El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana.
La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía antes de la guerra civil, aunque la memoria impuesta por el franquismo sobre aquel conflicto nunca dejó de estar presente en los años de la transición. Y la sociedad actual tampoco es heredera directa de aquel período de cambio, pero conviene recordar los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia y pueden sacarse enseñanzas importantes para el presente.
El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad, era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto, la mayoría procedentes de la dictadura. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, muchos le consideraban el hombre del Rey y le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno que había comenzado en julio de 1976.
En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, más allá de las expresiones ideológicas y doctrinales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.
A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.
A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.
Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, incluidas todas las organizaciones de extrema izquierda que acudieron por separado, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagó el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla.
La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial mínimo necesario.
Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas
Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas.
Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas.
La transición comenzó, y se consolidó en la democracia, con una cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. El sistema de representación que se puso en marcha estaba basado en partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil.
A ese modelo de «bipartidismo imperfecto» hemos vuelto en la actualidad. Los grupos a la izquierda del PSOE no tienen otra opción que ir a las urnas unidos en coalición. Y el PP, como le pasó a UCD, tendrá muy difícil gobernar como un partido nacional/español si mantiene su actual escasa presencia en Cataluña y el País Vasco. Enseñanzas de la historia.
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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, junto a Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX.
El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana.