Las desiguales consecuencias políticas de la desigualdad social

España se ha convertido en uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Según datos del Eurostat, en 2011 nuestro país compartía con Portugal, Bulgaria y Letonia el primer puesto en el ranking de desigualdad, medido por el indicador estándar, el índice Gini. Antes de la crisis, la desigualdad en España se situaba por encima de la media europea, pero por debajo de diez países, entre ellos, Gran Bretaña.

El deterioro económico no explica por sí solo la expansión de la brecha social en España. Otros países del Sur de Europa, como Grecia y Portugal, han refrenado en estos años de recesión el auge de la desigualdad social. Según muestra un Informe recientemente publicado por la Fundación Alternativas, la altísima tasa de paro, especialmente entre los responsables del hogar, así como la debilidad de nuestro sistema de protección social, aún más endeble tras los recortes, explican en gran medida por qué España empeora más que otros países su posición en la clasificación del índice Gini.

Es inevitable asociar la descomposición del sistema de partidos que se observa en las encuestas al aumento de la desigualdad social. Obviamente, no es el único factor, pero posiblemente sí sea, junto con la corrupción, uno de los más relevantes. El último barómetro del CIS, del mes de enero, revela que casi la mitad de los españoles con derecho a voto se siente políticamente huérfano: de celebrarse elecciones generales, casi uno de cada dos no acudiría a las urnas, votaría en blanco, votaría nulo, no sabría a quién votar o no lo revela. En enero, el porcentaje de potenciales abstencionistas era el más alto desde 1996, cuando arranca la publicación de la serie histórica. Igualmente, la valoración de la situación política era la peor, así como también lo eran las valoraciones del gobierno y del principal partido de la oposición. En la España democrática, la política, medida por el crédito que le otorgan los ciudadanos, nunca había atravesado un momento tan negativo como éste.

La descomposición del sistema de partidos español es, en estos momentos, un escenario posible, si nos atenemos a los estudios demoscópicos. Hay razones para pensar que estamos entrando en un período convulso.

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Una razón fundamental es el choque entre el aumento de la desigualdad y las preferencias políticas ciudadanas. Las encuestas muestran que los españoles se inclinan más por la igualdad que los ciudadanos de otras democracias europeas. España es el país europeo con un mayor porcentaje de ciudadanos ubicados en la izquierda. Los estudios del CIS sobre actitudes ante la fiscalidad y las políticas de gasto, además, muestran una preferencia clara por la redistribución: son más los españoles dispuestos a pagar más impuestos para aumentar la protección social, que los que optan por una menor carga fiscal con menos políticas de bienestar. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España las personas que se definen de derechas también defienden la igualdad. Por ello, no es de extrañar que la sanidad haya saltado ya a los primeros puestos del ranking de principales problemas del país: los ciudadanos están alertas y dispuestos a señalar los ataques al Estado de Bienestar.

El efecto de la desigualdad en la convulsión del sistema de partidos podría, sin embargo, concentrase en mayor medida en la izquierda que en la derecha. Los conservadores cuentan con dos frenos importantes en su posible descomposición. Por un lado, la disciplina de voto de los electores de derechas, que se coordinan en su apoyo a un solo partido y lo hacen, al menos muchos de ellos, contra viento y marea. La intención de voto al Partido Popular ha descendido considerablemente en esta legislatura, pero es probable que el suelo electoral del PP le permita situarse nuevamente como partido más votado. Por otro lado, en un estudio que llevé a cabo hace unos años de 83 democracias entre 1950 y 2000, mostraba que las caídas de gasto público incidían sobre todo en el apoyo a los partidos progresistas en el gobierno, que perdían votos, mientras que apenas afectaba a los partidos conservadores. Los ciudadanos de las democracias premian a la izquierda cuando ésta apuesta por la redistribución, pero no castigan a la derecha cuando no lo hace.

El empobrecimiento de la sociedad española y la desigualdad creciente podrían descomponer el mapa político del centro izquierda y de la izquierda, desembocando en un sistema desigualmente fragmentado. El principal beneficiario de esta desintegración sería el PP, que lograría amortiguar el coste político de su gestión de la crisis económica.