Abuchear presidentes, aplaudir cabras

Hay asuntos plurales y complejos que son ideológicamente transversales. Léase, qué es patria, qué es hispanidad, qué es Estado. El debate sobre la descentralización de las instituciones y organismos del Estado se ha reabierto a raíz de la propuesta del Gobierno y del próximo Congreso del PSOE coincidiendo con el 12 de Octubre, una fecha muy oportuna para debatir sobre cómo organizamos la administración, cómo distribuimos la institucionalidad y con ella la riqueza y cómo no condenar a unas regiones a ser más pobres que otras. Esto último no tiene como causa exclusiva la centralización, pero suma, y mucho.

El debate es una majadería, ha dicho Ayuso. Que es una fórmula como otra cualquiera de evitar un tema que te perjudica. Porque hablar de redistribución es tener que reconocer que la capitalidad se lleva un buen pellizco. Y ya se sabe, lo que se llevan unos de más siempre es a costa de otros. Madrid, patria o muerte, qué diría la presidenta madrileña, absorbe un buen número de recursos públicos en personal y licitaciones. La famosa capitalidad se traduce, según los expertos y Hacienda, en que los ministerios concentran un 80% del personal público, uno de cada tres funcionarios en España viven en Madrid, 150.000 puestos de trabajo con sus 150.000 familias. De las adjudicaciones, el 87% se reparte en la capital aunque se ejecute en otras autonomías, en total, 9 de cada 10 euros. El número de empleados públicos representa el 38% del empleo, el doble de la media española, el triple que Castilla-La Mancha, Cantabria y casi el cuádruple que en Cataluña.

Alega Ayuso que "la izquierda busca que otros españoles odien Madrid, que los españoles odien a su propio país". La frase no hay por dónde cogerla, pero además, ocurriría al revés. ¿Por qué iban a odiar Madrid quienes reciban las sedes de 42 instituciones que están en la capital y podrían estar en otra parte? La Fábrica Nacional del Timbre y la Moneda, la CNMV, el Instituto Carlos III, el Instituto Social de la Marina y el de Oceanografía, la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo o la oficina central de Puertos del Estado podrían estar en cualquier otra ciudad.

Porque no son las oficinas, es qué generan. La sede de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en Madrid tiene más de mil trabajadores. Un ejemplo a la inversa. Cuando Renfe abrió el año pasado un call center en Mérida se tradujo en un centenar de puestos de trabajo, cien familias que activan la región, el consumo y los servicios. Así que: ¿Por qué Madrid y no Mérida, Cuenca, Jaén o Valladolid?

La pregunta es cómo sacamos el Estado de Madrid. Cuál es el reparto y en base a qué. Y es en esta complejidad donde la capitalidad de Ayuso es también la del PP. La presidenta autonómica ha vuelto a arrastrar a Pablo Casado al rincón de Vox y a silenciarle. Si ahora dijera algo distinto, si expusiera un plan nacional por empatía con las comunidades populares como Galicia o Andalucía, se escucharía más el ruido que la propuesta. Ayuso es el inhibidor de Casado, no hay señal que emita el líder del PP que no pase por ella.

La descentralización del Estado no es de izquierdas o de derechas. Y Madrid tiene modelos para copiar tanto en Europa como en otras autonomías. En Alemania, la coalición liderada por la conservadora Angela Merkel ha mantenido el Tribunal Constitucional en un pequeño pueblo fuera de Berlín. Y así con otros muchos organismos de Múnich a Frankfurt. En Portugal acaban de dar luz verde a la propuesta de la derecha en la oposición para trasladar los principales tribunales de Lisboa a Coimbra, como subraya el profesor de derecho Gabriel Moreno en Agenda Pública en un artículo donde expone con buenos argumentos la idea de mover el Tribunal Constitucional a Cádiz .

El debate nos obliga a calcular y reflexionar cuánto de la descentralización ayudaría al enriquecimiento de otras comunidades y a la construcción de una España federal en un país atravesado por los nacionalismos y la desigualdad. A abordar las lecciones de la pandemia. Para poder vivir fuera de las ciudades hay que repartir el poder acumulado en la capital. Si el PP solo ofrece un modelo neoliberal como el de Madrid donde es imposible acceder a una vivienda y la sostenibilidad es una quimera, entonces tenemos derecho a vivir en otras. Y el Gobierno tiene la obligación de redistribuir el empleo y los servicios de lo público para hacerlo posible.

La tentación de blindar a la patronal

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Vertebrar el Estado, buscar el reequilibrio territorial y luchar contra la España vaciada requiere una estrategia. El nuevo desarrollo global no pasa por acumular el poder en las metrópolis. Las tendencias post-covid cuestionan esa concentración, apostarlo todo a centros neurálgicos que conectan el país con el sistema productivo mundial, disparadores hacia el exterior de bienes y personas.

Sin obviar el trasfondo político. Es cierto que el PSOE puede querer abonar otros territorios donde cosechar votos en el futuro, pero nadie le garantiza que no vayan al PP. Y es legítimo querer poner remedio a la réplica de candidaturas como Teruel Existe que fraccionarían aún más la gobernabilidad parlamentaria y alteraría la razón de ser del Congreso. Pero sobre todo, ya es empírico que el cabreo social en las áreas rurales o de interior abandonadas por el centralismo de los gobiernos pueden acabar en las urnas de la ultraderecha, como ocurrió con Donald Trump en las zonas golpeadas por la desindustrialización, en Reino Unido con el Brexit o los chalecos amarillos en Francia.

En este tema, como en tantos otros, la derecha del PP, con implantación en todo el Estado y sobre el que tendría tanto que decir, no es capaz de articular qué defiende. Se ha limitado, como ha dicho con rapidísima lucidez Alfonso Guerra en una frase para inmortalizar, a legitimar los abucheos e insultos de una minoría ultra a Pedro Sánchez mientras aplauden con entusiasmo patrio a la cabra de la legión. "Cada uno elige quién le representa mejor", ha rematado.