Censura y cárcel contra el interés público

Este martes, el PP anunció que había presentado una denuncia contra infoLibre. La firman a título particular Teodoro García Egea, el secretario general y número dos de Pablo Casado, y Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia. En el texto se nos acusa de un delito de "revelación de secretos". Acarrea una pena de cárcel que podría alcanzar los cinco años. No he tenido que buscarlo. Lo sé porque la propia denuncia dedica dos párrafos tan solo a recordar el tiempo de prisión.

También se pide la "inmediata supresión y eliminación" de la noticia en la que el lunes por la noche revelamos los mensajes cruzados entre García Egea y López Miras, por una parte, y de López Miras y Andrés Torrente, el secretario general de Salud, por otra. En esos whatsapps, el presidente regional comunica a García Egea cuándo está programada una intervención quirúrgica de uno de sus familiares. El barón murciano se ofrece a hacer una gestión sobre una consulta previa ("Voy a verlo", le dice). Pide información sobre el caso al alto cargo de la Consejería de Sanidad y se la traslada de inmediato al número dos de Casado. "Asegúrate de que lo citan" se ve teclear al presidente autonómico en su conversación con Torrente. "Gracias, líder", le acaba respondiendo García Egea. "A mandar", dice López Miras.

El paciente fue operado en la fecha en cuestión y en un hospital que no es el de su zona (en Murcia no hay la libertad de elección de centro que hay, por ejemplo, en Madrid) pero donde casualmente hay menos lista de espera. Toda la información está en el impecable trabajo periodístico de Alicia Gutiérrez. Su publicación dio inmediatamente pie a un debate público y a la exigencia de explicaciones por parte de multitud de portavoces políticos. Desde Unidas Podemos a Ciudadanos. Desde el PSOE a Vox. Algunos de ellos se preguntaron qué habría ocurrido ante un caso así en democracias más avanzadas que la nuestra, en esas en las que los ministros dimiten por comprar una chocolatina con dinero público o por copiar frases en su tesis doctoral.

El PP reaccionó con un comunicado en el que asegura que la información es "totalmente falsa". En el mismo comunicado (ya es mala suerte) reconoce que los mensajes son completamente ciertos. Se trata, según el PP, de una "conversación privada" y una "intromisión ilegítima en la intimidad personal". Evidentemente, no se puede invadir la privacidad de las comunicaciones de una persona, que es de lo que el PP acusa a infoLibre, si esas comunicaciones nunca tuvieron lugar. En ese caso, estaríamos ante una invención, ante una farsa, y la reacción del PP habría sido otra.

Preguntado en La hora de La 1, el magistrado y responsable de Justicia del PP también admitió este miércoles la veracidad de esos mensajes. Fue, eso sí, con la intención de quitarles hierro e intentar defender a su jefe del presunto delito de servirse de su cargo para favorecer a un familiar. "Una cosa es pedir información y otra cosa es intermediar", explicó tranquilamente Enrique López. Es decir, que como poco García Egea pidió información a un presidente autonómico (responsable último de la sanidad pública murciana) sobre citas y procedimientos médicos al margen de los canales habituales. Todo sobre un paciente particular que además resulta ser pariente suyo. Y eso es, según López, lo normal.

El PP tiene todo el derecho a acudir a los tribunales, faltaría más. infoLibre tiene la obligación de defender el interés público de unos mensajes de veracidad jamás cuestionada por sus protagonistas, enviados por responsables políticos de primer nivel, sobre una cuestión dirimida muy lejos de los cauces habituales y en una comunidad autónoma donde el anterior consejero de Sanidad tuvo que dimitir por colar a cientos de personas en la cola de vacunación, entre ellos a sí mismo. Si del interés general hablamos, no se me ocurre qué asunto podría competir con la gestión de la sanidad pública en la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años.

Es inaceptable que el PP pretenda condicionar el trabajo de los periodistas. Siempre es mejor técnica aclarar los hechos. En ese sentido, todavía estamos esperando respuesta a nuestras preguntas sobre los elementos fundamentales de la historia, que enviamos con antelación más que suficiente (nosotros siempre consultamos a los afectados). A lo largo del lunes, antes de darle al botón de publicar, mantuvimos hasta seis contactos con interlocutores autorizados, oralmente y por escrito. Nada.

En lugar de eso, lo que se pide como medida cautelar es borrar el artículo. Es decir, censurarlo. La exigencia es ciertamente exótica y tiene implicaciones muy graves en un Estado de Derecho. Los periodistas estamos acostumbrados al ejercicio del derecho de rectificación. A él recurren a menudo aquellos que sienten que su versión está mal representada o los hechos no se corresponden con la realidad. Lo que aquí ocurre es justamente lo contrario. Los hechos están contrastados y los puntos de vista relevantes fueron recabados con profesionalidad. Ese y no otro es precisamente el problema. Por eso el PP pide al juez que, antes de dirimir si se cometió o no algún delito, borre de la faz de la tierra la información. Cuestión de prioridades.

El PP tampoco debería mentir. La denuncia nos acusa de facilitar los elementos que "permiten identificar" al paciente. La realidad es la contraria y está a la vista de todos. Hemos excluido con sumo cuidado su nombre o iniciales, género, enfermedad o especialidad médica e incorporamos exclusivamente los aspectos imprescindibles para entender la historia. Lo hicimos no para protegernos preventivamente de una denuncia sino sencillamente por convicción. Así lo adelantamos a los afectados. Sin que nadie nos lo pidiera antes y desde el primer momento. El paciente (al que deseamos un completo restablecimiento) no es la clave. Lo crucial es el motivo, alcance y consecuencias de esos mensajes entre destacados responsables políticos.

Una vieja definición periodística dice que noticia es todo aquello de interés público que los poderosos no quieren que se sepa. El resto, relaciones públicas. Los periodistas trabajamos para los lectores, no para las fuentes o dentro del perímetro del miedo que sean capaces de infundir.

Si se aceptasen las tesis de García Egea y López Miras, daría igual de qué tratasen esos mensajes. Imaginemos, por ejemplo, el peor de los delitos. El derecho de esos políticos estaría por encima del interés de millones de ciudadanos a conocer la verdad.

Aplicando (sin ánimo de comparar) la cosmovisión sobre el derecho a la información de García Egea y López Miras, no habríamos oído hablar de los SMS de Bárcenas que desveló El Mundo. O del caso máster de Cristina Cifuentes que publicó elDiario.es. Qué decir de la revelación de secretos por antonomasia, el Watergate. O Wikileaks. O Football Leaks, la investigación sobre los clubes de fútbol publicada por infoLibre y medios como Der Spiegel pertenecientes a la red de investigación EIC. Tampoco habríamos conocido en 2018 los explosivos mensajes entre Carles Puigdemont y Toni Comín cuyo contenido corrió a denunciar Pablo Casado en Twitter. Se ve que ese día estaba menos interesado en la protección de la intimidad de los afectados.

No hay dudas de que "el presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea", que es como titulamos nuestro artículo. Pero sí hay muchas preguntas por resolver:

En infoLibre seguiremos investigando y pidiendo a los ciudadanos que crean en el interés general que se comprometan con una suscripción. Como siempre decimos, la información que recibes depende de ti y, si no existiéramos, no se conocería ni la noticia ni lo que está haciendo el PP para tratar de eliminarla. No tenemos los recursos de otros grandes medios porque queremos depender sólo de las socias y socios, de largo nuestra primera fuente de ingresos. No aceptamos publicidad de cualquiera porque sabemos lo que comporta. Y presiones, de nadie.