La sucia realidad

La semana pasada, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, informó sobre el borrador del real decreto que aprobará el Gobierno acerca de la regulación de la publicidad relativa a juegos y apuestas. Por lo que se ha podido saber, dicha regulación no será tan ambiciosa como la que inicialmente se había anunciado. El punto 2.10.1 del acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos definía este objetivo: “Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.” En el borrador de decreto, la regulación de la publicidad de apuestas es ciertamente más laxa que la del tabaco y, además, alguna de las decisiones (por ejemplo, la publicidad en vallas) queda en manos de las Comunidades Autónomas.

En la rueda de prensa de Garzón, el ministro explicó que, con carácter general, la publicidad de juego sólo podrá emitirse en un horario restringido, entre la 1 y las 5 de la madrugada, lo que constituye un avance importante, pero con una salvedad de gran relevancia, las retransmisiones deportivas, que podrán incluir publicidad a partir de las 20:00 horas. Tampoco se verán afectados por el decreto los patrocinios de los equipos de futbol por parte de las empresas de apuestas. Y no está claro qué sucederá con los videos en internet de la grabación del evento deportivo y que están permanentemente disponibles para el usuario. La publicidad, por lo demás, no podrá estar protagonizada por personajes famosos.

Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar. Los colectivos de afectados por la ludopatía, las asociaciones de consumidores y las bases de la izquierda han recibido la noticia con gran decepción. Esperaban una regulación más severa. Para calentar aún más los ánimos, al día siguiente de la rueda de prensa de Garzón, la empresa Codere, una de las más potentes del sector, subía en bolsa, de forma casi insultante, un 7,5%.

¿Qué ha podido mover a Alberto Garzón a presentar una versión parcialmente diluida de los planes iniciales, que proponían una intervención más decidida para frenar la expansión de un problema social grave como la ludopatía?

La explicación más sencilla es que Garzón se ha “achantado” ante los grupos de interés, ha sucumbido a las presiones y ha traicionado a los suyos. Las cosas, sin embargo, suelen ser algo más complicadas. No es mi intención disculpar o proporcionar una coartada a Garzón, ni tampoco condenarlo o descalificar su gestión. Tengo mis opiniones, como cualquier ciudadano, pero no creo que sean especialmente originales o valiosas. Me parece, sin embargo, que este conflicto resulta de especial interés, por ser una de las primeras renuncias del nuevo gobierno, en este caso, además, protagonizada no por los socios más moderados de la coalición, sino por los más radicales.

En principio, la restricción de la publicidad a los horarios de madrugada parece una decisión fácil. Basta escribir unas líneas al respecto, aprobarlas en Consejo de Ministros y publicarlas luego en el BOE. Pero esas líneas tienen consecuencias de calado. Tanto las empresas de apuestas como, sobre todo, los medios de comunicación que obtienen ingresos suculentos con la publicidad, se han opuesto a la medida. Iván Gil, en su crónica para El Confidencial, se ha referido a la celebración de reuniones con estos dos grupos. En dichas reuniones, cabe suponer, se habrá señalado el coste económico de restringir el negocio, con su traducción en puestos de trabajo perdidos, algo que seguramente habrá hecho mella en el ministro. Además, es probable que el Ministerio de Hacienda también se haya puesto en contra de la regulación, ya que el Estado recibe un buen pellizco gracias a los ingresos fiscales derivados del juego.

A su vez, el ministro alega que la prohibición total no es efectiva, por mucho que satisfaga las demandas populares. Pone como ejemplo el caso de Italia, el único país europeo en el que se ha aprobado una prohibición total y que, según Garzón, ha provocado un aumento del juego ilegal. Al parecer, los italianos están intentado dar marcha atrás, lo que mostraría que los buenos propósitos no son siempre suficientes para solucionar un problema.

Si el real decreto se aprueba en los términos que se han conocido, tendremos un avance indudable con respecto a la situación anterior, caracterizada por la desregulación. Pero dicho avance queda lejos de las expectativas creadas por la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. Hay mucha gente que, legítimamente, considerará que el avance es insuficiente. Sin embargo, conviene recordar que la política está hecha de pasos erráticos, de cesiones parciales, de compromisos poco presentables. Los cambios siempre son más difíciles de llevar a cabo de lo que parecen sobre el papel. El electorado más de izquierdas, inevitablemente, tendrá que entrar en la lógica de la elaboración de políticas públicas, que en muchas ocasiones se desvía de los principios ideológicos. Si no lo hace así, si cede al lamento y a la impugnación genérica, el gobierno terminará siendo más débil de lo que ya lo es.