La justicia, supuestamente, es ciega, así que no debería poder mirar hacia otro lado. Entonces es obvio que la sospechosa de no ser tan imparcial como debe no es ella, sino que lo son quienes la manipulan, le mienten al oído y trucan su balanza; esa gente que, en el fondo, tiene mentalidad antidemocrática, dado que vulnera el principio de igualdad ante la ley y sin eso no hay Estado de Derecho que valga. La frase ya célebre de un cargo del Partido Popular que alardeó de que su formación podía controlar los tribunales de Madrid "desde detrás" era gravísima, aunque hubo quien la celebró y quien, simplemente, no podía extrañarse porque sabía que una gran parte de los jueces españoles, en concreto un cuarenta y ocho por ciento de ellas y ellos, forman parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, de tendencia conservadora, mientras que en la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no milita más que un ocho por ciento. El cuarenta y cuatro por ciento restante no está afiliado a ninguna entidad.
¿Es o no es la Justicia igual para todos? A favor de esa tesis está el hecho innegable de que en nuestro país han sido condenados, incluso a penas de cárcel, nombres por todos conocidos del ámbito del poder económico y político, miembros, aunque menores, de la Casa Real, ministros de diferentes carteras y formaciones de derechas e izquierdas, jefes de la Policía y la Guardia Civil, gobernadores del Banco de España… En contra, pesan lo suyo en la opinión pública algunos de los últimos casos vinculados a la lucha por el poder: por ejemplo, que la misma Audiencia de Madrid que no ve nada investigable en lo sucedido en las residencias de ancianos de la capital durante la pandemia, resumido en esa cifra onerosa de las siete mis doscientas noventa y una víctimas que persigue a la presidenta Díaz Ayuso, y en cambio sí que vea indicios de delito en Begoña Gómez, a muchas personas les resulta difícilmente justificable.
Sobre el juez Peinado, impulsor pertinaz de esa causa emprendida contra la esposa del presidente del Gobierno, en la que ha emprendido actuaciones que varios colegas suyos califican de "no ilegales pero sí inusuales", pesan ciertas informaciones que a algunos les hacen dudar sobre su ecuanimidad, entre ellas el que su propia hija sea concejal del Partido Popular, lo cual no tiene por qué ser vinculante pero sí, tal vez, poco edificante. Ahora El Plural ha sacado una serie de informaciones acerca del notable patrimonio del magistrado: las primeras, repartidas en varios artículos que señalaban que una de sus casas se hizo sin atenerse a su calificación oficial de "almacén", sin licencia de obras ni plano, y cometiendo irregularidades por las que fue condenado a pagar 75.366,61 euros; y la última, contenida en una noticia extraña según la cual Peinado aparece en el Registro de la Propiedad como titular de numerosos bienes a su nombre pero registrados con dos Documentos Nacionales de Identidad diferentes. Puede ser un fallo administrativo o burocrático, aunque es extraño que a los notarios que hicieron las distintas escrituras de los inmuebles se les pasara por alto ese error. El tiempo pondrá cada cosa en su sitio.
La suma de todo esto es que la imparcialidad de la Justicia está en entredicho. Lo peor, quizá, sea que tantas y tantos estén convencidos de que el problema durará lo que dure el PSOE en La Moncloa, y en cuanto vuelva allí el PP la cuestión se resuelve de inmediato. Poca broma con esto
Para elevar aún más el nivel de desconfianza ciudadana en la Justicia, una desafección sin duda peligrosa, Diario Red ha dado a conocer unos audios del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona en los que se jactó ante algunos funcionarios a sus órdenes de que su auto de imputación de los expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, por un presunto delito de traición enmarcado en la supuesta "trama rusa" del procés, sería "la tumba" del Gobierno de Sánchez, al que, después de su intervención, le quedarían "dos telediarios alemanes". También se le escucha alardear de que "la ley de amnistía se tumbó por mí".
La suma de todo esto es que la imparcialidad de la Justicia está en entredicho. Lo peor, quizá, sea que tantas y tantos estén convencidos de que el problema durará lo que dure el Partido Socialista Obrero Español en La Moncloa, y en cuanto vuelva allí el PP, la cuestión se resuelve de inmediato. Poca broma con esto.
La justicia, supuestamente, es ciega, así que no debería poder mirar hacia otro lado. Entonces es obvio que la sospechosa de no ser tan imparcial como debe no es ella, sino que lo son quienes la manipulan, le mienten al oído y trucan su balanza; esa gente que, en el fondo, tiene mentalidad antidemocrática, dado que vulnera el principio de igualdad ante la ley y sin eso no hay Estado de Derecho que valga. La frase ya célebre de un cargo del Partido Popular que alardeó de que su formación podía controlar los tribunales de Madrid "desde detrás" era gravísima, aunque hubo quien la celebró y quien, simplemente, no podía extrañarse porque sabía que una gran parte de los jueces españoles, en concreto un cuarenta y ocho por ciento de ellas y ellos, forman parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, de tendencia conservadora, mientras que en la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no milita más que un ocho por ciento. El cuarenta y cuatro por ciento restante no está afiliado a ninguna entidad.