Los audios, documentos y chats que desmontan el negacionismo del PP sobre su 'policía patriótica'

El PP insiste en la inexistencia de la policía patriótica. Y lo hace a pesar de la montaña de evidencias acumuladas en la última década que revelan el uso de medios policiales para limpiar su propia casa y disparar contra la de sus adversarios políticos. Negacionismo puesto de manifiesto en la comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña. Tanto la exministra de Defensa y exsecretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, como la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho hablaron esta semana en el órgano del Congreso de los Diputados de "ficción" e "invención". Un guion que han seguido al milímetro desde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hasta el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

De la existencia de una supuesta guerra sucia comenzó a hablarse a finales de 2014. Aunque por aquel entonces, dirigida contra un movimiento independentista que empezaba a dar sus primeros pasos en busca de un referéndum en Cataluña. El Ejecutivo de Rajoy negó tajantemente la existencia de una brigada dedicada a espiar a los adversarios. "Estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que ustedes vean persecuciones incluso en sueños", llegó a decir Fernández Díaz en el Congreso. Una línea que diez años después mantienen desde Génova, donde siguen hablando de la "inexistente policía patriótica".

Los conservadores se mantienen en el negacionismo pese a los audios, testimonios, documentos y mensajes que apuntan, precisamente, en la dirección contraria. Y pese a la existencia de una causa judicial, Kitchen, en la que el instructor da por acreditada la puesta en marcha durante la era Rajoy de un operativo parapolicial con fondos reservados para hacerse con documentación comprometedora que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas y que la misma no llegase a manos de la autoridad judicial, que por aquel entonces ya estaba indagando sobre la caja B del PP. Operación, por la que están a la espera de juicio la cúpula de Interior y altos mandos policiales, en la que fueron empleados más de medio centenar de agentes, según la documentación incorporada a la causa.

Que ese era un asunto que preocupaba en el PP y en el Ejecutivo es algo de lo que dejó constancia Cospedal en sus conversaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de aquella policía política y principal investigado en Tandem. "La libretita... sería mejor poderlo parar", se la escucha decir en un audio fechado a comienzos de 2013. No es, sin embargo, la única conversación entre ambos que ha visto la luz. Esta misma semana, Rac1 ha desvelado otra grabación, fechada en septiembre de 2014, en la que se le escucha diciendo lo siguiente:  "Yo sé que antes habían encontrado y habían limpiado a éste [en referencia a Bárcenas] más o menos todo lo que tenía". Y añade: "A mí me lo ha dicho el presidente". Ni Cospedal ni Rajoy, sin embargo, están salpicados judicialmente por este asunto.

La ofensiva contra Podemos

Pero la investigación de Kitchen también dejó al descubierto la existencia de otras tantas maniobras del Ministerio del Interior para intentar hacerse con trapos sucios de sus rivales políticos. Y, en especial, de Podemos. Un espionaje del que quedó rastro en las conversaciones de WhatsApp de quien fuera número dos de Interior, Francisco Martínez. "De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿pudiste confirmar algo?", preguntaba el responsable político a Enrique García Castaño, excomisario y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) –encargada de seguimientos o escuchas– a finales de enero de 2016, cuando la formación morada acababa de irrumpir en las instituciones.

El intento de recopilar información sobre los miembros del partido que entonces lideraba Pablo Iglesias era algo recurrente al comienzo de aquella legislatura. Y ahí están, de nuevo, los chats de Martínez, en los que también se hablaba de otros políticos a nivel regional y local. "¿Y de los otros qué? No me mandas nada...", escribía el exsecretario de Estado de Seguridad a García Castaño a comienzos de febrero. "El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69 –el número de parlamentarios que por aquel entonces tenía la formación morada–, se saca pero hay que mirar uno a uno y claro deja rastro", respondió el comisario.

Germán Rodríguez Castiñeira, por aquel entonces jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid y posteriormente máximo responsable policial de la lucha antiterrorista, confirmó a finales de noviembre que recibió la petición de buscar los antecedentes de todos los diputados de Podemos, algo a lo que él se negó. Lo hizo en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz, por el supuesto espionaje parapolicial a la formación morada. Un procedimiento que arrancó con una primera auditoría de Asuntos Internos en la que se ponían de manifiesto cientos de búsquedas en bases de datos policiales sobre medio centenar de parlamentarios de Podemos.

Con esta primera información sobre la mesa, el instructor solicitó al Cuerpo Nacional de Policía que justificase la búsquedas. Y eso hizo aflorar dos operaciones secretas relacionadas con Podemos: Venus y Bolívar. La primera arrancó en febrero de 2016, cuando la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, siguiendo "instrucciones" de su director –entonces Eugenio Pino–, remitió a la Comisaría General de Policía Judicial el informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–, un documento sin membrete oficial ni firma de policía alguno sobre la supuesta financiación iraní y venezolana de la formación morada, cuya autoría se atribuye a la brigada política y cuya validez han rechazado una y otra vez los tribunales.

