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La decisión del Gobierno de repatriar a los niños que Marruecos envió masivamente a Ceuta el pasado 17 de mayo como represalia ante las afrentas, reales o imaginarias, de España por la cuestión del Sáhara Occidental sobrepasa los límites que permiten la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro propio ordenamiento jurídico y la ética de un Estado social y democrático de derecho.
Recordemos que todo surgió porque Marruecos, bien arropado por Estados Unidos e Israel, se atrevió a desafiar las fronteras de España, y por ende de la Unión Europea, mediante la utilización de menores de edad, vulnerando los Derechos Humanos de estos niños y sumiéndonos en un conflicto externo e interno, que ahora hay que resolver.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, declaró alto y claro el pasado día 15 que la repatriación a Marruecos de los menores no acompañados infringe la ley y los derechos humanos. Añadía: “El proceso de repatriación ha de ser claro y transparente. Lo que está sucediendo en este momento en Ceuta no es ni lo uno ni lo otro… El Gobierno tiene la obligación legal de explicar lo que ha hecho y lo que ha acordado. Mientras no suceda, incurre en una vulneración de la ley en España”.
La Fiscalía también ha pedido información ”caso a caso de las repatriaciones de menores en Ceuta. El fiscal jefe de Ceuta ha cuestionado además que las devoluciones se sustenten en un oficio sin firma de la Secretaría de Estado de Seguridad: "No consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería". También el fiscal de sala de Menores de la Fiscalía General del Estado remitió un oficio solicitando información al Ministerio del Interior sobre la orden dada por Fernando Grande-Marlaska, autorizando devoluciones grupales de niños y adolescentes sin contar con el informe del Ministerio Fiscal, que es un requisito exigido por la ley de extranjería.
Sin embargo, pese a la solicitud de los fiscales, del Defensor del Pueblo, del Consejo General de la Abogacía y de diversas ONG, el Ministerio del Interior manifestó de inicio su negativa a suspender las devoluciones por considerar que todo era correcto y acorde con la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta decidió el lunes 16 rechazar la paralización de las devoluciones. Pero, un día después, un juzgado de guardia de Ceuta suspendió por 72 horas la medida a la espera de las explicaciones que pudiera dar el Ministerio del Interior, para lo que fue definitivo el testimonio de cinco menores que iban a ser expulsados. El mismo día se conocía una resolución del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, solicitando a España suspender la expulsión y planteando la transferencia de los menores a un centro de protección.
La zozobra de Grande-Marlaska
En todo este tiempo hemos visto al ministro deambular entre la seguridad, la prudencia fuera de plazo y arrojar balones fuera o apuntar a la presidencia de la ciudad autónoma ceutí, todo en apenas 24 horas. Así, el martes acataba las resoluciones judiciales, aunque afirmando que podría explicar en las alegaciones cómo, según el Acuerdo de 2007 con Marruecos, el procedimiento se basaba en una coordinación óptima sin riesgo alguno para los niños y jóvenes afectados. Pero si se lee el articulado de ese acuerdo y su invocación a la legislación nacional e internacional, se comprobará que no se han cumplido ninguno de los requisitos que exigen en primer término la protección de los derechos de los menores.
Debo decir que los argumentos que desplegó el ministro ese martes en la radio me resultaron algo indescifrables: "Retornas a los que son retornables, no hay ningún riesgo para ellos", señaló. "Aquellos susceptibles de retornar, dentro del interés superior del menor, volverían; y si no, le daríamos la tutela, que es un elemento esencial". El ministro reconoció que la controversia se centra en los expedientes individualizados, que los denunciantes aseguran que no existen. Y si no hay expedientes individuales, entonces me pregunto ¿cómo sabe el ministro quién es retornable y quién no? Algo no encaja. Creo que resulta insoslayable, para tranquilidad de todos, que esos expedientes aparezcan porque, en caso contrario, alguien no ha actuado de acuerdo con la ley.
Así las cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional solicitó, tras el recurso de una ONG, que Interior entregara en 24 horas el documento que dio inicio a las devoluciones y que marcaba un cupo diario de 15 niños a repatriar.
En su contestación, Interior aseguró que de su departamento no había salido orden ni acto administrativo alguno en el sentido de devolver a los 700 menores marroquíes que se encuentran en Ceuta, que pudiera ser recurrido ante la Audiencia Nacional y que se limitaban en su escrito al ruego del ministro de Interior de que “se efectúe el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”. Pero es que, además, Interior apuntaba hacia la presidencia de Ceuta como solicitante de la aplicación del acuerdo con Marruecos a fin de que los menores abandonen la ciudad autónoma.
Sin embargo, según revelaba El Confidencial, el correo electrónico que envió el 10 de agosto la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio de Interior) a la Delegación del Gobierno en Ceuta instaba a que se procediera desde ese mismo día a la repatriación de los menores.
