Supervivencia política a costa de las víctimas
Nada hay peor que pretender ocultar una negligencia política utilizando a las instituciones, fabricando coartadas y llevándose por delante lo que haga falta por pura subsistencia. El máximo nivel de gravedad es cuando lo hace un gobierno. Madrid y Valencia se miran en el mismo espejo cuando utilizan a las víctimas de las residencias de mayores y la Dana para no rendir cuentas de ambas gestiones. La estrategia es igual y las formas cada vez más parecidas. Miguel Ángel Rodríguez lo lleva todo al nivel más bajo de la política. Nadie se ha atrevido a decirle a una víctima que su madre no murió, a profundizar en el dolor de los familiares amenazándoles con comprobar si iban a verles a las residencias o ir a por ellos porque les llaman “asesinos”. Si una víctima insulta a un político, el político se calla. Si nada puede reparar una pérdida, el silencio y la empatía es lo mínimo a lo que se deben. La fatídica cifra de 7291 fallecidos le perseguirá siempre. Y utilizar el poder autonómico para amedrentar a quienes acuden a los tribunales en busca de reparación solo demuestra la inmoralidad de quien lo hace.
El gobierno valenciano de Mazón está en una deriva similar. El presidente no reaccionó antes, ni durante, ni después. Lo que para Mazón fue la tarde de El Ventorro, para miles de valencianos fue el día mortal de la Dana. Cuatro meses después, sigue en su huida hacia delante falsificando grabaciones de la AEMET, presionando a técnicos y funcionarios con versiones falsas de lo ocurrido y está a nada de arremeter contra quienes salen a la calle a recordárselo. Mazón ha tenido muchas oportunidades para asumir su responsabilidad. Con la causa penal abierta, ya es tarde para mantener la mentira pública en la vía judicial. En la búsqueda de qué ocurrió, la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra quiere dar respuesta penal a cómo se tomaron las decisiones aquella tarde. Y con la instrucción, en un auto muy duro, pone el foco en la pregunta que se hacen todos los valencianos. Por qué nadie avisó a tiempo. Por qué no llegó la alerta. Por qué no se escuchó a los técnicos que avisaron del sistema de alerta en el CECOPI. Y lo enmarca en las competencias autonómicas, por más que el PP intentara incluso en Europa colocar el 29 de octubre en la competencia estatal. Tanto la Aemet como la Confederación del Júcar eran dos instituciones al servicio de un president ausente y unas consejerías incompetentes.
Lo que para Mazón fue la tarde de El Ventorro, para miles de valencianos fue el día mortal de la Dana. Cuatro meses después, sigue en su huida hacia delante falsificando grabaciones de la AEMET y presionando a técnicos y funcionarios
Cada semana tiene su enredo en la Generalitat. En esta, Mazón no ha presentado el registro de llamadas de su móvil porque no puede. El registro existe, otra cosa es que no pueda permitirse publicarlo. Cualquier alcalde de los 78 municipios afectados puede entregar su teléfono a la jueza, decir con quién habló y qué hizo. Mazón no. Tampoco servirán las localizaciones de su conductor para decir que fueron las suyas. Ni las versiones inventadas en sede parlamentaria o en comparecencias públicas. “Los daños materiales no podían evitarse, las muertes sí”, dice la jueza. Y ese es el callejón sin salida de Mazón.
Los dos gobiernos autonómicos de más peso del PP, Madrid y Valencia, se niegan a rendir cuentas en los dos asuntos más graves que han gestionado de manera negligente. En una dinámica en la que el PP nacional cierra filas. Como si las falsedades en política no tuvieran un coste. O hacer oposición sobre datos inventados y bulos. No tiene la misma dimensión porque no hay víctimas mortales, pero son demasiados ejemplos a desmentir cada semana. Feijóo pagó muy caro encararse a la periodista Silvia Intxaurrondo cuando le corrigió en directo sobre la no revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y siguen en las mismas. Como la supuesta subida de 97 impuestos con un listado de 31 ejemplos falaces, entre ellos, cargas municipales o un IRPF que el ejecutivo no ha subido. En las redes vale todo… pero sólo para reforzar trincheras muy pequeñas.
El PP, lejos de apartar a Mazón, le respalda. Y con ello, legitima su negligencia. Lejos de reprochar a Madrid llamar “activistas” y “resentidos” a las víctimas de las residencias, lo consiente. Para el portavoz Miguel Tellado todo vale. Pero en política actuar así todavía no es gratis. Valencia será la mejor muestra.
