El Gobierno de Dina Boluarte lanza una ofensiva contra los jueces en un país con cuatro expresidentes corruptos
Alejandro Toledo, de 78 años, se hunde en su silla y mira con mala cara al fiscal anticorrupción. “Podemos afirmar que Alejandro Toledo pidió 35 millones de dólares a cambio de adjudicar el contrato de la [autopista] Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht”, resumía el fiscal José Domingo Pérez, de unos cuarenta años, pelo blanco, frente al ex presidente el 15 de octubre. “¿He pedido yo algo a alguien?”, exclamó de pronto Alejandro Toledo, con voz ronca, interrumpiendo la acusación transmitida en directo. El presidente llama la atención al acusado, que cede con un lento movimiento de cabeza.
La fiscalía pedía una pena de veinte años y seis meses de prisión contra el ex jefe de Estado peruano entre 2001 y 2006 por haber aceptado el “pacto corrupto” del grupo brasileño de obras públicas Odebrecht.
Una semana después, en plena lectura del veredicto, Alejandro Toledo volvió a dirigirse a José Domingo Pérez, esta vez para insultarle en voz baja y con el micrófono apagado. El fiscal pidió que constara en acta el incidente.
Alejandro Toledo fue sentenciado a la pena solicitada por la fiscalía el 21 de octubre y regresó a la prisión de Barbadillo, donde estaba recluido desde su extradición desde Estados Unidos el 23 de abril de 2023. Ha presentado un recurso, pero éste no tiene efectos suspensivos.
Una sentencia histórica
A la salida del tribunal, José Domingo Pérez calificó la sentencia dictada contra Alejandro Toledo de “histórica” y “un mensaje contra la impunidad “, “porque no estamos condenando a un ex funcionario sino a un ex presidente”. El fiscal se congratula de este sólido resultado, en el contexto de las virulentas “campañas de calumnias” a las que se enfrentan los jueces anticorrupción. Estas campañas, orquestadas por el partido Fuerza Popular, pretenden aflojar la soga judicial que rodea a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, que estuvo en prisión preventiva durante año y medio entre 2018 y 2020 por haber recibido también fondos del grupo Odebrecht, y cuyo proceso podría comprometer su futura candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2026.
Desde la detención del último presidente, Pedro Castillo, en un fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, los fujimoristas de Fuerza Popular pactaron con su vicepresidenta Dina Boluarte, también acusada de corrupción. El partido de Keiko consiguió así la aprobación de varias leyes que favorecen la impunidad y la apertura de una investigación penal contra magistrados anticorrupción por supuestas filtraciones que beneficiaron a la prensa independiente. Una maniobra destinada a debilitar a la fiscalía en la causa contra la líder ultraderechista.
En octubre, el ministro del Interior disolvió la unidad policial anticorrupción Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) y pasó a retiro a su ex jefe, el coronel Harvey Colchado, que se había convertido en la bestia negra de los acusados. En diciembre, se disolvió el Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder), un equipo especial de fiscales anticorrupción. No les han perdonado el registro del domicilio de Dina Boluarte el 30 de marzo de 2024.
Tras la recopilación por parte de la web La Encerrona de fotos suyas luciendo medio centenar de relojes diferentes, entre ellos varios Rolex, la actual presidenta está inmersa en una investigación sobre su patrimonio no declarado. A finales de noviembre, su hermano, Nicanor Boluarte, huyó del país, acusado de haber creado “una organización criminal” destinada a nombrar funcionarios regionales, gobernadores, prefectos y subprefectos fieles a su hermana y a su partido.
En Perú, pocas corrientes políticas se han salvado de las investigaciones anticorrupción, y esto se debe principalmente a la corrupción sistemática empleada por el grupo constructor brasileño Odebrecht, omnipresente desde hace treinta años en el sector de las obras públicas, con un total de 76 proyectos.
El primero en caer fue Alejandro Toledo, apodado en su día “el cholo sano y sagrado”, haciendo hincapié en su papel de primer presidente indígena, por haber encarnado una cierta esperanza democrática al final de la dictadura de Alberto Fujimori, incluso en la izquierda y entre la población andina. Huyó en febrero de 2017, poco después de que los jueces peruanos celebraran las primeras audiencias de los ejecutivos de Odebrecht, en el centro del escándalo de corrupción “Lava Jato” (lavado exprés) que sacude Brasil.