Tribunales y contradicciones
La respuesta de los magistrados elevó aún más el nivel de desconcierto al notificar, el miércoles 18 de agosto, un auto declarándose competentes para resolver el recurso presentado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, contra la repatriación y, a la vez, rechazando la medida cautelarísima de suspensión que solicitaban los recurrentes remitiéndolos a los órganos jurisdiccionales de la ciudad autónoma. Para la Sala, no se deducen las violaciones de derechos denunciadas que justifiquen medidas cautelarísimas. Una vez más los tribunales se apegan a una exégesis vacía de contenido mientras dejan los derechos humanos de los más desvalidos abandonados a su suerte.
No tiene sentido discutir sobre el sexo de los ángeles mientras 700 menores esperan preocupados, con miedo, su futuro inmediato hacinados –no olvidemos además las condiciones en que se encuentran– en lugares inapropiados, pero aun así preferibles a lo que a muchos les espera si retornan.
En este sí pero no, vengo y voy, con intervenciones judiciales en uno u otro sentido, florece la contradicción interna del Partido Popular, variando las opiniones según desde qué punto de la geografía se expresen. Jaime de Olano, vicesecretario de Participación, acusaba a Grande-Marlaska de actuación ilegal y de enfrentarse a la justicia. Por su parte, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, defendía una actuación respetuosa de la legalidad, coordinada y conjunta entre su institución y el Ministerio. A la vez, la Ciudad Autónoma suspendía por cautela las repatriaciones a la espera de la decisión de los tribunales sobre la legalidad del procedimiento.
En cuanto a Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz habría transmitido desde el primer momento al presidente Pedro Sánchez su inquietud por una posible vulneración de derechos, pidiéndole su intervención y la suspensión de la medida, lo que viene a crear un nuevo punto de fricción en el ejecutivo de coalición.
¿Y los niños?
Lo más importante en esta lamentable historia de desencuentros son los menores, y el deber que tenemos todos de velar por el “interés superior del niño”, principio basal de toda la Convención que los protege. Ha trascendido, gracias a las ONG, que hay razonables dudas sobre maltrato, abusos y otras vulneraciones de derechos de estos niños que en muchos casos –explican– no desean retornar a su país con sus familias, si es que disponen de ellas.
Estoy muy de acuerdo con el artículo publicado en estas mismas páginas por Javier de Lucas cuando destaca en términos de lógica jurídica “…antes que inmigrantes, antes que extranjeros, esos menores –niños y adolescentes– son eso, niños. Por tanto, tras su llegada, la respuesta a su presencia corresponde a las autoridades de protección de la infancia, más que a los responsables de la política migratoria…” Es decir, primero debemos proteger los derechos de la infancia y luego podremos ocuparnos de los aspectos migratorios. Y suscribo su conclusión, en cuanto a que los derechos de los niños “son más que una cuestión de Estado: marcan la línea entre civilización y barbarie”.
Aviso para navegantes, claro y directo: hay que elaborar el expediente de cada menor, como es legalmente exigible, con los informes añadidos de la Fiscalía y el servicio de protección de menores. No hay atajos, no hay enmiendas que valgan, ni excusas posibles. Por no hacer las cosas bien desde el principio, se ha perdido mucho tiempo y se sigue perdiendo tiempo, afectando la vida cotidiana y los derechos de estos menores.
Desde una perspectiva política, puedo entender la necesidad perentoria de resolver el asunto y de hacerlo además al gusto –todo hay que decirlo– del vecino del otro lado del Estrecho que demuestra que es capaz de hacernos bailar al son que le interesa. Y claro está que, para Marruecos, los Derechos Humanos no interesan y la protección de la infancia le importa bastante poco. Pero el ministro del Interior y el presidente del Gobierno saben perfectamente que este lado del Estrecho es Europa, y aquí sí que los derechos humanos importan, y mucho, pues forman parte del ADN del proyecto europeo, forjado tras la Segunda Guerra Mundial.
La ultraderecha y los talibanes
Aún están a tiempo de enmendar rumbo y abrir expedientes individuales porque, a través de cada uno de ellos, es como se podrá saber cuál es el interés superior del menor y el alcance de la protección que necesita, en cada caso. La invocación genérica a ese “interés superior del niño”, como dice el ministro del Interior, resulta, por sí sola, una afirmación hueca y desvela que lo que hasta ahora hemos visto es una monumental chapuza.
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Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR
La decisión del Gobierno de repatriar a los niños que Marruecos envió masivamente a Ceuta el pasado 17 de mayo como represalia ante las afrentas, reales o imaginarias, de España por la cuestión del Sáhara Occidental sobrepasa los límites que permiten la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro propio ordenamiento jurídico y la ética de un Estado social y democrático de derecho.