Una vez más el asunto territorial

I.- El cuadro político que han dejado las elecciones del 23-J es, sin duda, francamente enrevesado y complejo. Pero para eso está la política, para desenredarlo y resolverlo…. Hasta donde sea posible. Una derecha que, junto con Vox, controla la mayoría de las CCAA y múltiples ayuntamientos, con predominio absoluto en el Senado, pero incapaz de armar una mayoría suficiente para gobernar, por mucho que se empeñe; una izquierda que ha renacido con fuerza, después del batacazo de las autonómicas y municipales, pero necesitada del apoyo de nacionalismos variopintos para lograr la investidura del actual presidente del Gobierno. Y, en fin, unos partidos nacionalistas que, salvo excepciones, han obtenido pésimos resultados y, sin embargo, son necesarios para alcanzar una mayoría en el Congreso de las Diputados. Al fondo del escenario la sombra amenazadora de la repetición electoral con el riesgo, no improbable, de que, en ese supuesto, el maridaje PP/Vox alcance los cuatro escaños que les separan de la mayoría absoluta.

II.- En este escenario, pues, hay que moverse, y no en otro. De momento, el jefe del Estado ha encargado formar Gobierno al líder de la oposición, señor Núñez Feijóo. En mi opinión, la decisión es correcta desde el momento en que aquel estaba dispuesto a postularse al cargo, aunque discrepo de la explicación que se ha trasmitido desde la Zarzuela. El líder del PP tiene preferencia para intentar la investidura no porque sea el partido más votado –que en nuestro sistema parlamentario no es lo más determinante–, sino porque en el momento de la decisión del jefe del Estado es el que cuenta, en principio, con más apoyos parlamentarios declarados –172–, mientras que el otro candidato, señor Sánchez, tiene 153, pues los posibles apoyos de los partidos nacionalistas –PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG– no le han manifestado todavía su respaldo y todos, menos el PNV, ni tan siquiera han acudido a la cita del monarca para expresar cuál es su posición. 

El tema territorial vuelve a estar en el candelero y, una vez más, le toca a la izquierda lidiar con el espinoso asunto y encontrar soluciones que fortalezcan nuestra democracia y no pongan en riesgo lo conseguido hasta ahora

II.- En cualquier caso, en esta situación, el tema territorial vuelve a estar en el candelero y, una vez más, le toca a la izquierda lidiar con el espinoso asunto y encontrar soluciones que fortalezcan nuestra democracia y no pongan en riesgo lo conseguido hasta ahora. En mi opinión, es adecuado que el señor Feijóo acuda al Congreso y se acredite si tiene o no mayoría suficiente para gobernar, si realmente ha ganado las elecciones, como dice, o las ha perdido. Si es esto segundo, como pienso, será el turno del señor Sánchez, al que no creo que le venga mal un tiempo suficiente para armar tan complejos acuerdos. Si lo consigue, habrá investidura y tendremos Gobierno de progreso; de lo contrario, iremos a nuevas elecciones.

III.- Hay varias cuestiones que están encima de la mesa y son susceptibles de negociación y transacción: las consecuencias jurídicas del procés, que todavía colean; la cuestión de los encajes territoriales; la financiación autonómica, por señalar las tres más publicadas. Yo no sé si la amnistía es constitucional o no, pues para eso está el Tribunal Constitucional. Hay argumentos en diferentes direcciones, pero me inclino a pensar, leídas las diferentes aportaciones, que si la Constitución no la excluyó expresamente –cosa que sí hizo con el indulto general, que es diferente– quizá podría ser factible, en esa u otra forma. El argumento de que sólo se otorgan las amnistías en los cambios de régimen político no me parece consistente, ante los antecedentes en contra, tanto internos como externos y, en todo caso, no es argumento atendible jurídicamente. Lo que sí me resulta trascendente es que las amnistías se aprueban o conceden, como decisión política, para pacificar, reconciliar, superar; en suma, para fortalecer la convivencia y, con ello, la democracia. En el bien entendido de que no tendría sentido lograr tal superación para que luego se incurriera otra vez en los mismos hechos ilegales, con las mismas o parecidas consecuencias. En todo caso, me parece disparatado que después de seis años transcurridos desde los desgraciados acontecimientos del procés, con los principales responsables indultados, se celebren un montón de juicios contra cargos intermedios, de la administración autonómica, miembros de partidos, policías nacionales, etc., que se vieron envueltos en aquellos sucesos. Hay que superar, de una vez, esa situación, pasar página, como ya ha hecho, en gran parte, la sociedad catalana con su voto, al otorgar amplísimo apoyo al PSC, a la izquierda en su conjunto y castigar a los que intentaron tal desafuero. A través del instrumento jurídico que corresponda, una Ley Orgánica que con el nombre de amnistía o no, resuelva las consecuencias jurídicas del desastre que fue el llamado procés.

