No lo entiende el obrero jubilado de la metalurgia sevillana, votante del PSOE que casi siempre lo ha entendido todo, ni tampoco el ejecutivo de la empresa química alemana que estas navidades ha regresado a España contando que Pedro Sánchez goza de prestigio y reconocimiento en el país donde vive. Ni uno ni otro comprenden por qué una ley pensada para proteger a las mujeres provoca una tremenda alarma social por la rebaja de las condenas a los agresores sexuales. Todo aquello que seas incapaz de explicar, dicen los manuales de política, mejor no lo hagas.
Desde que se detectaron los primeros efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí, el Gobierno ha permitido que la confusión se instale en la opinión pública con respuestas interpretables según el día. Se ha mantenido en sus trece el Ministerio de Igualdad, que defiende que la ley es intocable y dispara a los jueces, pero el sector socialista ha ido sorteando la polémica con argumentos que ya empiezan a sonar a evasivas. Al principio, a mediados de noviembre, María Jesús Montero abrió la puerta a la reforma de la ley, un día después el presidente alejó esa opción y desvió el foco hacia la Fiscalía y la jurisprudencia del Supremo para ser él mismo quien, al poco tiempo, hablase de la posibilidad de “ajustes técnicos”. Esa opción ha ido cobrando o perdiendo fuerza en función del portavoz al que le toca defender el tema.
En su última comparecencia de 2022, el presidente trató de orillar el asunto pero el dinosaurio ha seguido ahí en las primeras ruedas de prensa del Gobierno en 2023. Por muy histérica y monotemática que sea la actualidad, se equivoca quien piense que esto se irá apagando: mientras haya revisiones de condenas, seguirá siendo un agujero por el que se desangran la credibilidad del Gobierno y la confianza en la protección que ofrece la ley que, dicho sea de paso, salió del Congreso con una robusta mayoría de 205 votos a favor. Ciudadanos y Junts se sumaron al bloque de la investidura para apoyar la consagración del consentimiento como clave de la libertad sexual.
Mientras haya revisiones de condenas, seguirá siendo un agujero por el que se desangran la credibilidad del Gobierno y la confianza en la protección que ofrece la ley
Por mucho ruido político que haya, reconocer lo que no funciona (o al menos intentar explicarlo) puede ser el camino más acertado para salvar los muchos aspectos positivos de la ley, que responde a una nueva filosofía y que tiene un planteamiento integral mucho más allá de lo que afecta a la reforma del Código Penal. “Algo está fallando y todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa”, sentenció Margarita Robles en el peor momento, eso sí, en pleno repunte de los asesinatos machistas en los días previos a la Nochebuena. Expresó el estupor y la incomprensión que rumian muchos en el PSOE, aunque la ministra de Defensa tuvo que matizar sus declaraciones a las pocas horas en favor del espíritu navideño y de la paz en la coalición.
Tres meses después de la entrada en vigor de la ley, negar la evidencia puede ser una estrategia política arriesgada en año electoral, en el que la ofensiva de la oposición va a ser implacable. Que hay una mirada machista que contamina al conjunto de la sociedad, también a los jueces, es una realidad incuestionable, pero otra cosa muy distinta es que demos por hecho que se las están apañando para beneficiar a los violadores. El Gobierno tendrá que decidir qué hace y hablar claro si aspira a que lo entiendan al menos quienes están predispuestos a entenderle.
No lo entiende el obrero jubilado de la metalurgia sevillana, votante del PSOE que casi siempre lo ha entendido todo, ni tampoco el ejecutivo de la empresa química alemana que estas navidades ha regresado a España contando que Pedro Sánchez goza de prestigio y reconocimiento en el país donde vive. Ni uno ni otro comprenden por qué una ley pensada para proteger a las mujeres provoca una tremenda alarma social por la rebaja de las condenas a los agresores sexuales. Todo aquello que seas incapaz de explicar, dicen los manuales de política, mejor no lo hagas.