El pasado viernes, 28 de septiembre, se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Desde hace 16 años, esta jornada tiene como objetivo reivindicar el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas, algo esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos clave para mejorar nuestra calidad democrática. Con este motivo, durante la pasada semana se celebró en Cádiz el Congreso Internacional de Transparencia 2018, culminado con la Declaración de Cádiz rubricada por la Red de Consejos de Comisionados de Transparencia y apoyada por más de treinta organizaciones sociales.
Transparencia ha sido en los últimos años una de las palabras de moda. Ahora bien, ¿de qué hablamos exactamente? La transparencia debe ser entendida como un elemento clave para la participación, con el objetivo final de mejorar nuestra calidad democrática. Si las medidas adoptadas en aras de una supuesta transparencia no sirven para mejorar nuestra calidad democrática, ¿de qué estamos hablando? Por eso, transparencia tiene que ser trazabilidad, una apuesta por explicar y conseguir hacer entender aquello que se quiere hacer transparente. Es decir, algo más parecido a una lección de anatomía capaz de explicar el cuerpo humano, que a un morboso, excitante y mareante estriptis. ¿Qué tipo de transparencia aplican nuestras instituciones, y cuál demandamos la ciudadanía?
En España, el Derecho a Saber fue reconocido en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Bueno Gobierno, y complementado a su vez por distintas normas aprobadas en las Comunidades Autónomas. El preámbulo de la Ley debería estar tallado en el frontispicio de todo edificio público, como las marcas de los canteros que producían los sillares con los que se construían los templos en la antigüedad. Dice, nada menos: "La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de las y los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede llegar a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación".
Como se ve, el preámbulo de la Ley apela a dos actores: una sociedad "crítica, exigente y que demanda participación", y una administración pública que "se somete a escrutinio". Parece sencillo, pero a nada que se profundice se verá que no lo es tanto.
La primera parte, la que alude a una sociedad "crítica, exigente y que demanda participación", daría para mucho. ¿Queremos conocer los procesos, las causas y las consecuencias, o preferimos entretenernos en el cotilleo de la siempre morbosa vida de los políticos? ¿Nos interesan las políticas públicas o las vidas privadas de quienes se asoman a diario a las pantallas de nuestras televisiones? ¿Somos capaces de asumir el esfuerzo de estar formados e informados como sería necesario para que este ideal se cumpliera? Se atribuye a Oscar Wilde aquello de que "el socialismo te quita muchas tardes libres". Sustitúyase socialismo por democracia y encontraremos un buen hándicap para materializar nuestro ideal. Menos mal que organizaciones como las más de treinta que firman la Declaración de Cádiz, y otras similares, hacen un encomiable trabajo no sólo para que la administración pública vaya rompiendo su opacidad, sino para que la sociedad en su conjunto reclame y ejerza este derecho.
La otra cara de la moneda es una administración pública dispuesta a someterse a escrutinio. Aquí llegamos, posiblemente, al fondo del asunto. Por ejemplo, si de contrataciones se trata, la transparencia debería permitirnos entender por qué se quiere contratar, para qué se contrata, con qué criterios se adoptan las decisiones, qué recursos se emplean -los previstos inicialmente y los que finalmente se pagan-, y qué impacto tiene esa contratación, obra o servicio, en el conjunto la sociedad. Y todo ello utilizando una comunicación clara y fácilmente accesible sin necesidad de ser un especialista en la materia. Es más: el conocimiento experto habrá tenido que jugar su papel precisamente en hacer comprensible lo complejo. Cualquiera que haya tenido que explicar algo a alguien, en público o en privado, habrá comprobado que hay que saber mucho de un tema para explicarlo de forma que pueda entenderse fácilmente. Convertir lo complejo en sencillo -que no en simple- es todo un arte que requiere de mucho conocimiento, y uno de los espacios donde el saber especializado puede cumplir un importante papel en las sociedades democráticas.
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Pero no sólo hablamos de contrataciones, ya que aún siendo la parte más jugosa y digna de atención de las instituciones públicas por haber resultado ser uno de los centros de prácticas irregulares o directamente de corrupción, no es el único aspecto de la administración que debería someterse a los criterios de transparencia. La última semana nos dejó un fantástico ejemplo con el último barómetro del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas, como recordaba Luis Arroyo hace unos días en este mismo espacio, es un lujo del que no todos los países disponen, con un buen número de profesionales de prestigio que encabezan investigaciones cuantitativas y cualitativas, si bien nuestra atención suele ir directa a aquellos barómetros que incluyen intención de voto y que, a partir de ahora, según ha anunciado su director el catedrático de sociología José Félix Tezanos, se incorporará cada mes. La polémica saltó, como suele ser habitual, sobre la famosa "cocina", es decir, la forma como se calcula la estimación de voto, sin la que es imposible hacer una proyección. En materia de transparencia el CIS ha ido avanzando mucho en los últimos años: los barómetros se hacen públicos en la web, y los microdatos -es decir, las respuestas en bruto- se cuelgan, aunque inexplicablemente se haga unas semanas después. En aras de la transparencia, y con el objetivo de entender el proceso que lleva a esas esperadas proyecciones, el CIS podría hacer dos cosas, perfectamente compatibles entre sí: hacer públicos mucho antes esos microdatos, de forma que, en coherencia con la filosofía del open data, cada especialista pudiera hacer después su proyección como prefiera, y/o hacer una proyección propia publicando de forma inmediata la receta de la famosa cocina. De esa forma, no sólo se zanjaría buena parte de la polémica, sino que la fotografía de la sociedad española sería más nítida. Un primer paso se ha dado con la nota hecha pública tras la polémica, pero queda mucho camino por recorrer.
El colmo del morbo se alcanza con la publicación del patrimonio de los políticos. Parece que conociendo lo que cada cual posee se da por zanjado el escrutinio sobre su provecho económico, pero, ¿qué nos importa conocer su patrimonio, conseguido con anterioridad a su nombramiento como representante político? Lo relevante, a mi entender, sería saber si, a consecuencia del desempeño de su cargo público, su patrimonio se ha acrecentado de forma sospechosa, algo que difícilmente podremos deducir con el desnudo de su declaración de bienes.
Como puede verse, si entendemos que la transparencia es un elemento clave para la participación, y ésta a su vez lo es para la calidad democrática, debe ser entendida como trazabilidad de los procesos y claridad de lo mostrado con una buena dosis de pedagogía. Algo bastante alejado del morboso -y en el fondo, bastante opaco y embustero- estriptis al que nos estamos acostumbrando y más parecido a una lección de anatomía que nos ayude a entender. Puede que no sea sexy, pero es más interesante. Sobre todo si el que se contornea en la barra en ropa interior es alguien como Villarejo.
El pasado viernes, 28 de septiembre, se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Desde hace 16 años, esta jornada tiene como objetivo reivindicar el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas, algo esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos clave para mejorar nuestra calidad democrática. Con este motivo, durante la pasada semana se celebró en Cádiz el Congreso Internacional de Transparencia 2018, culminado con la Declaración de Cádiz rubricada por la Red de Consejos de Comisionados de Transparencia y apoyada por más de treinta organizaciones sociales.