Permítanme que insista. La celebración de la Fiesta Nacional es una ocasión inmejorable para conocer la verdadera situación de las Fuerzas Armadas. Más allá de desfiles y de actos vistosos, las Fuerzas Armadas españolas no están en la mejor situación para celebrar grandes momentos festivos. Un año tras otro podemos contemplar con severa preocupación cómo los problemas que acompañan el día a día de las unidades pasan total y absolutamente desapercibidos para el público en general, al que sólo se le muestra lo más vistoso, sin que por ello alcance a tener una imagen fiel de los ejércitos.
Así, por ejemplo, el desamparo en el que se encuentran miles de hombres y mujeres pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería y de Complemento del Ejercito de Tierra, del Ejército del Aire y de la Armada no está en los informativos y en las crónicas sobre la Fiesta Nacional. En los próximos años miles de soldados y marineros habrán de abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir cuarenta y cinco años y no haber adquirido la condición de militar de carrera. Habrán de enfrentarse a un mercado de trabajo en el que es una aventura incierta, cuando no imposible, encontrar un empleo. Lo harán sin preparación, formación y sin titulación. Es decir, en la peor de las situaciones posibles, con una edad que normalmente lleva aparejada cargas familiares y compromisos económicos de atención y cumplimiento obligados.
Llegaron a las Fuerzas Armadas, cumplieron con el servicio, algunos dejaron su vida y ahora quedan sin protección y sin ninguna expectativa real de integración en el empleo ordinario. Lo peor de todo es que el Estado que les contrató y el Ministerio de Defensa que les empleó no han cumplido con las obligaciones que a ellos y sólo a ellos concernían.
Efectivamente, cuando un soldado o un marinero firma su compromiso inicial sabe que el ordenamiento jurídico contiene una serie de obligaciones del propio Estado, orientadas a facilitar el acceso al empleo y al autoempleo y a prestar medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas.
Además, es obligación del Estado facilitarles, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término del compromiso con las Fuerzas Armadas. Estas obligaciones de actuación se contienen en la Ley de Tropa y Marinería, del año 2006. Años después, en la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es del año 2011, se reitera el mandato legal, en relación con el ofrecimiento a los militares de programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones años de servicio e intereses profesionales. Estos programas serán implantados por el Ministerio de Defensa, que es el órgano al que se le encarga el cumplimiento de esta disposición legal.
Lamentablemente no se han cumplido estos mandatos. De alguna manera, se ha engañado a los militares de Tropa y Marinería y se ha incumplido uno de los aspectos más importantes del contrato firmado con ellos y ellas. Ahora se encuentran ante el hecho de que perderán su relación profesional con las Fuerzas Armadas, sin que estén preparados para afrontar su nuevo escenario vital. No se les ha reconocido título alguno, no se les ha preparado para incorporarse al mercado ordinario de trabajo y no se les facilita una salida con alguna garantía de continuidad laboral.
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Además, no se han llevado a cabo acciones o políticas de difusión ante la sociedad y sobre todo, ante quienes crean empleo, de que existe un importante número de ciudadanos que por su trayectoria profesional, por su modo de trabajo y de vida, son portadores de importantes características que pueden y deben ser valorados por quienes busquen personal para sus negocios y empresas. Los empresarios españoles, pequeños, medianos y grandes desconocen la existencia de una bolsa de trabajadores que han pertenecido a los ejércitos y que podrían ser objeto de su contratación laboral.
En estas condiciones y circunstancias, resulta fácil comprender que miles de militares no puedan celebrar la Fiesta Nacional en los próximos días. Muy al contrario, ser el foco de la atención de la sociedad les hace sufrir más al evidenciar el olvido de sus conciudadanos y la perpetuación del engaño y del incumplimiento de las leyes. Ojalá la mirada de los españoles se vuelva hacia los soldados y marineros el día doce de octubre para solidarizarse con ellos y para exigir a los gobernantes actuales y venideros el cumplimiento de la ley y el trato digno que se merecen los que trabajan por nuestra seguridad y defensa.
Lo que se debió hacer y no se hizo tiene difícil solución. Pero lo que se debe hacer en los próximos meses es virar los planteamientos de los últimos años hacia una política de personal que compatibilice los intereses operativos de las Fuerzas Armadas con los sociales, económicos y profesionales de los militares. Y sobre todo, no incumplir compromisos adquiridos derivados directamente de las leyes. Ha de ser una prioridad del próximo Gobierno y de quien ocupe la cartera de Defensa.
Permítanme que insista. La celebración de la Fiesta Nacional es una ocasión inmejorable para conocer la verdadera situación de las Fuerzas Armadas. Más allá de desfiles y de actos vistosos, las Fuerzas Armadas españolas no están en la mejor situación para celebrar grandes momentos festivos. Un año tras otro podemos contemplar con severa preocupación cómo los problemas que acompañan el día a día de las unidades pasan total y absolutamente desapercibidos para el público en general, al que sólo se le muestra lo más vistoso, sin que por ello alcance a tener una imagen fiel de los ejércitos.