I.- Se critica en política, con razón, a aquellos que juegan al “cuanto peor, mejor”, por su sentido destructivo. Pero lo que resulta más sorprendente es cuando sucede lo opuesto, es decir, “cuanto mejor, peor”. En estos raros casos hay que hacérselo ver, pues algo no va bien. Lo digo porque es difícil encontrar un Gobierno que haya tomado tantas medidas, en general positivas, como el español y, sin embargo, la percepción en la opinión pública vaya empeorando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta disfunción entre las medidas del Gobierno y su percepción social? Pongamos algunos ejemplos. La economía española es de las que más crecen en la Unión Europea —más del 4% del PIB— y casi ha alcanzado el nivel prepandemia en dos años, cuando en la anterior crisis (2008), con el PP al frente, se tardó seis años. No obstante, lo que queda en el ambiente de los medios de comunicación es que somos el peor alumno de Europa. Somos el país que más ha batallado para reducir el precio del gas y de la electricidad consiguiendo, a estos efectos, una excepción, con Portugal, a las reglas europeas, reduciendo en 20 céntimos el precio de los carburantes o dejando en la mitad el IVA en la factura de la luz. Sin embargo, se impone la idea de que tenemos la energía más cara que los demás. Incluso cuando el jeque de Qatar anuncia que su país invertirá en España nada menos que 4.700 millones de euros, llueven las críticas, desde la derecha y la izquierda, porque Qatar es una dictadura, como si las inversiones que circulan por el ancho mundo procedieran de democracias.
II.- Si pasamos a los temas sociales, el resultado de las medidas adoptadas ha sido francamente brillante. Se ha aumentado el salario mínimo como nunca en el pasado, un 30% en los tres últimos años; se han garantizado las pensiones al ligarlas al aumento de los precios; se ha introducido el Ingreso Mínimo Vital y se ha logrado una reforma laboral —con sindicatos y patronal— que ha dado un vuelco a las relaciones laborales. Solo apuntaré un efecto de gran trascendencia como ha sido corregir la lacra de la temporalidad de los contratos de trabajo y aumentar la fijeza en el empleo, en especial de los jóvenes y las mujeres. Desde hace años, cualquier encuesta señala que la preocupación número uno de la ciudadanía es el desempleo. Pues bien, es la primera vez en España que se supera la cifra de veinte millones de empleados y la tasa de paro es dos puntos inferior a la de 2019, antes de la pandemia. Millones de trabajadores han salvado su puesto de trabajo gracias a los ERTES, cuyo salario era pagado por el Estado, a diferencia de lo sucedido en la crisis del 2008, con el PP, cuando el personal sufridor se iba a la calle sin más. Sin embargo, una subida de precios desorbitada —inflación— producto del coste de la energía, de la guerra de Ucrania y de los beneficios astronómicos de las energéticas, está poniendo todo lo anterior en solfa. Sin duda, la inflación erosiona los salarios y se anuncia un futuro de conflictividad social ante la postura de la patronal de no asumir subidas salariales razonables. Hasta el BCE advierte de que una pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios deprimiría la demanda y pondría en riesgo la recuperación económica y el empleo. Hasta tal punto que, o el Gobierno toma medidas eficaces para reducir la carestía de la vida, por ejemplo con un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas que redunde en beneficio de la gente, o tiene muchas papeletas para perder las próximas elecciones generales.
III.- En la esfera de la estricta política y a pesar de la mejora en asuntos de fondo, como en el tema catalán, todo se le vuelven pulgas al Gobierno. En el año 2017, España vivió una de las peores crisis de su historia democrática, con el intento secesionista en Cataluña. Al PP, tan patriota él, le colaron dos referendos ilegales y su actuación fue de una incompetencia bochornosa. Hoy en Cataluña existe una convivencia razonablemente normal, el apoyo a la independencia ha descendido y a nadie se le ocurre intentar una nueva secesión unilateral. No obstante, la matraca de que todos los días el Gobierno hace concesiones a los “indepes” no cesa, y encuentra más eco del que merecen sus pobres argumentos.
