No era indignación, ni rabia, ni odio. Era puro desconcierto. Hace unos días, pudimos escuchar la sentida reflexión de un joven manifestante ante la sede del Partido Socialista, mientras los antidisturbios repelían el intento de quienes pretendían derribar las vallas de seguridad para asaltarla. El joven, afectado por el humo de los gases lacrimógenos, lanzaba ante una cámara de televisión una pregunta retórica: “¿Por qué nos hacen esto, si sólo queremos putodefender España?”.
Tan cierto es que Pedro Sánchez ha concedido la amnistía ahora para poder constituir un gobierno progresista, como que Feijóo se la hubiera dado a Puigdemont si le hubiera posibilitado gobernar. El electorado de izquierdas apoya a Sánchez porque quiere su investidura. El electorado de derecha está contra los acuerdos porque no quiere, de ninguna manera, la investidura de Sánchez. Feijóo vociferaba en la Puerta del Sol: “¿Por qué Sánchez tiene miedo a las urnas?”. En tono más calmado, cabría preguntarle: ¿Por qué Feijóo tiene miedo a que se vote en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular?
Ilegítimo, como todos
Para la derecha, Pedro Sánchez fue un presidente ilegítimo tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Le acusaron de llegar al poder gracias a una falsa acusación de corrupción generalizada en el PP. Para la derecha, en noviembre de 2019, Pedro Sánchez fue otra vez un presidente ilegítimo por obtener la investidura gracias a un pacto con Unidas Podemos, que había rechazado en la convocatoria precedente y que había desencadenado la repetición electoral. Por tercera vez, la derecha afirma que Pedro Sánchez va a ser un presidente ilegítimo por conseguir la investidura gracias a un acuerdo con los partidos independentistas catalanes, lo que implica la concesión de una amnistía por los hechos relacionados con el procés en Cataluña.
Aunque lo pudiera parecer, no deberíamos considerarlo como algo personal. José Luis Rodríguez Zapatero fue calificado por la derecha en 2004 como un presidente ilegítimo por haber ganado las elecciones tras el 11M y fue acusado de haber promovido una campaña de descrédito contra las mentiras del gobierno de Aznar en torno a la autoría de los atentados. Hasta su hoy admirado Felipe González fue considerado como un presidente ilegítimo en 1993 por la derecha política y mediática por mantenerse en el cargo pese a la larga serie de casos de corrupción que se acumulaban.
Diferentes amnistías
Por fin, ya tenemos el proyecto de la Ley de Amnistía. A partir de ahora, toca abrir debate público sobre su contenido. Sin embargo, llevamos con la discusión desde hace semanas. El principal argumento planteado contra la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez es el de la continuada negación de la constitucionalidad de la amnistía por parte de los líderes socialistas antes de las elecciones del 23J. Hasta ahora, la única petición de la amnistía partía del independentismo, que planteaba que se reconociera que el Estado español pisoteó los derechos democráticos de los catalanes durante el procés. Evidentemente, ese planteamiento de una amnistía era manifiestamente inconstitucional, tal y como unánimemente reconocían todos los juristas.
El PSOE promueve ahora un proyecto legal sustentado en otra explicación de motivos radicalmente distinta, ya que confirma la plena legalidad de todas las medidas judiciales que se tomaron tras los flagrantes delitos cometidos por el movimiento secesionista. Además, reconoce textualmente la aplicación de esta Ley dentro del marco constitucional. Sin matiz alguno. Esta amnistía, diferente por tanto a la reivindicación independentista anterior, defiende que la justificación de la medida es la búsqueda de una superación del conflicto político y social que ha emponzoñado la vida en Cataluña durante la última década.
Sólo el tiempo resolverá el interrogante de si la amnistía va a ayudar a destensar el conflicto catalán o si lo va a acentuar. Ahora mismo, cualquier opinión no deja de ser una especulación carente de valor real
Valoración jurídica y política
Evidentemente, como toda propuesta política, puede estarse o no de acuerdo. Pero, ante todo, resulta fundamental dejar claro cómo se debe enjuiciar la medida con una mínima sensatez. Por un lado, debe ser aprobada por el órgano que certifica su legitimidad democrática, el Congreso de los Diputados. Si existen dudas sobre si la medida se ajusta o no al marco constitucional español, no tiene mucho sentido elevar el tono. Se trata de esperar a que el Tribunal Constitucional determine si ese proyecto de ley en concreto es o no jurídicamente admisible en nuestro país. Posteriormente, serán los jueces quienes en cada caso concreto decidirán si cabe o no dentro de la Ley de Amnistía.
