“Nos hemos equivocado, rectificamos y punto”. Esta es la conclusión que proclama Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE sobre el escándalo protagonizado por su partido en Ponferrada, donde pactó con un condenado por acoso sexual para arrebatar la alcaldía al PP. Este ejercicio de rectificación y autocrítica sería creíble y loable si la “equivocación” hubiera sido exclusivamente municipal o producto de la decisión autónoma y espontánea de un dirigente concreto. Pero no es el caso.
En 2011, el ex alcalde Ismael Álvarez, defenestrado tras recibir condena en 2002 por haber acosado sexualmente a la concejala Nevenka Fernández, intentó llevar a cabo exactamente la misma operación de ahora. Si no fructificó fue porque el entonces secretario general y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenó rechazar cualquier pacto con el acosador. Además de una cuestión de principios, se daba la coincidencia de que Zapatero hizo carrera en el PSOE después de desenvolverse durante años en las batallas internas del partido en León. Suele decirse que en el socialismo catalán siempre han convivido dos almas; en el leonés “hay más almas que en el purgatorio”, como suele decir un ex dirigente berciano.
Lo significativo es que el asunto venga de lejos y haya reincidencia. Si Óscar López, actual secretario de organización del PSOE y en aquella época secretario autonómico en Castilla y León, conoció la operación y tuvo que asumir el no tajante de Zapatero a la pretensión de pactar con Ismael Álvarez, no cabe ahora pensar en un error repentino, espontáneo o irreflexivo. En este segundo intento, el número tres de la Ejecutiva autorizó la moción de censura y nadie le dijo que no. Según la versión oficial, la dirección del partido pensaba que la renuncia de Álvarez como concejal se produciría en el mismo acto y antes de la votación que derribaba al alcalde del PP. Al margen de que esa estratagema no resuelve la cuestión moral que es clave en este asunto, lo cierto es que Álvarez no renunció hasta ayer sábado, veinticuatro horas después de estallar el escándalo.
Agujeros en la explicación
La versión oficial no se sostiene. La moción se registró el pasado 25 de febrero y desde entonces se conocía la fórmula legal que se iba a utilizar para que el cabeza de lista del PSOE en Ponferrada, Samuel Folgueral, tomara el bastón de mando gracias a los votos de Álvarez y otros cuatro concejales de su grupo de Independientes Agrupados, aunque quizás no se calculara que el escarnio de pactar con un acosador fuera escenificado además el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ismael Álvarez no podía dimitir antes de la votación porque la ley obliga a una serie de trámites y plazos desde la dimisión de un edil hasta la sustitución por el siguiente candidato en la misma lista electoral. Es decir que no se habría podido ganar anteayer la moción de censura.
De hecho, esa misma normativa condiciona ahora la “rectificación” que pretende Rubalcaba. Ha ordenado a Folgueral, flamante alcalde pese al escándalo, que dimita de inmediato, con la advertencia de que si no lo hace se le aplicarán sanciones disciplinarias. La 'creatividad' de los dirigentes socialistas ponferradinos les lleva a plantearse la posibilidad de una 'dimisión temporal'. O sea que Folgueral nombraría un teniente de alcalde, dimitiría durante el tiempo al que obliga la ley para que Álvarez sea sustituido y, cuando se vuelvan a reunir los votos necesarios, podría recuperar la alcaldía.
Hay individuos en la política que siguen sin entender absolutamente nada. O quizás lo entienden demasiado bien, pero no desde la visión de lo que es el servicio público sino exclusivamente desde los intereses personales. Si Folgueral pretende esa jugada apoyado por sus compañeros, el PSOE debería expulsar del partido a todos ellos o será inevitable pensar que todo ha consistido en una argucia vergonzosa para conseguir una alcaldía. En cuanto a Ponferrada, ése sería el "punto" final tras la "equivocación" y la "rectificación" que ayer asumió Rubalcaba. En cuanto a las responsabilidades de la dirección federal del PSOE, la cosa queda en puntos suspensivos.
“Nos hemos equivocado, rectificamos y punto”. Esta es la conclusión que proclama Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE sobre el escándalo protagonizado por su partido en Ponferrada, donde pactó con un condenado por acoso sexual para arrebatar la alcaldía al PP. Este ejercicio de rectificación y autocrítica sería creíble y loable si la “equivocación” hubiera sido exclusivamente municipal o producto de la decisión autónoma y espontánea de un dirigente concreto. Pero no es el caso.