No hay nada peor que una estrategia errática en medio de una catástrofe. Que en lugar de claridad y transparencia, se ofrezca una batería de mentiras y desmentidos a quienes están sufriendo. Cuando la cronología refleja con tanta precisión una sucesión de malas decisiones, resulta increíble que el gobierno de Mazón y el Partido Popular se empeñen todavía en eludir responsabilidades. Primero fue la Aemet, luego la Confederación Hidrográfica del Júcar, después los manifestantes independentistas, el gobierno central y Teresa Ribera.
Mazón disolvió la Unidad de Emergencias porque la consideró una ocurrencia, ignoró las advertencias de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, prescindió de la ayuda que le ofrecieron cuatro ministros y otros cargos públicos, retrasó la reunión de la Cecopi en la que ya se discutía si recurrir o no a un confinamiento, lanzó la alerta cuando ya no había remedio para muchos, ralentizó la coordinación con el Gobierno central y otras comunidades autónomas, no echó mano ni de los bomberos forestales ni de la UME, los medios que tenía a su disposición. Y Feijóo, tras debatirse entre enterrarle o protegerle, ha decidido claudicar a la táctica convencional, la de la huida hacia adelante. No habrá dimisiones y se buscarán chivos expiatorios para ganar tiempo.
Sin embargo, lo que quizá ha sorprendido más es que se haya decidido utilizar a los muertos y los desaparecidos en Valencia como una oportunidad para dar un golpe antidemocrático en Bruselas. Embarrar por patriotismo, tal como ha venido haciendo el Partido Popular en los últimos años. Usar las instituciones europeas para intentar hundir al gobierno y cambiar el foco mediático.
En Europa, el PP se opuso a que se mancomunaran deudas durante la pandemia y, en línea con Holanda, apostó por los créditos frente a las transferencias, a sabiendas de que eso sería perjudicial para España.
Envió una misión parlamentaria para examinar la ejecución de los fondos Next Generation generando dudas sobre la buena gestión que el Gobierno estaba haciendo del dinero europeo, a sabiendas de que la misión quedaría en nada.
Cuestionó la reforma de las pensiones de la que dependía una transferencia de 10.000 millones de euros, a sabiendas de que resultaban esenciales para nuestras políticas sociales.
Criticó la “excepción ibérica” que rebajó a españoles y portugueses la factura eléctrica – el “timo ibérico”, decían –, a sabiendas de que eso abarataría la vida de los españoles.
Planteó dudas sobre el Estado de derecho en España por falta de independencia del poder judicial, debido a un bloqueo que ellos mismos orquestaban, y luego, a causa de la ley de amnistía, a sabiendas de que eso podría desencadenar la apertura de un procedimiento de infracción de multas millonarias (como había sucedido en Polonia por la misma causa).
Intentó tumbar el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y ahora pretende tumbar la candidatura de Teresa Ribera a la vicepresidencia de la Comisión, una de las cinco personas más influyentes del mundo en transición climática, solo para salvar a Carlos Mazón, cuya responsabilidad en la pésima gestión de la DANA es hoy más que evidente.
La deslealtad del PP a España y a sus instituciones es ya de larga data. Quizá sea más desconocida su profunda deslealtad a Europa. Quieren tomar a Teresa Ribera como rehén solo para ganar más poder institucional. Saben que cuestionarla, vertiendo sobre ella incluso sospechas de criminalidad, es poner en jaque a la Comisión Europea porque el efecto dominó es inevitable. Meloni está preocupada por su candidato y los liberales por el suyo y acusan al PP de secuestrar al Parlamento Europeo solo por razones oportunistas. Los socialdemócratas prefieren negociar todo como un paquete y amenazan con votar en contra de la totalidad de las vicepresidencias si no sale adelante la única candidata que tienen en la Comisión.
La estrategia del Partido Popular supone también un cuestionamiento directo de Ursula Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), que procede de la misma familia política, pero que no les suscita mayores simpatías. Ahí juega un papel fundamental Manfred Weber, el presidente del grupo parlamentario (PPE), cuya enemistad con Von der Leyen es de todos conocida. Ella tiene el poder institucional, pero él detenta el poder político.
El PP ha visto en la dana una condición favorable para volver a atacar a Sánchez en territorio belga, y Weber la ha visto para redefinir sus relaciones de poder en las instituciones europeas
Aquí es importante tener presente que las elecciones en Alemania están previstas para febrero del próximo año y que eso está alimentando también esa tensión congénita. No solo definirán el futuro de Scholz, sino que también serán fundamentales para determinar si los conservadores de la CDU/CSU podrán formar un nuevo gobierno, dado que se encuentran liderando las encuestas con un 30% de intención de voto. Cabe pensar en el efecto que esta situación puede tener sobre la relación entre Weber (CSU) y Von der Leyen (CDU) considerando la creciente fuerza de la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), que ronda el 19.5% en intención de voto, y que Weber rompió hace tiempo el cordón sanitario en favor de los ultras. Finalmente, a lo anterior hay que sumar, por supuesto, la victoria de Trump en EEUU y el impacto que su política de aranceles va a tener sobre los productores alemanes. De momento, Tesla se ha disparado en bolsa gracias a la elección de Elon Musk, que ha prometido debilitar el papel de las agencias reguladoras y será gran beneficiario de jugosos contratos. La elección de Musk es una pésima noticia para el líder automovilístico de Europa.
En definitiva, el PP ha visto en la dana una condición favorable para volver a atacar a Sánchez en territorio belga, y Weber la ha visto para redefinir sus relaciones de poder en las instituciones europeas. España y Alemania se debaten estos días en Bruselas. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez podría ser el único socialista fuerte que quedara en Europa, tras la previsible caída de Scholz. La traducción real de todo esto será exigir a los socialdemócratas que acepten a Fitto (el candidato de Meloni) y al suspendido comisario húngaro de la extrema derecha a cambio del plácet del PPE a Ribera, y, de este modo, ganar por goleada.
La dana es solo una excusa para ampliar aún más la ya abultada mayoría conservadora. El desastre es la pepita de oro que han encontrado unos y otros para intentar rearmarse en Europa.
No hay nada peor que una estrategia errática en medio de una catástrofe. Que en lugar de claridad y transparencia, se ofrezca una batería de mentiras y desmentidos a quienes están sufriendo. Cuando la cronología refleja con tanta precisión una sucesión de malas decisiones, resulta increíble que el gobierno de Mazón y el Partido Popular se empeñen todavía en eludir responsabilidades. Primero fue la Aemet, luego la Confederación Hidrográfica del Júcar, después los manifestantes independentistas, el gobierno central y Teresa Ribera.