Las organizaciones feministas exigen un Pacto de Estado contra la violencia de género: ¿dónde tenía que haberse materializado? En los PGE 20017. Y qué ha pasado: otra oportunidad perdida para evitar más asesinatos de mujeres, niñas y niños.
“Presupuestos y participación, para que de verdad las violencias machistas sean Cuestión de Estado”, fue el lema de la manifestación feminista convocada el pasado 25 de mayo de 2017 en Madrid y de las acciones en otras ciudades, ante la prevista aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de los Diputados de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Más de un centenar de organizaciones feministas pidieron la modificación del Proyecto de Presupuestos 2017 presentado (y ya aprobado) por el Gobierno, pues asignaba al Programa 232C Violencia de Género 27.728.180 euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8% menos que en 2010) y congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010.
Las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47,47 millones de euros, el 0,01 % de los gastos del PGE para 2017 (443.133 millones de euros), porcentaje impropio de lo que desde noviembre de 2016 se viene llamando pomposamente ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’. Y afirman que no aumentar el presupuesto para 2017 del Programa 232C Violencia de Género significativamente, en al menos 120 millones de euros, sería una ofensa a las víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4 millones de mujeres que, según la macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones).
Se sigue sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, por lo que no se puede realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejora la respuesta judicial y no cubre el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el art. 19 de la Ley O 1/2004.
El Presupuesto es la radiografía de cuerpo entero de las políticas públicas, y en materia de discriminación y violencia contra las mujeres el Estado español ha empeorado.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre la aplicación en España en el periodo 2008-2014 de la Convención CEDAW recomendaba revertir las medidas de austeridad, la eliminación del Ministerio de Igualdad en 2010 y el debilitamiento del Instituto de la Mujer, que empobrecen y diluyen las políticas de igualdad de género, derivando en una falta de estrategia coherente a nivel estatal, la insuficiente coordinación con las comunidades autónomas, la reducción de las competencias municipales al modificar el artículo 28 de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 y la falta de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.
En los cuatro años de gobierno del PP con mayoría absoluta, más el año de gobierno en funciones, el movimiento feminista ha realizado las mayores manifestaciones de su historia en España: contra el recorte del derecho al aborto en 2013-2014, la marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas, las manifestaciones del 8 de marzo 2017. El gobierno del PP ha hecho oídos sordos a esas demandas, hasta el punto de ni siquiera renovar ni convocar desde febrero de 2015, aunque legalmente ha de reunirse al menos dos veces al año, el Consejo de Participación de la Mujer, pese a ser un órgano debilitado por el dominio gubernamental.
Pero ahora el gobierno del PP ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso de Diputados, y los otros seis grupos parlamentarios también se han retratado, primero en los Presupuestos del Estado y después en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Gobierno ha presentado esos 27,7 millones para violencia y 19,7 millones para igualdad, que, como decía antes, ni siquiera restablecen los recursos de 2010, y menos aún abordan la violencia sexual de la pareja, a lo que está obligado desde 2014 por el Convenio de Estambul, compensan la reforma del Régimen Local, ni tampoco subsana evidentes problemas de la Ley estatal 1/2004, como la inaplicación de su Título sobre Prevención en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad y medios de comunicación, con 0 euros en los Presupuestos del Estado; que solo se presupuesten ayudas sociales o de empleo para 1.700 de las 142.893 víctimas con denuncia (el 1,2%,) o el famoso artículo 19, que para dar asistencia jurídica, psicológica y social a 4 millones de mujeres “en todo el territorio del Estado” sólo cuenta con 5,7 millones de euros.
Hace poco más de seis meses, el 15 de noviembre de 2016, cuando el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Proposición no de ley de Pacto de Estado contra la Violencia de Género, diez de los once partidos que intervinieron, todos excepto el PP, demandaron el aumento presupuestario. Ahora, que se ha votado, ¿qué dicen o callan los partidos?
Respecto a los del Pacto Presupuestario 2017, Ciudadanos publicitó el 30 de marzo 1.650 millones más para medidas sociales, de los que 2,5 (0,15%) son para violencia de género.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, dijo en noviembre “Tenemos que aumentar los supuestos de todo lo que es violencia contra las mujeres. Tenemos que poner partidas presupuestarias, señores del Gobierno, y recuperar el dinero para luchar e integrar”, pero omite el tema al justificar su apoyo en que en julio se librarán más de 200 millones de euros para dependencia o sanidad en Canarias, y el diputado Quevedo de Nueva Canarias, habló “a segundo nivel” de más recursos para combatir la violencia de género, aunque parece que sin resultado.
El diputado del PNV, Joseba Agirretxea, dijo en noviembre que en 2008 y 2009 que otra subcomisión hizo “unas recomendaciones a nivel educativo, a nivel institucional y social, a nivel de tutela judicial, etc. Y había un elemento que parece que se ha olvidado, el presupuestario. Evidentemente, si queremos que en los ámbitos judicial, policial, social y familiar se puedan aplicar todas las medidas que aparecen en la ley, que aparecían en las recomendaciones, hay que dotar a todas esas instituciones para que tengan un presupuesto suficiente para poder abordar con garantías la lucha contra la violencia de género. Si no, lo demás es cuento. Cuando por la violencia familiar una pareja se rompe, porque no se puede convivir con alguien que mata o maltrata, la víctima necesita después un apoyo económico aparte del apoyo social, el apoyo psicológico y el apoyo institucional”. Pero su pacto presupuestario del 3 de mayo rebaja el Cupo en 500 millones, dota la Y vasca ferroviaria para que esté operativa en 2023 y reduce la factura eléctrica de las empresas… Él también se ha olvidado de las mujeres, y no vale, conforme al Premio Naciones Unidas 2015 a Emakunde, decir que “sus” mujeres están a salvo.
¿Y la izquierda, aliada tradicional del movimiento feminista? Los Grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana y la parte de izquierdas del Grupo Mixto, ¿han dado más importancia a sus obvias diferencias, o a la mejora de las políticas públicas contra la desigualdad social y de género?
Ahora no pueden decirnos, como en 1931 a Clara Campoamor, que no hay miles de mujeres observándoles y demandando en las calles. ____________________
Begoña San José es activista de la Plataforma 7N contra las violencias machistas y del Fórum de Política Feminista y es también promotora de Actúa.
Las organizaciones feministas exigen un Pacto de Estado contra la violencia de género: ¿dónde tenía que haberse materializado? En los PGE 20017. Y qué ha pasado: otra oportunidad perdida para evitar más asesinatos de mujeres, niñas y niños.