Se creó entonces un “equipo especial” de fiscales anticorrupción y lo que siguió fue una investigación única en su género. Marcelo Odebrecht y su representante en Lima, Jorge Barata, dieron cuenta detallada de los pagos efectuados por su grupo en Perú entre 2001 y 2014, e implicaron a cuatro presidentes peruanos sucesivos: además de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), que se suicidó poco antes de su detención en abril de 2019, Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva, junto a su esposa Nadine Heredia, en julio de 2017 durante nueve meses, y finalmente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario tras su renuncia en 2018.
Pagos secretos
Según los relatos y pruebas acumuladas por la fiscalía, Alejandro Toledo, entonces presidente, acudió el 4 de noviembre de 2004 al hotel Copacabana Marriott de Río de Janeiro con dos intermediarios para negociar en secreto con Odebrecht. El monto del soborno fue discutido en una suite presidencial del hotel por uno de los intermediarios con Jorge Barata, mientras Toledo y un amigo cercano, Josef Maiman, empresario en Costa Rica, esperaban en la habitación contigua.
“Jorge Barata dijo que habían llegado a un acuerdo por 35 millones”, recordó José Domingo Pérez durante su requisitoria. “En 2020, Josef Maiman explicó que Toledo le había preguntado en 2004 si estaba dispuesto a encargarse de recibir los fondos.”
La cantidad de dinero efectivamente pagada a Toledo ascendió a 20 millones de dólares, y el ex presidente admitió haber sido “ayudado” por su amigo Maiman para terminar de pagar la compra de su residencia en el lujoso distrito limeño de La Molina. Pero fueron pagadas otras sumas a diversos actores del mercado de las autopistas interoceánicas, por un total de 30 millones. Estos pagos fueron realizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOS) de Odebrecht, que no figura en el organigrama de la empresa. Los pagos, totalmente ocultos, se hicieron “sin contratos, sin recibos, sin facturas”, y no pasaron por las cuentas de Odebrecht, explicó Jorge Barata.
“El caso Lava Jato destapó el sistema operativo de Odebrecht para obtener y mantener contratos”, afirma Gustavo Gorriti, el periodista que reveló por primera vez el pasado del gigante brasileño. “Era un sistema de corrupción muy organizado para ganar concursos y luego gestionar los sobrecostes y cargarlos a las obras realizadas”.
Jorge Barata también declaró ante los jueces que el “Estado” peruano había pagado de esta manera la corrupción. Aunque la falta de digitalización ha impedido corroborar su existencia durante la presidencia de Alberto Fujimori, el sistema utilizado durante el mandato de Toledo se perpetuó en varias presidencias, dependiendo de los objetivos de la empresa.
“En el caso de Alan García, las investigaciones acabaron con su suicidio”, explica Gustavo Gorriti. “Pero lo que sí determinamos es que había recibido dinero a través de cuentas de terceros, a través del departamento de operaciones estructuradas, en particular en la Banca Privée d'Andorra (BPA), de donde habían salido varios millones de dólares. Y el titular de estas cuentas, Miguel Atala, confesó haber entregado los fondos a García. El caso está cerrado para García, pero continúa para otras personas, en particular funcionarios miembros de su partido”.
Alan García fue acusado de continuar la construcción de la autopista interoceánica iniciada con Toledo, la construcción de la línea 1 del metro de Lima y un megaproyecto de irrigación de la cordillera de los Andes con un río amazónico (Olmos). Después de una visita a Lima, Marcelo Odebrecht anotó: “AG [Alan García] en Olmos. Gestionar plazos; reunión personal. Disponibilidad máxima: 1 millón”.
La sombra del partido de Lula
La implicación del ex presidente Ollanta Humala, que sucedió a Alan García en 2011, tiene su origen en los pagos secretos de Odebrecht para financiar su campaña de 2011 –por valor de 3 millones de dólares– que confesó el mismo Jorge Barata. “La particularidad de esta contribución es que proviene de los vínculos financieros de Odebrecht con el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT)”, prosigue Gustavo Gorriti. “Odebrecht había abierto una cuenta administrada por un ex ministro de Lula [encargado de las finanzas entre 2003-2006 - ndr], Antonio Palocci, desde la que tenían el poder discrecional de subvencionar a aliados. Para ellos, Ollanta Humala era un aliado, y a través de Palocci, se pagaba dinero a Humala para su campaña”.
