esté desencadenando otra recesión y que cientos de miles de españoles pierdan sus empleos, vean congelados o reducidos sus salarios y sus pensiones, pierdan servicios y prestaciones. No estoy chalado: no creo que nadie haya inventado el coronavirus con tales o cuales fines. Pero tampoco soy tonto: estoy seguro de que quienes van a pagar su factura son de nuevo las clases populares. Trabajadores asalariados, trabajadores autónomos, pequeños y medianos empresarios y comerciantes.
Pablo Casado, el del PP, ya ha propuesto combatir el fuego con gasolina: bajar los impuestos a las empresas, reducir la capacidad de gasto del Gobierno. Yo, en cambio, creo que la recesión debe ser combatida con el agua de planes de estímulo a escala gubernamental, europea y mundial. Los Gobiernos nacionales deben poder permitirse –temporalmente, mientras dure la crisis– un mayor gasto público para intentar compensar la caída de la demanda privada. La Unión Europea debe olvidarse por un momento de sus dogmas sobre el déficit y la deuda, y permitir que sus Estados miembros destinen amplios recursos a frenar la recesión sin ser penalizados por ello. Y los bancos centrales –incluido el europeo– deben poner dinero sobre la mesa.
Es la hora de lo público. Pero me temo que no va a ser así. La correlación de fuerzas es la que es.
Ustedes lo recuerdan perfectamente: en 2008 comenzó una feroz crisis económica que se tradujo en despidos masivos, rebajas de los salarios y recortes de las prestaciones sociales en buena parte del planeta. Nadie discutió que el responsable de aquella catástrofe había sido la desenfrenada especulación financiera e inmobiliaria producida por las políticas desreguladoras neoliberales. Y sin embargo, la respuesta a aquella recesión, como ustedes también recuerdan, fue más neoliberalismo.