Se juntan un juez, un militar y un notario...

Podría parecer un chiste de aquellos tan comunes en los años setenta y ochenta donde aparecían perfiles muy diversos en un escenario puramente exótico como un avión, un globo aerostático o un submarino con el fin de poner en valor atributos tan orgullosamente patrios como la picaresca, el regate corto o la chulería que acaban triunfando frente al rigor o la lógica. Podría parecer también la escena de una película de Berlanga radiografiando la esencia de una sociedad burguesa y caduca dando sus últimos estertores. Podría parecerlo, pero lamentablemente no lo es, se trata más bien del titular de una noticia periodística de cualquiera de los últimos días donde para sorpresa de propios y extraños son estos referentes más propios de otras épocas quienes marcan la política patria.

Empezamos por un juez que junta el clasismo con el machismo y, por cierto, con la ignorancia para pronunciarse políticamente sobre las normas que ha de aplicar jurídicamente. Que se manifiesta saltándose la separación de poderes, el respeto debido al legislativo, a la mayoría social trabajadora y a las mujeres, para expresarse desde un púlpito de superioridad que obviamente no tiene y no puede ni debe arrogarse. Cuando muchas juristas y feministas hablábamos del patriarcado en la judicatura nos referíamos a esto, y para desgracia de todas no nos equivocábamos. ¿Quién les va a contar a ellos lo que es el consentimiento? No seremos nosotras, ni las violadas ni las agredidas, que ya se sabe que no sabemos distinguir entre el buen sexo y un abuso. Aquí surge su mayor inteligencia para decirnos si aceptamos o no en función del tamaño de la falda o la violencia ejercida, y todo ello nada menos que el 25 de noviembre, con todo el dolor que levanta.

Luego está el militar, que o no se entera de que la vicepresidencia de un gobierno regional es un cargo político, o pretende confundirnos sobre el valor de la política

Luego está el militar, que o no se entera de que la vicepresidencia de un gobierno regional es un cargo político, o pretende confundirnos sobre el valor de la política, su importancia y su carácter de representación y gobernanza popular. Pretender revestir de una pátina puramente técnica lo que ha supuesto una clara bomba de humo sobre la responsabilidad del Sr. Mazón en el desastre de la gestión de la dana en Valencia es tomarnos el pelo, y tiene un tufillo autoritario preocupante en la medida en que se pretende lanzar el mensaje de que la acción política no sirve y han de llegar las fuerzas de siempre a salvar al pueblo.

Y luego está la cuestión que envuelve a la presencia de un notario y una notaría en todos los periódicos, y que consiste en que después de una declaración confesa de fraude fiscal, y por tanto de la comisión de un delito, en un ejercicio de carambola judicial inédita para servidora, quienes acaban imputados son el fiscal general del Estado y veremos cuántos más que lo que trataron fue de desmentir un bulo al respecto. Y aquí aparece el notario, que surge cuando, como consecuencia del fuego amigo, y de o mala fe o torpeza evidente del líder del partido socialista de Madrid, va a certificar su muerte política.

En fin, que resulta que se juntan un juez, un militar y un notario y quien pierde es la democracia, con una carcajada final de un rendido público de prebósteres que se recuerdan a sí mismos que siguen mandando, que pueden llegar gobiernos legítimamente elegidos a transformar la sociedad, pero que ya están ellos para inaplicar la ley o ignorar las señales más claras de crisis climáticas, porque los muertos y las víctimas son siempre los y las otras, y porque ya pueden defraudar o lucrarse que serán otros los que caigan.

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María José Landaburu Carracedo es doctora en Derecho y experta en derecho laboral.