En cuanto a Bolívar, la operación se inició, de nuevo, en el seno de la Dirección Adjunta Operativa. Fue este órgano quien comisionó a una inspectora jefa de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción a Nueva York para tomar declaración a Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. A aquella reunión acudió también el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro habitual en las maniobras de la brigada política. "Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior con el presidente", se le escucha decir en un audio desvelado por El Confidencial, en el que promete al declarante una nueva vida con su familia lejos de Venezuela. Ante el instructor, Fuentes Gago aseguró que no reconocía su voz en la grabación.

Isea acabó declarando que el Gobierno venezolano habría transferido importantes sumas de dinero a la Fundación CEPS y a varios impulsores de Podemos por asesoramiento político, unos pagos que dudaba que hubiesen sido declarados fiscalmente. A raíz de este testimonio, el 14 de abril de 2016 se abrió Bolívar. Días después, funcionarios de la Dirección Adjunta Operativa entregaron documentación que daba a entender que el Ejecutivo de Nicolás Maduro habría ordenado una transferencia de 220.000 euros a una cuenta de Iglesias en el Euro Pacific Bank de San Vicente y las Granadidas, justo la información que publicaría OkDiario y que desmentiría la entidad financiera. La operación, finalmente, acabaría cerrada al no hallarse indicios de delito.

Del interés de la Policía por conseguir información sobre la formación morada han dado buena cuenta algunos exjerarcas venezolanos. Es el caso de los exviceministros Javier Ochoa Alvarado y Nervis Villalobos, quien llegó a decir en su declaración como testigo ante el magistrado Pedraz que un inspector al que se vincula con la denominada policía política –Bonifacio Díaz, quien también está a la espera de juicio en Kitchen– le entregó durante una reunión "fichas policiales" de miembros de Podemos. No es la primera vez que se pronuncian en ese sentido. "El director, paseando por mis documentos, me pregunta si tengo algo relativo al partido Podemos", contó hace unos años Ochoa en relación a un encuentro mantenido con Eugenio Pino en el marco de otro procedimiento.

La guerra contra el independentismo

El independentismo fue el primer gran frente del que se ocupó la brigada patriótica. La llamada Operación Cataluña, cuya existencia niegan desde el PP, se puso en marcha en los últimos compases de 2012. A mediados de octubre de aquel año, apenas un mes después de la histórica Diada, el comisario Villarejo puso sobre la mesa del ministro del Interior, según una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, una nota informativa en la que se atribuía falsamente a Artur Mas una cuenta en un paraíso fiscal, detalles que fueron convenientemente filtrados y publicados por el diario El Mundo. Una maniobra similar a la que un par de años después se siguió contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, a quien se atribuyeron falsamente 12,9 millones en una cuenta de Andorra.

Aquella información averiada, que acabó en las páginas del diario de Unidad Editorial, se la hizo llegar a García Castaño un supuesto informante francés, después de que el comisario español le hiciese llegar un correo electrónico en agosto de 2014 en el que le informaba de que seguían con el "problema catalán" y le pedía saber si tenían cuenta en Suiza Trias y su hermano. Un asunto, el de la falsa cuenta bancaria, sobre el que hablaron el ministro del Interior y el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, unos días antes de que todo terminara en la portada de El Mundo. "Yo lo tengo, la cuantía exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la UBS y es llevada a la Banca de Andorra", decía Fernández Díaz.

Cospedal afirma que tanto la 'operación Cataluña' como la 'policía política' son "ficción"

Ver más

Aquella conversación, desvelada por Público, no es la única filtrada en la que se escucha al exministro del Interior. En otra desvelada por el diario El País se le oye despachar con Pino y Villarejo, pese a que a día de hoy sigue negando haberse reunido con el comisario jubilado, sobre una denuncia que se iba a presentar en la Audiencia Nacional contra el clan Pujol, que lleva años bajo el foco de la justicia. "El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido", le dice a sus interlocutores.

La llamada Operación Cataluña nunca ha sido objeto de una investigación en profundidad a nivel judicial. Al menos en España. El único intento de indagar sobre ello se inició en Andorra a raíz de una denuncia del banquero Higini Cierco, exdirector de la Banca Privada de Andorra (BPA). Él fue a quien, según su propio testimonio, el inspector de Policía Celestino Barroso trasladó la conveniencia de charlar con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". En concreto, el mensaje que habrían dado a los financieros era que o hacían lo que se les pedía o el Banco de España se cargaría Banco Madrid, filial de BPA. ¿Y qué querían? Información sobre dirigentes independentistas, como Mas, Oriol Junqueras o Pujol. Poco tiempo después de aquellos encuentros, El Mundo publicó en portada movimientos de los Pujol en la Banca Privada de Andorra.

La jueza ha llegado a llamar como investigados a Mariano Rajoy, a Fernández Díaz, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a varios miembros de la cúpula policial. Pero la justicia española ha rechazado cursar la comisión rogatoria del país vecino. "No se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado", concluyó el pasado verano la Audiencia de Madrid.