Ante los recientes acontecimientos judiciales que afectan al PP, la cúpula del partido ha reaccionado, como suele ocurrir, con un discurso uniforme donde no cabe la duda: se muestran contrarios a la corrupción.
A su vez, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha hablado, en lugar de la esperada Esperanza Aguirre, que seguía sin dar la cara a media mañana del lunes, a pesar de que afirma machaconamente que le gusta ser clara y directa. Esa mujer, autora de la frase: “nadie debería estar más de ocho años en política”; o de esta otra dedicada a Manuela Carmena porque la mujer se emocionó: “En política hay venir llorado de casa”; y tal vez la más graciosa de todas, pronunciada segundos antes de que la voz se le quebrara cuando intentaba proclamar su honradez: “Durante toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente y el servicio público”.
Lo decía la misma semana en la que sabíamos que la Comunidad de Madrid ya había pagado el precio de la construcción del hospital Infanta Leonor de Vallecas y aún así vamos a seguir pagando durante veinte años más por algo que ya habríamos comprado si no fuera por esta especial colaboración público privada que nos arruina. El informe de las gestiones de este y otros hospitales de esa red que se abrió en la capital a la gestión privada con contratos de treinta años de los que se encuentra tan orgullosa, y que reivindica constantemente, es uno de los mejores ejemplos de despilfarro, irregulares administrativas, gestión mafiosa y latrocinio por la vía legal. Se les paga de nuevo por servicios ya contratados, también por otros que no se llegan realizar, a su vez, no se les cobra por los servicios que realizan otros hospitales y que deberían abonar, el canon se incrementa de manera subrepticia para incrementar los beneficios de las empresas adjudicatarias, alguno de cuyos responsables está procesado en la trama Gürtel, y detrás de las cuales se encontraban diferentes consejeros de Sanidad, como Fernández Lasquetty, Güemes o Lamela, responsables de esas adjudicaciones, cobrando de esta manera por los servicios prestados cuando estaban en la Comunidad. ¡Joder con los emprendedores!
Uno de ellos, el señor Lamela, todavía sigue en el consejo de una de ellas, Assignia, a la que él mismo asignó la concesión. Una vergüenza que ellos no sienten ni padecen, de la que se lucran, mientras el falso techo de una de las plantas del hospital Gregorio Marañón se venía abajo este fin de semana sobre una de las trabajadoras del centro, representando una metáfora inmejorable del desplome que están provocando en nuestros servicios para poder trincar.
Esta descapitalización que lleva a la ruina al sistema público de sanidad mientras se forran estas empresas ajenas, que pertenecen a amigos y colaboradores de la concejala Aguirre, está provocando un deterioro en la asistencia que se salda también, como afirman los informes realizados en Inglaterra sobre este modelo de gestión, con muertes que no se hubieran producido con el anterior sistema. Si se hubiera derivado esa cantidad ingente de millones de euros, en lugar de a esas empresas de capital ajenas a la cuestión sanitaria, a nuestros hospitales, tendríamos, sin duda alguna, el mejor sistema sanitario público del mundo, y pagamos para ello.
Esta cuestión me afecta especialmente por mi pasado relacionado con la sanidad y porque aún sigo teniendo muchos amigos que se dedican a ese noble oficio, pero quiero denunciar que son políticas criminales, no en el sentido jurídico del término, referido al quebranto de la ley, sino porque provocan muertes. Sí, este modelo de gestión hace que mueran personas con el único fin de que otros se forren y además tenemos que escuchar cómo de este latrocinio criminal hacen campaña política con orgullo. Repito la frase pronunciada antes de que se le saltaran las lágrimas: “Durante toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente y el servicio público”. Yo también lloraría si estuviera en su lugar y tuviera que decir eso a sabiendas de lo que he hecho con el dinero público.
Hago esta denuncia inevitable porque se me revuelve el estómago cada vez que oigo reivindicar, como hizo el otro día el señor Güemes en la Comisión sobre Sanidad, este modelo de gestión. Güemes, que también fue consejero de Sanidad con Aguirre, tras cumplir los dos años de incompatibilidad que marca la ley apareció como consejero de Unilab, la empresa privada que se encarga de los análisis de los madrileños con un alto coste para nuestros bolsillo que podría evitarse. ¿Lo pillan?. Este Güemes, protegido de Rato y de Aguirre, es el yerno de Carlos Fabra, el pope del PP en Castellón que ha pasado por la cárcel, desde la que me dedicó unas cariñosas palabras de amenaza en una entrevista de Interviú: “Nunca, nunca veo ningún programa de laSexta”. Durante un tiempo se le oía expresar su fijación por El Gran Wyoming, presentador del informativo satírico El intermedio en esa cadena. “Decía que iba a recopilar información para hundirle, porque le había hecho mucho daño”, asegura una de sus personas de confianza en la prisión.
