Cuesta asimilar la hipocresía de nuestros representantes políticos, a quienes se les supone conocimientos básicos sobre nuestro sistema jurídico y constitucional cuando se abordan temas de derecho penal y creen que de ello pueden sacar rédito electoral.
En las ultimas horas asistimos a un buen ejemplo de este esperpento, cuando se rasgan las vestiduras en los distintos púlpitos al ver nada más y nada menos que se cumple estrictamente la Constitución en cuestiones relativas a la asunción de la normativa de la Unión Europea de la que formamos parte, y que no permite elegir: esta norma me gusta, esta no. Somos miembros de la Unión, pero solo un poquito, en fin.
En este caso la algarabía trae causa del hecho de que las penas cumplidas por parte de ciudadanos de este país en otros Estados de la Unión deben sumarse a las que se cumplan en España al respecto de la misma condena. Esta cuestión no es nueva, en tanto que resulta una transposición de una decisión marco de la Unión Europea adoptada en 2008, pero además forma parte de la filosofía básica del derecho penal moderno europeo, internacional y patrio, que impide ser sancionado dos veces por la misma cosa y que aspira a la reinserción social. Es una normativa humanista que corresponde con la esperanza que las sociedades depositan en sí mismas y en su capacidad de hacer mejores a las personas que las componen. Personas que tienen derechos, incluso cuando cometen los crímenes más atroces, y el más importante de todos ellos tiene que ver con la posibilidad de superarlos, y que a su vez la sociedad los supere.
En este país hace más de una década que se terminó con el terrorismo de ETA para fortuna de todos y todas nosotras, pero aún se utiliza su triste sombra como clave electoral cuando las generaciones más jóvenes no saben ni de quiénes se les habla. Hay que agitar el miedo y el rencor a toda costa como gran argumento de combate político. Nuestra sociedad era mucho mejor el día que el arco parlamentario votó por unanimidad seguir adelante en la historia. No se trata de perdonar, ni de olvidar, sino de demostrar con la esperanza del futuro la negrura del pasado.
Parece que las leyes solo obligan a los demás, a los otros. Este cuestionamiento de la universalidad de las leyes es muy peligroso porque en el fondo no se cuestiona la ley, sino que se impugna el funcionamiento mismo de la democracia
Por supuesto que las víctimas estarán dolidas si los culpables acortan sus condenas, aunque sea mínimamente en cumplimientos que suman décadas, y merecen nuestro reconocimiento y todo el apoyo público junto con el honor que representan. Pero eso no puede llevar a modificar los caminos de avance, convivencia y pacificación que nos hemos marcado para con todo tipo de delitos y todo tipo de delincuentes, porque la cuestión no son ellos que han penado y arrastrarán el resto de su vida las consecuencias de sus actos, somos nosotras y nosotros que creemos en la justicia y en la convivencia.
Todo esto no lo descubro yo en estas páginas; forma parte de un acervo colectivo que nuestros representantes políticos conocen y que deberían compartir. Lo asumieron cuando lo votaron porque lo entendieron lógico en un contexto europeo e internacional claro. Han sido solo los titulares periodísticos los que les han hecho poner el grito en el cielo en detrimento de todos, pero sobre todo de las víctimas que van a ser una y otra vez utilizadas y por tanto revictimizadas.
La cuestión es que las democracias actuales y sus ciudadanos tenemos un problema con cierto relativismo jurídico que impulsa a las derechas a veces, y siempre a las extremas derechas que guardan en su fondo de armario ideológico un “as” permanente que tiene como objetivo poner la ley a disposición de sus intereses meramente coyunturales y se expresa con claridad meridiana con respecto a los resultados electorales: si gano son válidos y legítimos, si no los impugno hasta la extenuación, hasta asaltar el Capitolio si fuera preciso. En el fondo las leyes solo obligan a los demás, a los otros. Este cuestionamiento de la universalidad de las leyes es muy peligroso porque en el fondo no se cuestiona la ley, sino que se impugna el funcionamiento mismo de la democracia.
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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.
Cuesta asimilar la hipocresía de nuestros representantes políticos, a quienes se les supone conocimientos básicos sobre nuestro sistema jurídico y constitucional cuando se abordan temas de derecho penal y creen que de ello pueden sacar rédito electoral.