Siempre partícipe a título lucrativo

“El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Art. 122 del Código Penal

El Partido Popular está sentado en el banquillo del macrojuicio de la Gürtel bajo la acusación de haberse beneficiado de la comisión de graves delitos cometidos por la red que encabezaba Francisco Correa. Afrontan sendas imputaciones los tres últimos tesoreros nacionales y una veintena de ex cargos públicos nombrados y sostenidos durante años por la cúpula del Partido Popular que preside Mariano Rajoy. Si finalmente es condenado, en la sentencia se fijará la cantidad económica que el PP debe aportar al erario público por el beneficio obtenido ilícitamente. Lo que no puede contemplar ninguna sentencia, y menos con efecto retroactivo, es la magnitud del daño causado por esa constante afición del PP a participar a título lucrativo de operaciones políticas que en los últimos años han contribuido al deterioro de la democracia. De hecho ya tiene Rajoy dispuesto el operativo para volver a lucrarse (políticamente) del descalabro al que se ha lanzado el PSOE.

No nos referimos aquí a las otras causas por corrupción en las que está implicado el PP. En todas ellas (Taula, Palma Arena, Púnica, Son Espases, papeles de Bárcenas, destrucción de ordenadores...) aparecen también toneladas de indicios de financiación ilegal de campañas electorales. Centenares de mítines y actos protagonizados por Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá, Ignacio González y toda la plana mayor del partido empezando por el propio Rajoy, en Madrid, en Valencia y en otros muchos lugares, fueron organizados por la trama de Correa, que a su vez agradecía la confianza mediante regalos personales y sobrecostes que cubrían el reparto de comisiones. Para resumirlo sin temor a exagerar una mica: el PP ha acudido a las contiendas electorales, desde los años 90 hasta como mínimo 2011, dopado económicamente. Ha competido con recursos de origen irregular, donados por empresarios que a cambio esperaban recibir (y recibían) adjudicaciones públicas desde las administraciones municipales y autonómicas gobernadas por la formación de Rajoy.

¿Cómo se calculan los efectos que ha podido tener esa competencia desleal? ¿Cuánta influencia ha ejercido esa fórmula empleada clónicamente en Madrid, en Valencia, en Baleares..., que incluía el uso de dinero negro y cuentas millonarias en Suizacuentas millonarias en Suiza, en las holgadas victorias electorales del PP? ¿Cómo medir la relación entre inyecciones de publicidad institucional y el abrumador apoyo mediático que el PP ha mantenido durante décadas?

¿Sentido de Estado?

Paralelamente a las actuaciones que irán siendo examinadas por los tribunales, el PP ha desarrollado estrategias políticas en las que nunca ha renunciado al papel de partícipe o beneficiario a título lucrativo. Causa perplejidad el éxito con el que se impone el discurso de que la formación de Rajoy es prácticamente la única fiable, rigurosa, con sentido del Estado y de la responsabilidad pública, capaz de garantizar estabilidad y certidumbre. Si alguien se molesta en repasar las cuestiones calificables como de Estado en los últimos quince años, descubrirá que los principales pactos se lograron siempre con el PP en el Gobierno. Cuando la derecha se queda en la oposición, procura sacar ventaja de cualquier coyuntura por delicada que sea. Bastan dos ejemplos clamorosos: su boicot a la reforma del Estatut de Cataluña y su negativa absoluta a apoyar el llamado proceso de paz que culminó con la renuncia de ETA a las armas en la segunda legislatura de Zapatero. Se le reclamó entonces a Rajoy sentido de Estado, pero actuó bajo la convicción de que oponerse de forma radical y hasta por vía judicial reportaba votos para el PP en todas partes salvo en Cataluña y el País Vasco. El "no es no" permanente de Rajoy a los nacionalistas, sin ninguna otra alternativa, ha sido una enorme fábrica de independentismo.

En cualquier democracia mínimamente madura, sería inimaginable que el presidente de un partido sentado en el banquillo por delitos relacionados con la corrupción y acusado de haberse beneficiado de actuaciones ilícitas pudiera seguir en el poder. España, que durante décadas viene intentando converger con Europa en lo económico, parece incapaz de converger en niveles de calidad democrática. El escenario al que asistimos este mes de octubre tras la decapitación de Pedro Sánchez en el PSOE anticipa una alta probabilidad de que Rajoy vuelva a ser partícipe a título lucrativo, esta vez del proceso de autodestrucción del PSOE.

El harakiri socialista

El nexo que unía a todos los llamados críticos hasta el Comité Federal del pasado sábado era sacar a Sánchez de la secretaría general del PSOE. Unos por las derrotas electorales acumuladas; otros porque lo consideran responsable de haber roto el partido; algunos porque le veían capaz de acordar un gobierno con Podemos con el visto bueno de los independentistas, y eso no lo admiten los jarrones chinos ni los aliados mediáticos ni el poder económico; muchos porque querían devolver los golpes y humillaciones ejercidas por Sánchez durante el último año y medio; algunos porque desde muy pronto no fue todo lo dócil que se esperaba de él; los más porque consideraron que su anuncio de primarias exprés y congreso en diciembre era una estratagema cuyo único objetivo consistía en seguir cuatro años más al frente del partido, sin posibilidad de acordar un gobierno alternativo, menos aún en el plazo de una semana escasa (entre el 23 y el 31 de octubre). Todos (y solo eran 25 más que los pedristas en el Comité Federal) coincidían en que Sánchez sobraba. Pero ni todos son susanistas ni muchos de ellos tienen claro que facilitar la permanencia de Rajoy sea mejor solución que repetir elecciones.

Si quienes pergeñaron la decapitación de Pedro Sánchez pensaban que sería sencillo sustituir de golpe y porrazo el no es no por la abstención y ganar tiempo para recomponer el PSOE (o lo que quedara del partido) han demostrado una torpeza considerable. Aunque les sobraran motivos para deponer a Sánchez, erraron en las formas y lo hicieron sin un relato convincente. Ahora intentan gota a gota, declaración a declaración, que vaya calando la inevitabilidad de aceptar la investidura de Rajoy. Y este parece salivar ante la oportunidad de volver a ser beneficiario o partícipe a título lucrativo. Es costumbre.

P.D. Por cierto, el PP viene alegando que no se le puede acusar (ni tampoco a la exministra Ana Mato) de haberse lucrado porque eran desconocedores de que la red de Correa estaba cometiendo delitos. Un alumno de primero de Derecho puede explicar que la figura penal que refleja el artículo 122 ya asume que el acusado ignoraba la procedencia ilícita de su lucro. De haberla conocido, la acusación sería por complicidad o encubrimiento, delitos por los que (hasta el momento) no han sido investigados los máximos responsables políticos del PP. Ana Mato complicidad o encubrimientolos máximos responsables políticos del PP