IV.- Ahora bien, lo que es superclaro es que el derecho de autodeterminación, con ese u otro nombre: derecho a decidir, de claridad o de confusión, no cabe en nuestra Constitución y ningún gobierno tiene en su mano aplicarlo. No parece que, hoy por hoy, haya condiciones para abordar una reforma de la Carta Magna que atañese al título VIII, y mucho menos a una transformación que afectara a la esencia de la soberanía nacional. Quizá la única cuestión que se podría contemplar es la siempre aplazada reforma del Senado, si nuestra derecha tuviese visión de futuro y, a partir de su actual mayoría absoluta en la Cámara Alta, se decidiese por la labor. No conviene, en todo caso, crear falsas expectativas con propuestas de escasa o nula viabilidad. La reciente reflexión del lehendakari sobre la cuestión tiene buenas intenciones, al plantear posibles reformas en el marco constitucional, pero de escaso recorrido en su plasmación práctica. A estas alturas del proceso autonómico, plantear modificaciones bilaterales para algunas comunidades autónomas, o situaciones aún más asimétricas de las ya existentes, me parece una quimera, que resultaría inaceptable. Es cierto que nuestra Ley de leyes admite interpretaciones en un sentido más abierto o más estrecho, pero esta cuestión compete al Tribunal Constitucional y no a indefinidas “convenciones”. 

V.- A veces tengo la impresión de que determinadas fuerzas políticas, tanto nacionalistas como de otra naturaleza, no han asumido que los Estados europeos –incluido el español– han sufrido una importante mutación que los aleja de los esquemas del siglo XIX, XX y no digamos del XVIII. Los Estados europeos actuales, los que forman la Unión Europea, ya no son los Estados nacionales de antaño, pues se han beneficiado de un proceso que ha consistido en compartir cada vez más elementos de la soberanía, hasta el punto de que se les puede calificar como “euroestados” o, en nuestro caso, “hispanoeuro". Y me imagino que ninguno de esos partidos tiene interés en dejar de pertenecer, automáticamente, a este tipo de Estados y a la UE, lo que ocurriría en el supuesto de realizaciones secesionistas, totalmente quiméricas. Por ello me cuesta entender que todavía se añoren situaciones del siglo XVIII, anteriores a las Cortes de Cádiz, sobre si España la componen naciones o nacionalidades, y no se centre la cuestión en cómo podemos ir federalizando, en concreto, el país. Una cuestión en la que se podría avanzar y de gran relieve para todas las CCAA, históricas o no, es el de la política europea. Es una realidad que una parte sustancial –se dice que hasta un 60%– de los asuntos que nos afectan se deciden en la Unión Europea, sin olvidar que la ley de la Unión prevalece sobre la nacional, de ahí mi calificativo de “euroestados” e “hispanoeuro” el nuestro, como expresión de la soberanía compartida. En mi opinión, sería posible dar una mayor participación y establecer una mejor coordinación del Gobierno con las CCAA en esta materia tan decisiva. Por los muchos años participando en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre temas europeos, tengo el convencimiento, salvo que se hayan producido cambios, de que ese instrumento no es suficiente. No se trataría de modificar las competencias actuales, que están incardinadas en el Gobierno de la nación, pero sí comprender que los asuntos europeos han dejado de ser, en su mayoría, cuestiones de política exterior para mutarse en política interna, en la que sería positivo que participasen más y mejor las CCAA, sobre todo en los asuntos de su competencia.

Pretender, por el contrario, procesos autodeterministas en Estados democráticos, en el siglo XXI de la globalización, de la revolución digital y de la construcción política de Europa, no sólo me parece poco práctico y melancólico, sino profundamente reaccionario, como vengo sosteniendo desde hace años.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula ‘La Nueva Anormalidad: Por una Normalidad Nueva’. (Espasa).