La mujer del presidente debe ser tratada igual que cualquier ciudadano ante la ley. Bajo esta máxima, pongamos que un ciudadano anónimo tiene una causa judicial en el juzgado número 41 de Madrid y un día de abril se sabe investigado o querellado —nadie le matiza la condición—. No es llamado a declarar, no se le notifican los hechos delictivos que se le atribuyen y la causa se declara bajo secreto de sumario antes de conocer la materia penal que se le imputa. En esa misma causa, el juez ignora a la Fiscalía, encargada de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. No notifica al ministerio público las declaraciones de testigos y, por tanto, se pone en riesgo su papel en la instrucción. Meses después, cuando la instancia superior se pronuncia sobre los recursos, ésta tacha el secreto de las actuaciones de injustificado y acota la investigación. El juez hace caso omiso y cuando le toca enviar la causa de nuevo a la instancia superior para que vuelva a archivarla o acotarla no lo hace.
Si Begoña Gómez fuera un ciudadano X en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, la causa llamaría la atención por la cantidad de errores judiciales acumulados. Porque ¿cuántos son demasiados? ¿Qué número de actuaciones incomprensibles y corregidas hacen falta para que una instancia superior actúe? Si el juez Peinado quiere mantener una causa viva artificialmente eso tiene un nombre; si son meros patinazos, acumulados, uno detrás de otro… ¿cuántas causas del juzgado 41 se están instruyendo en las mismas condiciones?
El último error judicial de Juan Carlos Peinado viene precedido de otros tantos. Recapitulando, hace ya dos meses (23 de julio) se fijó el 30 de septiembre para que la sección 23 de la Audiencia de Madrid estudiara el recurso de apelación de la defensa de Gómez. El motivo era la causa general del juez contra Pedro Sánchez. El argumento fue el reconocimiento de Peinado cuando se le pidió concretar los hechos contra Begoña Gómez. “Todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial”. La denuncia eran unos recortes de prensa enviados por Manos Limpias, admitida en contra de la doctrina del Tribunal Supremo. Una causa cuasi general por la que Sánchez no fue llamado a declarar como presidente, aunque le señalara como tal, sino como esposo, despojando a Sánchez de su derecho a declarar por escrito. Todo por la foto.
Si Begoña Gómez fuera un ciudadano X en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, la causa llamaría la atención por la cantidad de errores judiciales acumulados
Siete días antes del circo en La Moncloa con la toma de declaración al presidente ya se había fijado el día 30 de septiembre para que la Audiencia Provincial volviera a acotar o archivar la causa. El 9 de septiembre, la sección 3 pidió “testimonio íntegro”. Fallo cancelado porque el juzgado de Peinado se olvidó de un documento fundamental para la deliberación. No era un papel más. Era el recurso de apelación directo contra el auto del juez, la base sobre la que tienen que deliberar los tres magistrados, finalmente el próximo 7 de octubre. Y lo hacen después de haber acotado la causa. En su día sacaron el rescate de Air Europa, la empresa Globalia y los contratos con fondos europeos. Peinado hizo caso omiso y vuelta al recurso.
En el historial de errores del juez aparece también el principal empresario de la causa, Carlos Barrabés. Le llamó como testigo (sin derecho a defensa, obligado a decir verdad) y después como imputado por los mismo hechos. Una falta de garantías flagrante para cualquier entendido. O con la propia Gómez en su primera declaración, cuando olvidó (sic) mandarle la documentación aportada por la Universidad Complutense y sobre la que pretendía preguntar sin haberle dado traslado de nada.
Si, como se reprocha, Begoña Gómez —por su condición de esposa de Sánchez— puede estar amparada por la Abogacía del Estado y puede permitirse un abogado como Antonio Camacho, ¿cuánto le costarían a un ciudadano X los olvidos, injerencias y errores del juez Peinado? ¿Cuántos errores son demasiados?
La mujer del presidente debe ser tratada igual que cualquier ciudadano ante la ley. Bajo esta máxima, pongamos que un ciudadano anónimo tiene una causa judicial en el juzgado número 41 de Madrid y un día de abril se sabe investigado o querellado —nadie le matiza la condición—. No es llamado a declarar, no se le notifican los hechos delictivos que se le atribuyen y la causa se declara bajo secreto de sumario antes de conocer la materia penal que se le imputa. En esa misma causa, el juez ignora a la Fiscalía, encargada de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. No notifica al ministerio público las declaraciones de testigos y, por tanto, se pone en riesgo su papel en la instrucción. Meses después, cuando la instancia superior se pronuncia sobre los recursos, ésta tacha el secreto de las actuaciones de injustificado y acota la investigación. El juez hace caso omiso y cuando le toca enviar la causa de nuevo a la instancia superior para que vuelva a archivarla o acotarla no lo hace.