Uno de los argumentos que utilizan con frecuencia desde el machismo conservador es que las medidas desarrolladas contra la violencia de género, especialmente la conocida como “Ley Integral”, no sirven para nada “porque siguen matando a las mujeres”.
La estrategia conservadora pretende que se tome como referencia un tiempo anterior y lejano en el que no se cometían tantos homicidios de mujeres, un poco en la línea de las palabras del párroco de Canena (Jaén) en su homilía, allá por mayo de 2014, cuando dijo: “antes un hombre se emborrachaba y le pegaba a su mujer, pero no la mataba”... Su idea parece que es volver a esos tiempos donde el control social y la sumisión impuesta por el marido retenían a las mujeres dentro de la relación, sometidas a sus dictados y circunstancias hasta el punto de “no necesitar” matarlas, puesto que la propia situación les impedía romper y salir de la violencia. Es justo lo que hemos visto durante la pandemia, cuando el confinamiento y la limitación de la movilidad hicieron que los homicidios por violencia de género descendieran un 11,9% respecto a la media de los cinco años previos.
La transformación social que ha traído el feminismo ha facilitado la toma de conciencia sobre la opresión y la violencia que ejerce el machismo desde la normalidad social, y ha permitido que las mujeres vivan su libertad y rompan con las imposiciones de una cultura androcéntrica, entre ellas el control violento de los hombres dentro de las relaciones.
La Ley Orgánica 1/2004, “de medidas de protección integral contra la violencia de género”, conocedora de que no se trataba de aplicar sólo medidas penales, o judiciales, o policiales, o educativas, o sanitarias… sino que había que desarrollar todas esas actuaciones de manera simultánea y de forma coordinada, desarrolló una estrategia de acción global que ha impactado sobre los diferentes elementos relacionados con la violencia de género, tanto en su prevención como en su atención, protección y reparación; si bien es cierto que debería haberse desarrollado mucho más. Pero, en cualquier caso, ha contribuido de forma directa a la transformación social comentada.
Lo que resulta esencial en estos momentos es no caer en las trampas del machismo conservador y su negacionismo, dirigidas a cuestionar la construcción cultural (de género) que hay detrás de la violencia contra las mujeres y las niñas para que no se vea cuestionado su modelo cultural. Y entre esas trampas está la de hacer creer que la “Ley Integral contra la Violencia de Género” no es eficaz porque la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja no está relacionada con los roles de género de hombres y mujeres.
Los datos indican lo contrario y muestran la eficacia de una ley que de no haber existido habría dado lugar a una situación social aún más dramática, puesto que su aplicación coincide con las circunstancias de cambio social que han roto con las imposiciones machistas, y han facilitado la salida de las mujeres de la violencia.
Entre los datos que muestran un cambio de situación relacionado con la “Ley Integral” están los estudios del CGPJ. Al analizar los informes desde que se recogen las denuncias unificadas (2007), y ponerlos en relación con los homicidios por violencia de género, vemos que hay cambios significativos. En los primeros cinco años, de 2007 a 2011, la media de denuncias anuales fue de 134.415, y la de homicidios 67,8, lo cual nos da una relación de un homicidio por cada 1.982,5 denuncias.
Su idea parece que es volver a esos tiempos donde el control social y la sumisión impuesta por el marido retenían a las mujeres dentro de la relación, sometidas a sus dictados y circunstancias hasta el punto de “no necesitar” matarlas
En los cinco años siguientes (2015-2019), la media de denuncias fue de 154.673 y la de homicidios 53,6, con una relación de un homicidio por cada 2.885,7 denuncias. Es decir, en ese segundo periodo de cinco años se produjo un incremento del 15,1% en las denuncias, y un descenso del 20,9% en los homicidios. Un resultado en la evolución de la violencia sin duda positivo.
Al comparar los dos periodos se observa cómo, entre otros factores, las medidas contempladas en la “Ley Integral contra la violencia de género” han contribuido a modificar la relación entre las denuncias, que con frecuencia se interponen en el momento de la separación y alrededor de otros elementos de riesgo, y los homicidios. Y han llevado a una situación en la que de no haber existido dichas iniciativas para actuar contra los violentos, el número de homicidios en el segundo periodo se habría situado en 78. De manera que, como referencia genérica, se puede sostener que la ley ha contribuido a que se hayan producido 24 homicidios menos cada año, lo cual supone un descenso del 45,7% respecto a la situación inicial.
Otra información importante nos la aportan los datos del Ministerio del Interior. Al analizar la evolución de los homicidios en los dos años disponibles tras la pandemia (2020 y 2021), y compararlos con los dos previos (2018-2019), vemos que en los dos últimos años se ha producido un aumento del 10,6% de los homicidios en general. Al estudiar cómo han evolucionado los homicidios sobre hombres y mujeres en distintas circunstancias, se observa que los homicidios de hombres han aumentado, concretamente un 12,3% y los homicidios de mujeres al margen de la violencia de género también se han incrementado un 19,1%, es decir, 6,8 puntos más que los de los hombres. Todo ello revela que durante los dos últimos años ha existido un mayor grado de criminalidad en nuestra sociedad.
Sin embargo, la situación en violencia de género es diferente. Y a pesar del contexto social que ha dado lugar a un incremento en el número de homicidios contra hombres y mujeres, al analizar la evolución de los homicidios de mujeres por violencia de género se comprueba que han disminuido un 9,2% respecto a 2018-2019.
La conclusión es directa, en un momento en el que las circunstancias sociales reflejan un aumento importante de la criminalidad se ha conseguido disminuir el número de homicidios por violencia de género, cuando el resto de homicidios de mujeres y hombres ha subido. Un resultado que sin duda está relacionado con la existencia de una ley específica para abordar todos los elementos y circunstancias que influyen en su aparición y desarrollo hasta llegar al homicidio.
Reconocer la violencia de género con todas sus características y elementos es esencial para desarrollar las medidas que necesita para ser erradicada. Negar la violencia de género y equipararla a otras violencias en su resultado, cuando sus objetivos y motivaciones son diferentes, que es lo que propone el machismo conservador en estos momentos, es perder la capacidad de actuar sobre los factores que acompañan a la violencia que sufren las mujeres que no están presentes en las otras violencias. Una situación que llevaría al fracaso en su prevención, atención y protección, y que se traduciría en más violencia contra las mujeres, bien en forma de homicidios o de sometimiento y control bajo la imposición violenta de los agresores.
Ninguna de las dos circunstancias es aceptable en democracia, y no se deben permitir ni utilizar como moneda de cambio.
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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
Uno de los argumentos que utilizan con frecuencia desde el machismo conservador es que las medidas desarrolladas contra la violencia de género, especialmente la conocida como “Ley Integral”, no sirven para nada “porque siguen matando a las mujeres”.