En plena crisis de precios, no es la comunicación lo que ha fallado en el Gobierno, es la reacción y la gestión política. La unidad de medida en España es la semana. En siete días se gestó una moción de censura y la caída de Pablo Casado. Tardar cuatro días en responder a unos paros generalizados, mientras tu socio se entera por la prensa de un cambio histórico en la política exterior con Marruecos, tras comprometer un 2% del PIB en defensa sin medidas inmediatas para bajar los precios del gasoil, es jugar fuerte.
El Gobierno ha articulado una buena agenda de negociación en Europa y al mismo tiempo ha puesto a las vicepresidencias a negociar con agentes sociales y partidos. Pero Bruselas es la cocina, el lugar donde negocia el Ejecutivo, no el sitio idóneo para comparecer cuando tienes paros nacionales. Con un conflicto social vivo, hacen falta dos imágenes: una en las instituciones, otra fuera. Y Sánchez ha pecado del síndrome del presidente saliente. Aquel que se mueve bien fuera de España mientras se incendia la calle.
Porque para los trabajadores, Bruselas pilla lejos. Los tiempos del Consejo de Europa, las medidas a consensuar con los 27, no han ido acompasadas con atemperar los paros que han desbordado al Gobierno y parado el país. Hay muchas razones para no defender la representatividad general de la Plataforma de Transportistas, pero pocas para quitarles la razón a los autónomos precarizados. Las razones de fondo responden a un esquema piramidal que denuncian transportistas, ganaderos, agricultores. Grandes plataformas que absorben los beneficios de los trabajadores a costa de tirar los precios, ya sea para cubrir las rutas de carretera o colocar la leche y la verduras en grandes superficies.
Por descontado la ultraderecha agita el malestar con el único interés de hacer saltar a Pedro Sánchez. Las soluciones no le interesan, de ahí que no expongan propuestas y votaran contra la única ley vigente que alivia la cadena de precios. Pero esto también debería preocupar al Gobierno. Se está consolidando un clima social en el que salta una chispa, las ideas germinan, se adaptan en un contexto de inestabilidad y arraigan. Y no son precisamente progresistas. La guerra y la inflación favorecen a la derecha de la misma forma que una pandemia a la socialdemocracia. La defensa de la seguridad versus el Estado. Y la inflación es una palanca histórica que hace saltar gobiernos.
Los trabajadores del gasoil, aquellos que ponen en marcha el país cada mañana, han dado un buen aviso. La paz de la legislatura no está ni mucho menos garantizada. El escudo social de la pandemia tiene que ser ahora el del gas y la electricidad disparadas. Aprovechar para cambiar problemas estructurales que exprimen a los sectores primarios desde abajo. Las fórmulas están ahí: ayudas directas, limitar precios, desacoplar el gas y que las eléctricas y petroleras paguen la factura con parte de sus beneficios.
La paz de la legislatura no está ni mucho menos garantizada. El escudo social de la pandemia tiene que ser ahora el del gas y la electricidad disparadas
En este contexto, el Gobierno debería aclarar también cómo va a continuar el próximo año. Si apuesta por la coalición para terminar la legislatura o creen que no los necesitan. Si al talante de Yolanda Díaz va a responder con los desplantes de los últimos meses. Empezó el año despreciando a su socio y no hay señales de que esa actitud esté cambiando. En enero, víspera de Reyes, dejaron al ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablando “a título personal” sobre las macrogranjas, a pesar de que el PSOE llevaba ese discurso en su programa. Desde entonces, en Moncloa han ido descolgándose de su socio. Fue evidente en la negociación de los votos de la reforma laboral y el casi naufragio de la ley estrella de Yolanda Díaz. Y la posible fractura de la coalición habría sido el gran tema de no ser por las elecciones de Castilla y León, la ruptura del PP, salida de Pablo Casado, Ayuso, los contratos de su hermano, el gobierno con la ultraderecha y la invasión de Ucrania.
La política de bloques ideológicos no va a cambiar incluso en el escenario de acuerdos puntuales con el PP de Núñez Feijóo. En este ciclo, España solo es gobernable en coalición. Con dos partidos con contradicciones permanentes y la necesidad de establecer mecanismos para solventar las diferencias. Tras la salida de Iglesias no se han reconstruido los mecanismos de la coalición. Ni maitines de los lunes, ni sesiones de trabajo conjuntas. La dinámica Iglesias-Sánchez y la de sus jefes de Gabinete Iván Redondo y Juanma del Olmo, no se ha sustituido. Aún sin mecanismos, ambas partes necesitan del bloque. Feijóo-Abascal, Sánchez-Díaz.
Con el bloque de coalición roto, el PP rehaciéndose y Vox echado al monte, ya no hay biombos y el Gobierno ha mantenido el ninguneo en las últimas semanas. El decreto que aprobará en los próximos días para hacer frente al impacto de la invasión de Ucrania definirá un nuevo paquete de medidas económicas que debería reconciliar la coalición. Ahí se juega la legislatura, repartiendo los costes de esta crisis como se hizo durante la pandemia. Esto y cambiar de actitud si quieren seguir acompañados y tener opciones de ganar en las siguientes elecciones.
En plena crisis de precios, no es la comunicación lo que ha fallado en el Gobierno, es la reacción y la gestión política. La unidad de medida en España es la semana. En siete días se gestó una moción de censura y la caída de Pablo Casado. Tardar cuatro días en responder a unos paros generalizados, mientras tu socio se entera por la prensa de un cambio histórico en la política exterior con Marruecos, tras comprometer un 2% del PIB en defensa sin medidas inmediatas para bajar los precios del gasoil, es jugar fuerte.