La mala pedagogía que se ha instalado en los discursos de las tertulias políticas, así como en editoriales y artículos de opinión, envilece la imagen de los partidos políticos en esta fase de incertidumbre donde se aparcan los intereses de los ciudadanos, que una vez más pasan a ser agentes pasivos una vez emitido el voto, cuando los elegidos los convierten en simples testigos, hurtándoles la condición de soberanos que les otorgan antes de las elecciones, dando prioridad a la hora de pactar a la efectividad, al rendimiento.
Así, se habla de que un pacto entre los dos principales partidos sería nefasto para el PSOE, que las líneas rojas que plantea Podemos son inasumibles y demuestran su intransigencia, que una posible alianza entre PSOE y Podemos favorecería a los segundos, y en estas diatribas pasan los días los expertos sin pensar ni debatir sobre la razón única que justifica este sistema que llamamos democrático: cuáles son los intereses de los ciudadanos. Qué han expresado en la urnas. Cuál es su mandato. ¿Qué políticas benefician al votante, que ha manifestado clara y mayoritariamente su posición contra el gobierno anterior?
Con la bochornosa insistencia en exhibir las alianzas postelectorales en términos de productividad política se denigra la razón de ser de los partidos, no al peyorativo adjetivo de “casta”, sino al de “negocio”. Se trivializa, se cotidianiza, se convierte en normal algo que debería ser tratado como una aberración.
¿A qué viene tanta tinta derramada en la exposición y análisis de la opinión de algunos próceres de la patria y representantes de la élite financiera y empresarial sobre el llamado pacto por la gobernabilidad entre PP y PSOE?. Es simplemente una perversión del sistema inasumible que sólo debería exponerse en términos de estafa inaceptable.
Es evidente que el que ha votado al PSOE ha votado contra el PP y viceversa. Duele tener que escribir esta obviedad ante la marea de manipulación informativa que da por lógico el engaño, el fraude, el pillaje postelectoral si eso beneficia a los intereses del partido. Lo llaman “gobernabilidad”. Otros apelan a la “estabilidad”. ¿A qué precio?. ¿La que trae la mayoría absoluta?. ¿Esa es la prioridad?. ¿Es necesario recordad que el paradigma de la estabilidad es la dictadura?
¿Por qué se entiende, se da por bueno y, de paso, por supuesto, que los diferentes pactos que puedan producirse sólo se llevarán a cabo si rinden un beneficio propio a los partidos que pactan al margen de los intereses de la ciudadanía? No es la misión de los administradores de la voluntad popular priorizar los beneficios que la acción política les rinda, esto no es el parqué de la Bolsa. Las consecuencias que acarree la decisión de los ciudadanos expresada con su voto en las urnas deben asumirse tal y como exige el propio sistema al que dicen representar. No cabe coger el voto del ciudadano y, una vez más, restregarle por la cara aquello de: “Haré lo que me convenga”, en lugar de “lo que os convenga”.
Les guste o no, la cuestión es clara y el mandato imperativo. Se puede leer el resultado de las elecciones de muchas maneras y así se hace para escurrir el bulto y buscar coartadas. Pero hay un dato demoledor: los votos de PP y Ciudadanos, que lo tienen más que claro, suman 10.715.976. Los de PSOE, Podemos, IU (UP), ERC y Bildu 12.460.887. Este es el resultado y hay que apechugar con él. Para mí, la única sorpresa destacable es que todavía el partido más votado, que ahora se erige como vencedor indiscutible, esté representado por un señor que aparece decenas de veces en sumarios de casos de corrupción. Es la herencia del franquismo sociológico que tardaremos generaciones en quitarnos de encima. Otorgan a los suyos la potestad de robar, como se ha hecho por tradición en la dictadura de la que todavía, cuarenta años después de la muerte del dictador, no se puede hablar ni se enseña en los colegios, para evitar susceptibilidades o "reabrir viejas heridas", que es como llaman a la cobertura de impunidad que dio tantos privilegios a nuestra clase dominante. De ella vienen y a ella se deben. La amparan, la protegen.
Si a estos datos añadimos que las leyes más importantes, las que han definido la legislatura anterior y como consecuencia han tenido mayor trascendencia en la vida de los ciudadanos, las aprobó el PP en solitario y con el voto en contra de todos los demás partidos del arco parlamentario, debemos concluir que las elecciones, por encima de todo, han supuesto un rechazo de la mayoría de los españoles a las políticas que ha llevado adelante el Partido Popular.
Estas elecciones se han convertido, por obra y gracia del PP, en un plebiscito de su gestión, y el ciudadano con su voto ha ordenado que dejen de gobernar, ha decidido dar marcha atrás y echar por tierra esas reformas antipopulares que han empeorado notablemente sus condiciones de vida.
El recuento de la mayoría implica la asunción de un nuevo tiempo en el que se deje de gobernar contra los ciudadanos en beneficio de una minoría. Y esto no tiene nada que ver con las diferencias que cada uno de los grupos que he puesto en la suma de esa mayoría lleve en su programa electoral de cara a las futuras conversaciones a las que les obliga la ciudadanía.