IV.- En el terreno europeo es la primera vez, en años, que pintamos algo y tomamos iniciativas en algunos temas como los Fondos Next Generation y la energía. Ante la guerra de Ucrania, la reacción de España ha sido ajustada a sus posibilidades y, no obstante, las medidas para hacer frente a sus efectos han sido combatidas por la derecha. Es verdad que en el cambio de posición en el asunto del Sáhara el Gobierno tenía que haber consultado a las fuerzas políticas, explicado y matizado mejor su posición, así como calculado los efectos posteriores. El argumento de que en estas cuestiones se impone la reserva es impresentable y recuerda a la diplomacia “secreta” del siglo XIX y parte del XX que tantas catástrofes originó. En parecidos términos se puede comentar la deriva “otanista” referente a los gastos en defensa. Que España y otros países europeos deberían gastar algo más y mucho mejor en defensa es algo que venimos defendiendo desde hace decenios. Ahora bien, siempre que ese aumento vaya dirigido a conseguir la tan mentada “autonomía estratégica” de la UE y no, exclusivamente, para fortalecer una OTAN ya armada hasta los dientes y controlada por EE.UU.
Sin embargo, observamos que en momentos oportunos y cada vez que se anuncia un avance social o un buen dato económico, aparece lo que podríamos llamar un “daño colateral”, que oscurece y emborrona el debate político. Son temas de impacto mediático, que se magnifican convenientemente, se manipulan y que opacan los avances sociales y/o económicos. Así ha sucedido con el tema de Pegasus, las idas y venidas del rey “emérito” o temas parecidos. En el asunto del espionaje todos los partidos —incluidos socios del Gobierno— y la mayoría de los opinantes han cargado contra el Ejecutivo cuando en realidad, por lo que se conoce, la vigilancia a los políticos “indepes” se realizó dentro de la ley y el fallo de seguridad fue en detrimento del propio Gobierno. Cuando el portavoz de ERC pregunta qué delito ha cometido el presidente de la Generalidad para que le vigile el CNI, demuestra que no ha entendido nada. El CNI no controla a quien ha cometido un delito, pues en ese caso lo procedente es detener al presunto delincuente y ponerlo a disposición de la justicia, tarea ajena al CNI. Lo que debe hacer este organismo de inteligencia es prevenir y advertir al Gobierno sobre actividades que pudieran acabar siendo delictivas en materias que afecten a la seguridad del Estado, entre ellas la integridad territorial. En el último debate sobre esta cuestión, algunas señorías demostraron una considerable ignorancia y denotaban que no se habían leído las leyes. El vocero de los Comunes dijo que la ley de 1968 –secretos oficiales– la había firmado Carrero Blanco, cuando lleva la firma de Francisco Franco y el ministro de Justicia Antonio Iturmendi. La del PP echó la culpa del fallo de seguridad a la presidencia del Gobierno, pues quizá no sabe que la directora del CNI lo es también del Centro Criptológico Nacional.
En el culebrón de las idas y venidas del Emérito, más de lo mismo. Un asunto es que Juan Carlos haya cometido actos ilegales y que, por diversos motivos –prescripción, inviolabilidad, etc.– no hayan podido ser juzgados, y otra hacer de esto una batalla contra la monarquía parlamentaria, en pro de la república. Una batalla que, en mi opinión y en las condiciones actuales, hace daño a la izquierda, la divide, es inútil y deja libre el campo de la defensa de la Constitución a unas derechas que hicieron bien poco por conquistarla.
