La democracia occidental y Esperanza Aguirre

Me gusta la palabra inglesa accountability; significa la obligación de rendición de cuentas. Es uno de los pilares del sistema democrático y afecta a todo servidor público, sea funcionario o presidente del Gobierno. Se practica en Alemania, EEUU, Reino Unido, Holanda y en los países escandinavos, entre otros. Para que exista esa obligación de explicar los actos y los gastos debe existir una ciudadanía crítica que los demande y una clase política que entienda su trabajo como un servicio a la comunidad. En este tipo de países se aceptan los errores, sobre todo si se explican bien, lo que no se tolera es la mentira, que es el primer síntoma de la corrupción. El esquema de la representación se basa en la confianza y esta nace de la transparencia y el control, y de la capacidad del sistema de detectar a los que no cumplen y sacarlos del terreno de juego.

Donde la exigencia ética es alta es porque existe una conciencia ciudadana de lo que significa el bien común y no se confunde Estado con Gobierno, y menos aún Gobierno con finca particular. El termómetro de intolerancia no está en la cantidad defraudada, sino en el hecho de defraudar; que un político no sepa distinguir entre sus gastos personales y el dinero de todos le obliga a dimitir. Fue el caso de la prometedora viceprimer ministra sueca Mona Shalin, que tuvo que dimitir cuando era la favorita para sustituir a Ingvar Carlsson, primer ministro y líder del Partido Socialdemócrata sueco.

Tuvo que dimitir en 1994 porque pagó con la Riksdag credit card, la tarjeta oficial, varios gastos menores, entre ellos unas tabletas de Toblerone. Sus gastos privados ascendieron a 47 euros. Eso fue suficiente. Tuvo que dimitir. Tardó tres años en volver a un cargo menor y reiniciar su carrera. Antes tuvo que escribir un libro en el que pedía disculpas a la sociedad.

En España hay una presidenta regional de un partido conservador que accedió a la presidencia de su comunidad hace 12 años gracias a la ausencia de dos diputados socialistas comprados por una trama empresarial en la que el tesorero regional de dicho partido conservador estaba implicado.

La lideresa, que llamaremos para que nadie se pierda, Esperanza Aguirre, logró la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a ese turbio asunto que la prensa llamó el Tamayazo, debido al nombre de uno de los implicados. Aguirre, que por supuesto dijo no saber nada, organizó una comisión de investigación y puso al frente de la misma a Francisco Granados, que era uno de sus delfines. La comisión se cerró sin conclusiones. Ahora vuele a son el runrún del fraude. 

Este Granados,  que llegó a ser número dos de la Comunidad de Madrid, fue el jefe de una trama corrupta llamada Púnica que se embolsó millones. Ahora está en la cárcel y Aguirre dice que nunca fue de su confianza. También ha tenido la trama Gürtel, otro mangoneo al por mayor, el caso Fundescam, sobre una presunta financiación ilegal de sus campañas electorales. También aparcó en un carril bus, discutió con los agentes que la multaban, se dio a la fuga tirando una de las motos. Aguirre no tiene problemas porque al parecer ella no toma Toblerones.

La ministra de Educación y Ciencia de Alemania, Annette Schavan, muy amiga de Ángela Merkel que la tenía como la mejor en su puesto, tuvo que dimitir en 2013 al descubrirse que había plagiado su tesis electoral 33 años antes. Un sitio de internet llamado Cazador de párrafos levantó las primeras sospechas y la revista Der Spiegel las concretó. La Universidad de Düsseldorf anuló su título de doctora y la ministra tuvo que presentar la dimisión. ¿Cómo se puede confiar en alguien que miente sobre sus habilidades y su formación? Dos años antes, en 2011 tuvo que dimitir también por plagiador el ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg que había copiado párrafos enteros.

El director del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, fusiló también párrafos enteros de otros para un libro editado por la Universidad a Distancia. Se llama José Antonio Martínez Álvarez y no ha dimitido. Este caso, lo habrán imaginado por los apellidos, pertenece al mismo país que el caso de la lideresa Aguirre.

El ya expresidente alemán, el democristiano Christian Wulff, tuvo que dimitir por haber concedido un aval de cuatro millones de euros al empresario David Groenewold, quien en el mismo año pagó al matrimonio Wulff unas lujosas vacaciones en el Mar de Norte.

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Chris Huhne, exnúmeros dos de los liberal demócratas, es un experiodista y político británico que tuvo que dejar el cargo de ministro de Energía por un delito cometido en 2003, cuando viajaba en coche con su entonces esposa Vicky Price, en dirección al aeropuerto de Stansted. Un radar detectó su velocidad excesiva: 111 kilómetros por hora en vez de 80. A Huhne se le ocurrió la idea de decir que era Price quien conducía para librarse de la pérdida de puntos. Diez años después, ya separado de su mujer tras elegir a su amante Carina Trimingham, Price reveló los detalles de ese incidente. La fiscalía abrió de inmediato una investigación. Huhne tuvo que dejar el ministerio y escaño. Fue condenado a ocho meses de cárcel.

Poco antes, David Laws tuvo que dimitir como número dos del Tesoro cuando se descubrió que había falseado sus cuentas de gastos como diputado. Laws trataba de ocultar que el hombre con el que compartía su vivienda era su pareja sentimental. Duró en el cargo 17 días.

¿Y Esperanza Aguirre? ¿Y la sede en B de Génova 13? ¿Y los sobresueldos? No más preguntas, muchas gracias.