Yo debo ser un tipo raro, pero me siento más presionado por este señor de orden que por los salvajes bolivarianos de Podemos. Y, por lo menos, aporto esta denuncia con nombre y apellidos.
Como ven esto es la Gran Familia. Amigos, cuñados, yernos, sobrinos, estaciones de AVE absurdas, adjudicaciones millonarias a empresas en las que se termina de consejero a la salida… casos aislados que se llaman.
Hecha esta denuncia, decía, hoy el portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que esto de la corrupción es una vergüenza para la gente honrada del PP: ¿Quiénes son? ¿dónde están? ¿existen? ¿pueden manifestarse o hay que tirar de ouija?
Hasta ahora el PP no ha hecho otra cosa como institución por un lado, y todos y cada uno de sus representantes por otro, que encubrir, amparar y procurar la inmunidad de los delincuentes. Sólo cuando ya están siendo procesados se desmarcan y, en algunos casos, como el del propio Presidente del Gobierno, prometiendo interceder entrometiéndose en la acción judicial (“hacemos lo que podemos”), o, como en el caso de la Gürtel, destruyendo pruebas e intentando que se suspenda el juicio que ellos mismos, con un cinismo repugnante, exigían con urgencia para que se aclarara todo.
Es significativo lo que ha salido a luz estos últimos días referente a la colaboración de elementos de la judicatura, como la cúpula fiscal, alguna jueza de la Audiencia Nacional, o el juez de Murcia don Julián Pérez Templado, que lleva el caso del expresidente de esa comunidad, que come con allegados a la causa con total soltura. Como si un juez, por el simple hecho de tener un caso entre las manos que afecta a colegas de cañas, tuviera que renunciar a la amistad que es lo más bonito del mundo: La Gran Familia.
¿Dónde están esos hombres y mujeres honrados del PP que luchan contra la corrupción? En el último Congreso se aprobó la gestión de la formación con el 95,65% de los votos de los asistentes. ¿Dónde están los críticos? Nadie está ahí por la regeneración. Son jueces y fiscales los que han definido a esta formación en diferentes comunidades como una trama organizada para delinquir, sin que tal situación provoque sonrojo en esos presumibles hombres honrados de la formación que no dan la cara y callan en la esperanza de que alguna vez les caiga un cargo, un sillón o lo que sea, porque todos otorgan con su silencio y voto la bendición a esta acción colectiva mafiosa de enriquecimiento a través del secuestro de los bienes públicos y las adjudicaciones.
El esfuerzo del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para evitar que se acuse a Ignacio González del delito de organización criminal no es vano. Tiene mucha importancia porque esto extendería la acusación a muchos otros responsables de que tales fechorías se llevaran a cabo, incluso podrían citarle a él mismo, que parece colaborar con la causa, según celebran los propios encausados. Aunque ahora se explique de la manera que le dé la gana, es público que ha hecho lo posible por evitar que estas cosas llegaran hasta la Justicia: ha llevado a cabo acciones contrarias a aquellas para las que está destinado. Sí, a todas luces es evidente que una parte de la Justicia está colaborando por acción, comprensión, celo u omisión con este entramado criminal al que no se quiere dar ese nombre. En el caso que nos ocupa, además del señor González, se encuentran implicados su hermano, su mujer, su suegro, otros miembros del partido, así como altos cargos del Canal de Isabel II. ¿Podría explicarnos el señor fiscal Anticorrupción cómo operaban si no estaban organizados? ¿Iba cada uno por su cuenta y coincidían, por ejemplo, en Colombia con bolsas de plástico llenas de toallas? ¿Trincaba cada uno por su lado y un día en un cumpleaños se dieron cuenta que eran almas afines? ¿Coincidieron una mañana robando todos a la vez de la misma caja y se hicieron amigos?
El Partido Popular, como tal, y también el Gobierno, han hecho todo lo posible por evitar que la Justicia hiciera su trabajo amparando la corrupción. El exdiputado Jorge Trías, del PP, afirmó que el juez Pedreira, mientras instruía el sumario de la Gürtel, le dijo: “Dile por favor, si puedes, a Mariano Rajoy que me deje en paz, que quiero llevar esta instrucción tranquilo”. Y también aconsejó a Rajoy, según sus palabras: “Yo creo que os estáis equivocando con la estrategia de enredar la causa judicial del caso Gürtel para que esto acabe en una nulidad de actuaciones”. Trías dixit. También afirmó que contribuyó a que Pedreira desimputara a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, porque su implicación en el caso le parecía “una injusticia tremenda”. El exdiputado abundó en que Pedreira fue objeto de juego sucio por parte del PP y sabía de qué hablaba porque él mismo era el intermediario entre el juez y Rajoy. Se cabreó cuando el PP se negó a pagarle estos servicios mientras le daba un pastón a Trillo por coordinar la defensa de los imputados. Casos casos aislados que dirían en Génova, por eso cantó.
