Gobernar sin presupuestos

No es ninguna novedad en este país que el Gobierno no consiga aprobar presupuestos. No lo es ni en el Gobierno del Estado ni en las comunidades autónomas. No lo es ni en la memoria reciente ni en la más antigua en democracia. Hasta cuarenta veces no se han presentado en tiempo y forma los presupuestos y España no ha colapsado.

Cierto es que resulta una obligación constitucional para el Gobierno de turno presentarlos y en mi opinión también un mandato constitucional intentar sacarlos adelante por difícil que sea el juego de la mayoría parlamentaria, porque para eso está prevista la ratificación del legislativo en toda la teoría política. Se trata de que las cuentas públicas, los recursos colectivos, se pacten en términos territoriales, ideológicos y hasta coyunturales, de ahí la ratio de presentación anual.

Ahora bien, esa misma lógica de separación de poderes permite al Gobierno seguir trabajando aun cuando no salgan adelante los presupuestos mediante una prórroga de los anteriores, porque gobernar es mucho más que renovar las cuentas y esta facultad está atribuida en concreto al Ejecutivo.

Gobernar no es solo sacar adelante las atribuciones legislativas reglamentarias que corresponden al poder ejecutivo y aprobar los presupuestos. Gobernar es hacer que el país funcione y cumpla sus compromisos, también los internacionales. Que la economía crezca, que se genere empleo, que los impuestos se recauden, que la estructura administrativa de servicios sea efectiva, que baje la inflación, que se suba el SMI, hacer posibles los pactos y acuerdos con interlocutores sociales y económicos. Gobernar es que sea española la vicepresidenta de la Comisión Europea con más poder de la historia y pueda implementar las sensibilidades patrias como sucedió con la excepción ibérica. Gobernar es superar la mayor crisis política de las últimas décadas y relegar las posiciones independentistas catalanas a la minoría. Gobernar es que un presidente de la Generalitat de Cataluña se reúna con el Rey. Gobernar es que sea España quien dé asilo político a Edmundo González.

Gobernar es hacer que el país funcione y cumpla sus compromisos, también los internacionales

No quiero minimizar el papel de los presupuestos, todos sabemos a estas alturas que casi doce mil millones de euros derivados de la gestión económica y política estatal no podrían aplicarse a las comunidades autónomas ni a ayuntamientos de toda España, y con ello se iría por el sumidero (al menos las que tengan entre sus prioridades) la capacidad de mejorar asuntos de su competencia tan relevantes como la sanidad o la educación, o las aceras de la plaza. Por eso creo aquí que la responsabilidad es compartida. No podemos ignorar el liderazgo que el Ejecutivo ha de tener en estas negociaciones, pero quien vote que no tendrá que explicar qué razones basadas en los números o la filosofía de los propios presupuestos les inducen a dicha negativa, porque si no lo hacen, vamos a tener que concluir que los procesos congresuales de los partidos a los que obedecen son la única razón, o quizás también que el cuanto mejor peor para todos sigue siendo el leitmotiv de la derecha de este país.

Sea como sea, y respetando las posiciones de cada cual, deberíamos empezar como ciudadanos a exigir que las fuerzas parlamentarias hagan política con otros asuntos, que los tienen. La vivienda es uno de ellos, clave para distintas generaciones que se van sucediendo sin que se solucione algo tan fundamental como tener un techo; las comunicaciones con determinadas partes del país vaciadas a golpe de olvido público en términos de servicios; o cómo encarar la transformación tecnológica y la ecológica, que van a exigir grandes mutaciones y no pueden recaer sobre la espalda de la clase trabajadora. Y desde luego afrontar la violencia machista por la que se desangra nuestra sociedad de manera constante.

Si les parece poco todo esto y cuanto callo, pues muy bien, dedíquense a oponerse a cualquier cosa, pero recuerden que gobernar es otra cuestión, y legislar también.

__________________________

María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.