¿Socialmonárquicos?

Me parece que Pedro Sánchez y el PSOE han exhibido exceso de celo en su oposición a que el Congreso de los Diputados investigue las presuntas corruptelas del rey emérito Juan Carlos I en el caso de las tarjetas black. Hasta los muy institucionalistas y conservadores letrados de la Cámara habían dado su níhil obstat a la investigación de un asunto protagonizado por Juan Carlos I cuando ya no ejercía de monarca, cuando ya había abdicado y su figura no estaba protegida por la absoluta inviolabilidad.

¿Obedece la actitud de los socialistas a la fe del converso? ¿Es que han terminado por transformarse en cortesanos tan castizos como los que justifican y hasta vitorean cualquier cosa que haga una testa coronada? Quiero pensar que no, prefiero atribuir el que se hayan alineado con el PP y Vox a su crónico temor a ser acusados por las derechas de tibios en materias como la monarquía y la unidad de España tal y como la estableció Felipe V.

Aunque no lo apruebo, puedo entender esto último. Bastante tienen Sánchez y los suyos con esquivar las feroces arremetidas de nuestras muy extremas derechas políticas y periodísticas en todos y cada uno de los episodios patrios, y con amortiguar el ruido de togas y de sables que propone robarles el gobierno. Esto, no obstante, no justifica el decir simplezas como la expresada hace unas semanas por el mismísimo Sánchez al afirmar que los casos de corrupción en los que podría estar implicado Juan Carlos I son un asunto personal que nada tiene que ver con la institución de la monarquía. Vamos, hombre, si Juan Carlos I consiguió tantos millones en negro fue por lo que había sido y sigue siendo institucionalmente. Al común de los españoles no nos dan comisiones por hacer de intermediarios en el negocio del AVE a La Meca. Y ningún magnate paga nuestros gastos con tarjetas de crédito opacas y a través de un coronel.

Son bastante flojos los argumentos que emplean Sánchez y los suyos para descalificar cualquier debate político o meramente intelectual sobre la monarquía. Por ejemplo, parapetarse en un sondeo del CIS que afirma que la monarquía no es ahora una de las preocupaciones más urgentes de los españoles. Pues sí, ya sabemos que estas son la pandemia, los daños causados por Filomena y la pérdida de cientos de miles de empleos y negocios, pero eso no impide que la Policía y la Guardia Civil sigan persiguiendo delitos. Y en el caso de las tarjetas black y las cuentas opacas en paraísos fiscales estamos hablando de posibles delitos cometidos por el anterior jefe del Estado. ¿Por qué negarse a que se investiguen en la sede de la soberanía popular?

Yendo al fondo del asunto, afirmar que el debate sobre la forma del Estado ya se zanjó en la Constitución de 1978 es convertir este texto en algo tan intocable como el Corán para los islamistas. Todas las constituciones son hijas de su tiempo y todas contienen elementos que pudieron ser más o menos útiles hasta que dejaron de serlo. Lo único sagrado en ellas son las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado español a título de rey por la decisión anunciada por el general Franco el 22 de julio de 1969. Dada la correlación de fuerzas existente durante la Transición, la mayoría de los demócratas tuvieron que aceptar incluir esta decisión en la Constitución de 1978. Si querías tener un mínimo de democracia, tenías que tragar con la monarquía.

Con su actuación el 23-F, su campechanía personal y su utilidad como relaciones públicas internacional, Juan Carlos I se fue ganando el puesto en el último cuarto del siglo XX. Pero incluso la mayoría de los socialistas seguían declarándose republicanos y decían aceptar el juancarlismo por meras razones pragmáticas. En cuanto a Felipe VI, no fue proclamado jefe del Estado en 2014 por haber ganado unas elecciones o unas oposiciones, ni por estar preparadísimo para el cargo como parecen creerse algunos, sino por el mero hecho de ser hijo de sus padres.

El argumentario del juancarlismo sostenía que la monarquía podía ser útil para los españoles siempre que fuera honesta y barata, apaciguara las tensiones territoriales y no nos metiera en líos y escándalos adicionales. Pero desde hace una década larga hay sobradas razones para dudar de su utilidad. Juan Carlos I tuvo que abdicar tras el caso Urdangarin, la cacería de Bostwana y los enredos de Corinna. Le sucedió Felipe VI y en su primera intervención política, su discurso sobre Cataluña de octubre de 2017, metió la pata hasta el corvejón. En vez de intentar calmar las aguas, de proponer la moderación, el diálogo y el acuerdo, se presentó como el beligerante líder de una parte del pueblo español.

En estas estábamos cuando, en plena pandemia, supimos que Juan Carlos I había cobrado mordidas durante su reinado y luego había seguido embolsándose dinero sucio de aquí y allá. ¿A esto le llaman un factor de unidad y estabilidad? Diríase más bien que la monarquía se ha convertido en otro de los muchos problemas patrios.

No pretendo que el PSOE lidere el republicanismo al grito orteguiano de Delenda est monarchia. Tan solo que sea más cauto, que sepa ponerse de perfil, que no se signifique. O que si quiere significarse en defensa de la jefatura de Estado hereditaria, vitalicia e irresponsable lo haga con argumentos más sustanciosos. Las derechas son más coherentes al invocar el tradicionalismo españolista para inclinarse ante cualquier cosa que haga o diga el monarca.

Me parece que Pedro Sánchez y el PSOE han exhibido exceso de celo en su oposición a que el Congreso de los Diputados investigue las presuntas corruptelas del rey emérito Juan Carlos I en el caso de las tarjetas black. Hasta los muy institucionalistas y conservadores letrados de la Cámara habían dado su níhil obstat a la investigación de un asunto protagonizado por Juan Carlos I cuando ya no ejercía de monarca, cuando ya había abdicado y su figura no estaba protegida por la absoluta inviolabilidad.