La Comisión Ciudadana que se formó para investigar y tratar de esclarecer lo sucedido en las Residencias de mayores de Madrid ha presentado su informe el pasado día 15 de marzo y en él se recogen las conclusiones obtenidas a partir de las declaraciones de las personas afectadas, de peritos, políticos, periodistas y de la abundante documentación recopilada. Creo que ya se han agotado todos los comentarios sobre lo sucedido, por lo que me centraré en la forma en la que se elaboraron los conocidos protocolos de la Comunidad en Madrid para derivar o no derivar a los residentes hacia los hospitales.
La situación era incuestionablemente excepcional, por lo que había que actuar con rapidez y en medio de numerosas incógnitas que en aquellos momentos no estaban despejadas. Disponemos de un dato revelador facilitado por la propia Comunidad, que cifra en un 65% el número de residentes que salvaron su vida gracias a su derivación a los hospitales. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para decidir sobre esta cuestión vital y cuáles fueron las deliberaciones previas para redactar los Protocolos?
En el mes de enero de 2020 se producían alrededor de 120 derivaciones diarias, cifra algo superior a las que se acordaron en el mes de febrero, posiblemente relacionadas con la gripe estacional. Se produce un cambio en la serie temporal entre el 6 y 7 de marzo. El 7 de marzo empieza a funcionar la gestión centralizada en la Consejería de Sanidad. El 12 de marzo el Consejero de Sanidad anuncia un plan de acción que nunca se llega a publicar de forma íntegra, en el se habla de la medicalización de las residencias. Altos cargos de la Consejería de Sanidad comienzan a elaborar diversos Protocolos para que sean aplicados por los geriatras.
Según las investigaciones del periodista Manuel Rico que se recogen en su libro, el día 13 de marzo se producen una serie de reuniones para elaboración de los Protocolos. Los trabajos están coordinados por el entonces Director General de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y por quien sería su sucesor, Javier Martínez Peromingo. El producto de dichas reuniones se contiene en el Protocolo de no derivación, aprobado el 18 de marzo, firmado digitalmente por Carlos Mur, que firmó otras tres versiones los días 20 y 24 y 25 de marzo. Se comunicaron a altos cargos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas sociales y a los gerentes y directores médicos de los hospitales. También se comunicaron al SUMMA 112, servicio de ambulancias de la Comunidad como elemento del cierre del sistema para evitar derivaciones no autorizadas.
Los altos cargos y los técnicos dispusieron de cinco días (13 a 18 de marzo) para discutir, planificar y valorar todos los criterios científicos, sanitarios y sociales e incluso económicos, teniendo en cuenta que estaba en juego el derecho a la vida, la integridad física y moral, a la salud y el derecho a la no discriminación de las 50.000 personas que en aquellos momentos ocupaban las Residencias de Madrid.
La comparecencia de todos los que participaron en las reuniones ante una Comisión de investigación, con la obligación de decir la verdad, es la única salida para restaurar la dignidad democrática que demolieron los llamados 'Protocolos de la Vergüenza'
Desconocemos quién tomó la decisión definitiva sobre la instalación en IFEMA de un hospital que estuvo funcionando desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 1 de mayo. Sin perjuicio de las donaciones que hicieron diversas firmas comerciales, se invirtió dinero del presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿Se barajó esta alternativa de gasto entre los integrantes de la Comisión para redactar los Protocolos de no derivación?
En el Protocolo del 18 de marzo se recogen los criterios de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Según se desprende de su contenido, podrían ser derivados los pacientes que eran independientes para la marcha, sin deterioro cognitivo grave y sin comorbilidad asociada en fase avanzada. Se complementa con el Protocolo del 20 de marzo, en el que se recogen los criterios de exclusión de derivación de los pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa y con deterioro funcional severo. En estos casos considera que lo ideal sería visitar y prestar atención en la propia residencia, es decir la medicalización. El Protocolo de 24 de marzo tiene contenido semejante y en el del 25 complementan las recomendaciones de derivación hospitalaria.
En definitiva, se excluyen de la derivación hospitalaria los pacientes que tenían las sintomatologías que ya hemos mencionado, pero se advirtió a las Direcciones de las Residencias que se podía acceder a la derivación hospitalaria, fuese cual fuese su clasificación, a aquellos que tuviesen un seguro privado. La derivación se hacía a hospitales privados y los gastos de estancia y asistencia se pagaban por la sociedad aseguradora.
De todo ello se deduce que las decisiones no obedecían a criterios médicos sino a valoraciones puramente mercantilistas basadas en el ahorro de los gastos derivados del pago de las estancias en los hospitales privados. Con desprecio de las más elementales normas de respeto a la vida, la salud y la dignidad de las personas, se priorizaron otras inversiones propagandísticas. Al menos durante los meses de marzo y abril de 2020, una derivación hospitalaria incondicionada hubiera reducido en un 65% la mortalidad de los residentes trasladados, según los datos que facilita la propia Comunidad.
La responsabilidad de estas decisiones, impropias de una sociedad democrática, tiene que ser depurada en el terreno político por una Comisión de investigación sin descartar la culpabilidad jurídica que pudiera exigirse. Desconocemos si existen actas que reflejen todo lo que se debatió durante los cinco días que precedieron a la publicación del primer Protocolo pero, en todo caso, la comparecencia de los firmantes y de todos los que participaron en las reuniones ante una Comisión de investigación, con la obligación de decir la verdad, es la única salida para restaurar la dignidad democrática que demolieron los llamados Protocolos de la Vergüenza. La última explicación que se ha escuchado de los labios de la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede ser más insensible e insoportable, humana y políticamente. Vino a decir que, al fin y al cabo, hubieran muerto igual. No, señora Ayuso, es usted, en última instancia, la responsable de que murieran de una manera horrible como nos dijeron las personas que trabajaban en las residencias.
Por lo menos reconozca que les privó de la atención que necesitaban en la etapa final de su vida. No tuvieron el apoyo físico, emocional, social y espiritual que les podían facilitar los paliativos y sus familiares. Si se demuestra que todo lo que incluimos en el Informe de la Comisión Ciudadana no responde a la realidad, no dude que estaremos dispuestos a rectificar.
____________________________
José Antonio Martín Pallin. Abogado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo, y ha presidido la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.
La Comisión Ciudadana que se formó para investigar y tratar de esclarecer lo sucedido en las Residencias de mayores de Madrid ha presentado su informe el pasado día 15 de marzo y en él se recogen las conclusiones obtenidas a partir de las declaraciones de las personas afectadas, de peritos, políticos, periodistas y de la abundante documentación recopilada. Creo que ya se han agotado todos los comentarios sobre lo sucedido, por lo que me centraré en la forma en la que se elaboraron los conocidos protocolos de la Comunidad en Madrid para derivar o no derivar a los residentes hacia los hospitales.