Marcelo Odebrecht explicó que atendió la solicitud del ex ministro para enviar estos fondos a Humala. “Estaba previsto que el monto que enviaba a Ollanta Humala sería descontado del monto acordado con ellos para apoyar al PT en general”, dijo. Los documentos de Palocci se refieren a este apoyo bajo el nombre clave de “proyecto OH”. A sugerencia del representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, el grupo optó por ofrecer a Keiko Fujimori una financiación similar. “Hemos podido determinar un cierto número de pagos a Keiko Fujimori, que ella no reconoce de ninguna manera, pero que también han sido admitidos por varias personas en el marco de declaraciones de admisión de culpabilidad”, resume Gustavo Gorriti.
El último presidente en el punto de mira de los jueces del “grupo especial Lava Jato”, Pedro Pablo Kuczynski, está acusado de haber recibido subvenciones del grupo Odebrecht a través de una consultora de su propiedad cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo.
También se han abierto otras investigaciones por corrupción, no relacionadas con “Lava Jato”, contra dos de los tres presidentes que sucedieron a Kuczynski, Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). Vizcarra está acusado de corrupción en relación con dos contratos públicos adjudicados cuando era gobernador de la región de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014. Al inicio de su procesamiento, a finales de octubre, aseguró no haber cometido “ningún delito”, frente a una fiscalía que ya pide para él una pena de 15 años de prisión. Una ex ministra testificó contra él a principios de diciembre.
Castillo, que está procesado por querer disolver el Parlamento antes de huir, también está acusado de corrupción. Las investigaciones han revelado la implicación de sus dos sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en la adjudicación de contratos públicos en asociación con su ex ministro de Transportes, así como el funcionamiento de un “gabinete en la sombra” en un lugar no revelado, la “casa Sarratea”, donde se gestionaban acuerdos políticos y comerciales inconfesables.
Un pacto antidemocrático
El ascenso al poder de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, tras un acuerdo parlamentario con el partido fujimorista Fuerza Popular y varias agrupaciones políticas (Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País y Podemos Perú), algunas de las cuales también están siendo investigadas, se ha traducido en la aprobación de una serie de leyes represivas.
“Actualmente gobierna una coalición antidemocrática, con partidos de derecha aliados a una izquierda conservadora –que yo ya no llamaría ‘de izquierda’ dada la postura homófoba de Perú Libre– que trabaja para que Dina Boluarte siga en el poder”, analiza la diputada Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). “Han tomado el control total de las instituciones. Han modificado el Código Penal para que los partidos no puedan ser considerados organizaciones criminales y protegerse de las investigaciones. Han aprobado leyes para proteger a las organizaciones criminales”.
A finales de diciembre, la ONG Transparencia publicó una lista de 20 leyes, 15 de ellas promulgadas en 2024, que han “debilitado los pilares de la democracia y el Estado de Derecho”. Estas nuevas leyes modificaron los plazos de prescripción (mayo de 2023), los plazos de admisión de culpabilidad (marzo de 2024), excluyeron la responsabilidad penal de los partidos (10 de junio de 2024) y declararon prescritos los crímenes contra la humanidad anteriores a 2002 (agosto de 2024). La lista es larga. El proceso de “erosión democrática” en curso ha sido denunciado por Human Rights Watch (HRW).
Unos diez de proyectos de ley, entre ellos cinco presentados por Perú Libre, podrían acabar con la independencia del poder judicial. Uno de ellos pretende autorizar a los congresistas a consultar las causas judiciales en curso en todas las instancias penales del país.
Pero es en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano independiente supervisor del nombramiento de jueces y fiscales, en el punto de mira del Congreso en 2023 y 2024, donde hay una mayor preocupación. Los nuevos miembros designados para la institución asumen sus funciones en enero. Y nadie sabe aún si la nueva Junta Nacional de Justicia resistirá las presiones del Ejecutivo y del Congreso para desmantelar el sistema de justicia anticorrupción.
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Traducción de Miguel López
