Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Estos son los cuatro derechos que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas y sobre cuya no aplicación en nuestro país han puesto el foco en los últimos años distintos grupos de trabajo y relatores de Naciones Unidas.
Lo cierto es que si bien la mirada internacional se ha vuelto finalmente hacia nuestro país (prueba de ello es la visita del pasado martes que hizo una delegación del Comité de peticiones del Parlamento Europeo), en España aún no hemos puesto los cimientos para la construcción de una Memoria Colectiva que permita que más de 40 años después de la aprobación de una Constitución democrática se cumpla nuestro derecho como sociedad a las garantías de no repetición.
Este gobierno, como lo hicieran todos los anteriores, no reconoce siquiera el estatus de víctimas a quienes sufrieron los crímenes atroces de la dictadura de Francisco Franco. Sea tal vez porque les afecta ese mal llamado desmemoria, que desde el inicio de la democracia los poderes fácticos han inoculado a nuestra sociedad y que pareciera hacer gala a aquello de que Franco lo dejó todo “bien atado”. Un país que sólo en número de desaparecidos ocupa el segundo lugar del mundo tras Camboya, en el que más de 30.000 niños fueron robados y entregados a familias leales al régimen para eliminarles el “gen rojo”; donde grandes infraestructuras aún en uso fueron construidas con el sudor de trabajadores esclavos; en el que se desconoce y se pasea alegremente por lugares que representaron centros de detención en los que se torturaba a personas sólo por sus ideas; donde se sigue honrando la figura del máximo responsable de todos estos crímenes sin consecuencia legal alguna; donde aún podemos oír cosas como “fueron cosas de la guerra”, “qué hay de los muertos del otro bando” o, lo que es peor, “están bien muertos por rojos”. Un país así padece un cáncer al borde de la metástasis que requiere intervención pública inmediata, una intervención que sólo se puede conseguir con valentía y voluntad política para que de una vez por todas recuperemos la dignidad que como sociedad perdemos cada vez que damos la espalda a nuestras víctimas.
A pesar de todo, hoy observamos vientos de cambio. Afortunadamente, hay avances que están tomando forma gracias a las fuerzas de izquierdas y progresistas de nuestro país y, sobre todo, al empuje de iniciativas ciudadanas, diferentes colectivos y asociaciones. Leyes de Memoria autonómicas están siendo aprobadas con gran valentía y esfuerzo de los parlamentos regionales. O la reciente resolución del 10 de mayo, aprobada sin votos en contra, para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y otras 20 medidas. O los esfuerzos de ayuntamientos junto con la sociedad civil para que se dé reconocimiento a las víctimas. Todo ello muestra que es el momento de actuar. Es por eso que desde Actúa nos hemos propuesto sumar y canalizar estos esfuerzos, aunarlos, vigilar para que no cejen, funcionar como bisagra para que las últimas conquistas democráticas que se están consiguiendo no queden en meros gestos aislados. Exigiremos a los poderes políticos de este país que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones de Naciones Unidas. En definitiva, que se comience a aplicar el derecho internacional.
Construyamos por fin el país sólido, plural y solidario que nos merecemos. Tomemos conciencia como sociedad de los errores que hemos cometido al no atender a nuestras víctimas. Seamos capaces de mirar bien alto y unidos. Tras haber conocido bien nuestro pasado, forjemos juntos un futuro desde el presente. Sólo así nuestra democracia podrá asentarse sobre unos cimientos fuertes. Actuemos. Rompamos los mitos y las cadenas que nos mantienen anclados a una de las épocas más horribles de nuestra historia.
Por todo lo anterior, entendemos, que el establecimiento de una Comisión de la Verdad en nuestro país puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la preservación de la memoria de las víctimas del franquismo y a fijar responsabilidades, sociales y políticas en relación con nuestro pasado más oscuro y brutal como fue la dictadura franquista. Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficiales, de carácter temporal y extrajudicial, que disponen de un plazo relativamente corto paras tomar declaraciones, realizar investigaciones, estudios, y celebrar audiencias públicas antes de ultimar su labor con la publicación de un informe, fruto de la misma. Son un mecanismo de justicia transicional recomendado para nuestro país por diferentes organismos de Naciones Unidas, utilizado ampliamente en más de 40 países y con enormes posibilidades de adaptación a diferentes realidades y situaciones relacionadas con hechos que ofenden a toda la humanidad.
Desde Actúa y ante la falta de tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo, queremos que sin demora y con los medios adecuados se atiendan los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación. Que se termine con la impunidad, se anulen los juicios-farsa y no se olvide lo que supusieron las detenciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la sustracción de bebés, el trabajo esclavo, el confinamiento arbitrario o la persecución ideológica y el exilio.
Es urgente atender las exigencias de las víctimas, reconociendo su condición y sus derechos, implementando recursos para hacerlos efectivos, estableciendo un verdadero plan de soluciones e identificaciones y que abra e investigue las 2.350 fosas aún existentes. Que retire los signos o referencias que supongan una exaltación del franquismo en los espacios públicos y muy especialmente que resignifique el llamado Valle de los Caídos, entregando los restos humanos allí depositados a las familias, incluidos los del dictador y los del jefe del partido fascista en nuestro país.
Ver másEl cantaor Juan Pinilla y la risa de los fascistas
Queremos poner fin al sufrimiento de las víctimas y establecer una política de Estado que entienda que el deber de Memoria se sustenta en establecer garantías y condiciones para que la sociedad, centros de pensamiento, academia, organizaciones sociales, de derechos humanos e instituciones avancen en la reconstrucción de nuestra memoria democrática como aporte al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
La política de Estado supone implementar medidas integradas, coherentes e imparciales en favor a la Verdad, la Memoria y la Reparación. Y nos sumamos a las palabras que nos ha recordado Pablo de Greiff, relator de la ONU, que entiende que la fortaleza de una democracia se mide, entre otras cosas, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas y su capacidad de garantizar el derecho a la verdad sobre lo acontecido.
* María Garzón, directora de FIBGAR, y Jaime Ruiz, presidente de AMESDE (las dos organizaciones integran, junto a otro centenar, la Plataforma por una Comisión de la Verdad). Ambos son promotores de la Plataforma Actúa, por el Cambio Político.
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Estos son los cuatro derechos que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas y sobre cuya no aplicación en nuestro país han puesto el foco en los últimos años distintos grupos de trabajo y relatores de Naciones Unidas.