Por fin estamos en una campaña electoral donde hay más conversación sobre políticas que refriegas. Unas elecciones donde al debate autonómico se ha sumado una agenda que llegaba tarde en un contexto inflacionista con dinámicas arrastradas de antes. La Ley de Vivienda ha supuesto un cambio radical en la conversación. Pudo haber no salido, costó mucho hablar de las dificultades para acceder, virar el marco de la vivienda-negocio a la vivienda-derecho, ese otro cable del ascensor social cada vez más pelado. Hace nada Isabel Díaz Ayuso llamaba comunistas a modo de insulto a quienes pretendían regular un mercado roto. Ahora, el mayor ataque pasa por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, calificando de tómbola las promesas de las viviendas que el ejecutivo ha anunciado ceder y construir. Escuchar al PP querer adelantar al PSOE en el número de pisos sociales es un éxito de la ley. El señalamiento al acuerdo de avales del ICO, porque ya lo hace el PP de Madrid o Murcia, también lo es.
Los créditos del 20% a jóvenes son una medida más en una amplia batería que aborda ese pilar del Estado de bienestar que es la vivienda. Los sueldos también eran otro pilar pendiente, otro cable cada vez más pelado. Según la OCDE, solo en 2022 la caída fue del 5,3% en los salarios reales. Un sueldo no es lo que cobras, es lo que puedes hacer con él. Cuántas cestas de la compra puedes llenar, cuánto alquiler puedes pagar, cuánta hipoteca, cuántas veces puedes llenar el depósito o cuántas clases extraescolares y de cuántos hijos. El salario también es inserción social, es pertenencia, es una retribución por unos esfuerzos que contribuyen al bienestar colectivo del Estado social.
Un sueldo no es lo que cobras, es lo que puedes hacer con él
El Estado de bienestar es una red y son muchos frentes. Es el coste de la vivienda, el de la vida, el de los suministros. Son las pensiones, el precio de la electricidad y los transportes. Es no arruinarse con un seguro privado de salud si un familiar cae enfermo. O no acabar la universidad con una deuda aplastante.
El acuerdo salarial de sindicatos y patronal para garantizar subidas en los próximos tres años era importante para cerrar la legislatura. Antonio Garamendi ha intentado expulsar de la foto a Yolanda Díaz con malos modos. Pero la reforma laboral impulsa el acuerdo y lo acompaña. La subida no es obligatoria para las empresas, pero es un compromiso que cala y arrastra a unas y otras. El ingreso mínimo vital empujó la subida del salario mínimo y así, en cadena, hasta este último acuerdo.
En un contexto de más polarización que nunca, es todo un logro que funcione el diálogo social. Dirimir los conflictos a través de las instituciones es salud democrática. Que los sindicatos hayan recuperado su sitio tras el ninguneo de la legislatura del PP también lo es. Ángela Merkel gobernó durante 16 años respetando a los sindicatos como actor fundamental en la gobernanza de sus grandes industrias. Mariano Rajoy, en la crisis más profunda de las últimas décadas, les expulsó de la mesa. De momento, Alberto Núñez Feijóo ha preferido a las Fuerzas de Seguridad o los fiscales conservadores a los representantes de los trabajadores. Son elecciones.
Volviendo al acuerdo, los damnificados de estos años han sido los salarios. Y los trabajadores han aguantado estoicamente el tirón de la inflación. Un gran esfuerzo de contención que se compensa con un acuerdo sin actualizar desde 2019. En un contexto donde contamos el carrusel de ingresos disparados de sectores financieros –la banca, las eléctricas, las grandes superficies alimentarias–, donde los beneficios crecen más que los salarios, sería razonable exigir ahora otras contrapartidas a cambio de la paz social: más derechos laborales, más flexibilidad y tiempo para conciliar.
Por fin estamos en una campaña electoral donde hay más conversación sobre políticas que refriegas. Unas elecciones donde al debate autonómico se ha sumado una agenda que llegaba tarde en un contexto inflacionista con dinámicas arrastradas de antes. La Ley de Vivienda ha supuesto un cambio radical en la conversación. Pudo haber no salido, costó mucho hablar de las dificultades para acceder, virar el marco de la vivienda-negocio a la vivienda-derecho, ese otro cable del ascensor social cada vez más pelado. Hace nada Isabel Díaz Ayuso llamaba comunistas a modo de insulto a quienes pretendían regular un mercado roto. Ahora, el mayor ataque pasa por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, calificando de tómbola las promesas de las viviendas que el ejecutivo ha anunciado ceder y construir. Escuchar al PP querer adelantar al PSOE en el número de pisos sociales es un éxito de la ley. El señalamiento al acuerdo de avales del ICO, porque ya lo hace el PP de Madrid o Murcia, también lo es.