Así de claro. Y Rajoy sigue de presidente.
Todos los policías y funcionarios que han tenido relación con el caso Gürtel han sido apartados de sus cargos. También fiscales que han tenido que ver con casos de convictos que pertenecen a ese partido. Más de trescientos funcionarios han sido relevados del Ministerio de Hacienda. Habría que recordar cómo se apartó de forma fulminante de la judicatura a los jueces Garzón y Elpidio Silva. Como se vio más tarde, la prisión que decretó contra Blesa, que causó su expulsión de la carrera judicial, estaba más que justificada. Es el fiscal que impidió que los correos que Blesa enviaba a los trabajadores del banco se aportaran como prueba en la causa, el que ha ascendido a fiscal Anticorrupción con todos los honores, y hoy se encuentra en una situación complicada por sus dudosas acciones que favorecen a la causa delictiva.
Los jueces que llevan adelante los casos de corrupción que afectan al partido del Gobierno caen en desgracia mientras que aquellos más dóciles y que toman decisiones cuestionables o descaradas son los que ascienden en el escalafón. El fiscal general de Estado, señor De la Maza, ha llevado a cabo verdaderas purgas, como ha ocurrido en Murcia, y seguirá llevando, si nadie lo impide, por el método de “libre designación”, que le permite, como hemos escuchado en pinchazos telefónicos, nombrar como fiscal Anticorrupción a Manuel Moix, sin la menor experiencia en el tema y ante la sorpresa de sus compañeros, al que Ignacio González aplaudía para el puesto meses antes de su nombramiento, hoy confirmado en él, según sabían el mismo González y Zaplana, que era el que estaba al otro lado del teléfono. Por eso no le gusta a Manuel Moix lo de organización criminal, porque tal cosa puede extenderse hasta el infinito y salpicar al menos pensado. Es un puzle al que cada día se le aportan más piezas y, como con el manto de Penélope, alguien en la oscuridad se encarga de que desaparezcan por la noche las que encajan durante el día.
Hoy mismo ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, la sabelotodo que, como Montoro, habla siempre para tontos, que no debe usarse la corrupción para deteriorar al Sistema. No, señora vicepresidenta. Es la corrupción la que pudre al Sistema cuando se instala en las instituciones con el amparo y protección de sus responsables, porque convierte la forma de actuar del Sistema Democrático en equiparable al de las tiranías, como la que hemos padecido aquí durante cuarenta años, y a la que, también desde las instituciones por acción u omisión, se le rinden homenajes constantemente, mientas se evita la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de la que el presidente Rajoy se jacta de haber hundido al dejar sin presupuesto. De casta les viene a los galgos. La Gran Familia, como digo.
¿Hay gente honrada en el Partido Popular? De poco vale. Saben que echarían por la borda su carrera si abrieran la boca.
Les recuerdo que votaron en contra de la protección de las personas que denuncien casos de corrupción. Los quieren para alimentar los leones de su circo.
El único servicio que podrían prestar a esta España que dicen querer es marcharse todos, en comandita, de la misma forma que han operado desde hace años para enriquecerse y labrarse un futuro en grandes corporaciones y bancos que hemos tenido que rescatar para que vuelvan a manos de los mismos.
El problema es que el negocio es tan bueno, y el riesgo tan pequeño, que trabajan por la impunidad corrompiendo también en la medida de lo posible la acción de la Justicia con sus nombramientos de elementos afines en el Supremo, Constitucional, CGPJ, Fiscalías...
¿Alguien ha pedido la regeneración dentro de ese partido?
¿Regeneración para qué? Acaban de nombrar como responsable de las Nuevas Generaciones a uno tan facha o más que los mayores. Debe ser cosa de la genética ya que hay mucha endogamia en La Gran Familia. En Italia la llaman Nostra.
PD: Mientras escribo estas páginas, Aguirre presenta su dimisión. La rana que le salió rana a sí misma.
Otro caso aislado.
Ante los recientes acontecimientos judiciales que afectan al PP, la cúpula del partido ha reaccionado, como suele ocurrir, con un discurso uniforme donde no cabe la duda: se muestran contrarios a la corrupción.