No nos equivoquemos, estimado lector, porque de cara al próximo futuro se presentan dos opciones. O un Gobierno del PSOE y lo que al final salga de la operación “Sumar” que encabeza Yolanda Diaz, o un ejecutivo del PP y Vox
Es hecho acreditado que durante el gobierno del PP se creó una especie de policía “política”, se redujeron los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no se hizo nada para mejorar sus condiciones laborales y se les hizo jugar un papel más bien desastroso durante el intento secesionista del 2017. Ahora bien, el presidente del Gobierno, en desafortunada expresión, utiliza lo de “piolines”–referido al barco en el que estaban malamente alojados los policías– y todo lo que ha hecho este Gobierno por los servidores del orden parece saltar por los aíres. El notable aumento de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, o la equiparación de emolumentos de estos a los de las policías autonómicas, pasan a un segundo plano. Podríamos poner más ejemplos de “daños colaterales”, pero con lo expuesto es suficiente para indicar cómo a medida que el Gobierno toma decisiones que mejoran la suerte del personal y se amplían derechos, parece reducirse el apoyo de la ciudadanía. Solo se me ocurren algunas razones que pudieran explicar tan extraño fenómeno: a) el Gobierno explica con deficiencia sus logros y no realiza una labor capilar hacia la sociedad ; b) la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales están en manos de las derechas; c) una parte de las izquierdas se enreda en debates que no conducen a ninguna parte y da la impresión de un ejecutivo dividido; d) la bronca y crispación permanente desanima más a los votantes progresistas y enardece a las derechas; e) como enseña la historia, una inflación desbocada puede llevarse por delante a un gobierno.
V.- No nos equivoquemos, estimado lector, porque de cara al próximo futuro se presentan dos opciones. O un Gobierno del PSOE y lo que al final salga de la operación “Sumar” que encabeza Yolanda Diaz, o un ejecutivo del PP y Vox. El que piense que si al PP le dan los números no va a pactar con Vox es un gran ingenuo. En este sentido, es francamente decisivo, por razones obvias, que salga bien el proyecto de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Si su ambición es abrir espacios y no arrinconarse en la esquina de “a la izquierda del PSOE”, es decir una opción de gobierno, se deberían tener muy claras, por lo menos, cuatro cuestiones: la Constitución, que fue una conquista del pueblo español y no otra cosa, se puede mejorar, pero se debe defender como elemento cardinal de nuestra convivencia; el Estado de bienestar es una seña de identidad de nuestra democracia que debe perfeccionarse siempre; la unidad de España, en su pluralidad, es un bien democrático y progresista fundamental que no debe ponerse en riesgo nunca; la pertenencia a la Unión Europea y el avance hacia una unión política cada vez más estrecha de los europeos está en el interés vital de los ciudadanos.
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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula ‘La Nueva Anormalidad: Por una Normalidad Nueva’. (Espasa).
I.- Se critica en política, con razón, a aquellos que juegan al “cuanto peor, mejor”, por su sentido destructivo. Pero lo que resulta más sorprendente es cuando sucede lo opuesto, es decir, “cuanto mejor, peor”. En estos raros casos hay que hacérselo ver, pues algo no va bien. Lo digo porque es difícil encontrar un Gobierno que haya tomado tantas medidas, en general positivas, como el español y, sin embargo, la percepción en la opinión pública vaya empeorando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta disfunción entre las medidas del Gobierno y su percepción social? Pongamos algunos ejemplos. La economía española es de las que más crecen en la Unión Europea —más del 4% del PIB— y casi ha alcanzado el nivel prepandemia en dos años, cuando en la anterior crisis (2008), con el PP al frente, se tardó seis años. No obstante, lo que queda en el ambiente de los medios de comunicación es que somos el peor alumno de Europa. Somos el país que más ha batallado para reducir el precio del gas y de la electricidad consiguiendo, a estos efectos, una excepción, con Portugal, a las reglas europeas, reduciendo en 20 céntimos el precio de los carburantes o dejando en la mitad el IVA en la factura de la luz. Sin embargo, se impone la idea de que tenemos la energía más cara que los demás. Incluso cuando el jeque de Qatar anuncia que su país invertirá en España nada menos que 4.700 millones de euros, llueven las críticas, desde la derecha y la izquierda, porque Qatar es una dictadura, como si las inversiones que circulan por el ancho mundo procedieran de democracias.