Por otro lado, se mantendrá un lógico debate político respecto a la eficacia de la iniciativa. Sólo el tiempo resolverá el interrogante de si la amnistía va a ayudar a destensar el conflicto catalán o si lo va a acentuar. Ahora mismo, cualquier opinión no deja de ser una especulación carente de valor real. El único referente objetivo que podemos tener es el de analizar el impacto que tuvieron los indultos aplicados durante la pasada legislatura a los dirigentes independentistas que cumplían condena en prisión. Aquella decisión política, que contó con un importante rechazo en la sociedad española, es hoy considerada como un acierto de forma mayoritaria, especialmente entre la población catalana.
La derecha en las calles
El pasado domingo, Núñez Feijóo tuvo que intervenir después de la rutinaria soflama de Díaz Ayuso, que puso al auditorio en máxima ebullición, en la que la presidenta madrileña habló una vez más de la dictadura que nos invade, ante miles de asistentes que sufrían al parecer una mañana de agónica angustia y opresión. La típica jornada negra que se vive bajo una dictadura. Visto desde fuera, parecían disfrutar de un soleado día, rodeados plácidamente de niños y mayores que al acabar fueron a tomar el aperitivo, después de haber escuchado todo tipo de barbaridades.
Feijóo, cuando le llegó el turno, contó su historia de siempre. Alguien debería advertirle de que se hace raro que alguien insista en contarte siempre que es un ganador. Es la prueba evidente de que piensa que no terminas de creértelo. Su problema mayor es el de hacer compatible un discurso en el que define a su rival político como la mayor amenaza que ha tenido nuestro país en décadas, cuyo maléfico comportamiento tiene como únicos argumentos la mentira y el insulto, frente a lo que él dice practicar, según sus palabras, la moderación alejada siempre del insulto. El auditorio, ya sobrecalentado, reaccionó ante esa afirmación un poco fuera del guion requerido: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.
No aceptan la derrota democrática
Los dirigentes de la derecha y la ultraderecha, después de reunir en las elecciones 11 millones de votos frente a los 12,5 de sus rivales, no han terminado de aceptar su derrota en este proceso electoral que debe cerrarse este próximo jueves en la sede oficial de la soberanía popular, la máxima representación de la democracia: el Congreso de los Diputados. Este miércoles, Pedro Sánchez presenta legítimamente su candidatura a seguir dirigiendo este país, después de que los representantes del pueblo español rechazaran la alternativa de Alberto Núñez Feijóo. A priori, cuenta con un apoyo mayoritario de la cámara después de que el PSOE haya alcanzado acuerdos políticos con otros seis partidos diferentes. Los dirigentes de PP y Vox consideran que esta posible votación no debería producirse, básicamente porque parece que van a perderla.
Sánchez cuenta con el apoyo de casi el 90% de los militantes socialistas. También, según todas las encuestas, con el respaldo mayoritario de sus votantes. El argumento más extendido entre el electorado de izquierdas es el de hacer prevalecer la puesta en marcha de un gobierno progresista, por encima de los obligados acuerdos con los partidos nacionalistas. Los dirigentes de la derecha mantienen que esto no es verdad y que, en realidad, al líder socialista sólo le mueve su obsesión personal por perpetuarse en el poder. Los 12,5 millones de españoles que respaldan su investidura no existen para ellos.
Un recuerdo no tan lejano
La noche del 3 de marzo de 1996, varios dirigentes del PP, Rajoy, Álvarez Cascos y Rato, salieron al balcón de la calle Génova junto a Aznar a celebrar su victoria frente a Felipe González. Saltaban y sonreían mientras sus seguidores entonaron su grito del momento: “¡Pujol enano, habla castellano!” Pasados cincuenta días, los populares pusieron su firma en un documento que recogía la mayor transferencia histórica de poder que se haya hecho nunca desde el Gobierno central a Cataluña. Pujol impuso no sólo que aceptaran todas sus reivindicaciones. Además, les obligó a firmar el texto escrito casi íntegramente en catalán (dieciséis de las dieciocho páginas). Bien es cierto que Aznar había ido días antes a TV3 a explicar que leía habitualmente poesía en catalán, lengua que manifestó que solía hablar en la intimidad.
No era indignación, ni rabia, ni odio. Era puro desconcierto. Hace unos días, pudimos escuchar la sentida reflexión de un joven manifestante ante la sede del Partido Socialista, mientras los antidisturbios repelían el intento de quienes pretendían derribar las vallas de seguridad para asaltarla. El joven, afectado por el humo de los gases lacrimógenos, lanzaba ante una cámara de televisión una pregunta retórica: “¿Por qué nos hacen esto, si sólo queremos putodefender España?”.