Si no están cómodos sus señorías con tener que hablar, juntarse, trabajar con los nuevos compañeros que los ciudadanos han elegido, es su problema, no el nuestro. Esa es su función política en democracia y para eso se les paga. Cierto es que alguno puede tener prejuicios o reticencias éticas que le impidan hablar con determinadas personas. Es muy respetable, pero si tal cuestión le impide sentarse en la misma mesa y llevar adelante su cometido, la opción honrada es coger puerta y largarse. Nadie dijo que iba a ser fácil, y menos cuando hay que enfrentarse al poder real. Al de los que mandan y han mandado desde siempre y no les gusta tragar. Esos que siembran los tamayazos cuyos frutos recogen sus representantes políticos ante la mirada indiferente, cuando no colaboradora, de la Justicia.
Aquí el soberano es el pueblo, no el señorito diputado. Entendemos sus reticencias y la incomodidad de sentarse a trabajar sin la mayoría suficiente, pero eso es algo que sus señorías deben asumir, les entendemos porque es muy común, le pasa a la mayoría de los españoles, son escasos los que pueden escoger a sus jefes o a sus compañeros de trabajo.
Así, nos han bombardeado con la imposibilidad de alianzas postelectorales por el tema del referéndum de Cataluña. Es una coartada. Para poder usarla han tenido que pervertir el sentido de la consulta. PP, Ciudadanos y PSOE hablan interesadamente de “un referéndum para dividir”, “los que quieren romper España”, “consulta secesionista” y un largo etcétera de consignas intoxicadoras asociadas a dicho referéndum que por desgracia son intercambiables, cualquiera de ellas ha estado en boca de líderes de cualquiera de esos tres partidos. En esa campaña difamatoria coinciden los tres.
De nada sirve que Podemos se empeñe en afirmar que ellos están porque Cataluña no se independice. De nada sirve insistir en que apoyan el “no”. Se les desautoriza como interlocutores válidos por querer romper España, digan lo que digan, y a partir de esa falsa premisa argumentan todo lo demás en un ejercicio al que el PP ya nos tenía acostumbrados, y que consiste en rascar votos de otras comunidades a costa de aquellas que dan por perdidas, véase Cataluña y País Vasco. Es la inmensa mayoría del pueblo catalán la que demanda esa consulta y con su actitud, haciendo ese referéndum sinónimo de ruptura, de secesión, dan por supuesto que la opción independentista es abrumadoramente mayoritaria.
Cuando les conviene recuerdan, con razón, a las fuerzas independentistas que aunque tienen mayoría de escaños, los catalanes que no han votado esa opción son más, pero cuando se habla de referéndum, esos catalanes que no están por la independencia desaparecen y la consulta se convierte, de cara a la propaganda, en una proclamación de independencia inevitable. ¿En qué quedamos?. ¿Los independentistas son más o menos?
No hay por qué llamarlo referéndum separatista, adjetivo muy del Régimen de Franco. Puede ser, y de hecho a día de hoy sería, en mi opinión, un referéndum para unir. Sobre todo si, como los detractores del referéndum afirman, insisto, los independentistas son minoría.
Creo que gracias a declaraciones como las de Susana Díaz, Felipe González y otros, que utilizan el referéndum como cuchillo jamonero para sacar tajadas ajenas a nuestros intereses, aquella fabrica de independentismo que inventara Aznar con su intransigencia calculada y siguiera manejando Rajoy de la mano del Constitucional, seguirá rindiendo resultados a los que están por la secesión ante el estupor de los que abogamos, de verdad, por un espacio donde quepan, quepamos, todos, llámense nación, valle, puerto de montaña o alicate. ¡Ya está bien de estupideces estratégicas que son las que de verdad dividen y enfrentan a los ciudadanos!
A día de hoy, los independentistas son menos, pero los que están por la consulta una mayoría; el ochenta y cuatro por ciento según el diario La Vanguardia; según otros, algo más, incluyendo una mayoría de votantes del PSOE allí, y hasta un cuarenta por ciento de los votantes de Ciudadanos. Referéndum es democracia. Dejen a un lado lo obvio y hablen de lo que hay que hablar de una puñetera vez. Y si les sacan los colores aprieten los dientes y sigan caminando.
Así está la cosa y hay que mover ficha, desde la honradez. El pueblo ya ha hablado. No es honesto manipular y hacer de la mentira una verdad por reiteración. Si de verdad se sabe que existe una conspiración independentista solapada como en su día hubo aquella judeo-masónica, dígase alto y claro; si no, siéntense a trabajar.
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La mentira como estrategia en la lucha política rinde beneficios, exclusivamente, a sus actores. No es obligatoria, es sólo una posibilidad.
Existe otra. Los votantes se la merecen.
¡Exijámosla!
La mala pedagogía que se ha instalado en los discursos de las tertulias políticas, así como en editoriales y artículos de opinión, envilece la imagen de los partidos políticos en esta fase de incertidumbre donde se aparcan los intereses de los ciudadanos, que una vez más pasan a ser agentes pasivos una vez emitido el voto, cuando los elegidos los convierten en simples testigos, hurtándoles la condición de soberanos que les otorgan antes de las elecciones, dando prioridad a la hora de pactar a la efectividad, al rendimiento.